Senador José García informó que "preocupación" de la Alianza sobre dicha materia fue expresada al ministro de Hacienda.
Un llamado al Ejecutivo a cumplir el compromiso adquirido con el Congreso durante la tramitación de la ley de Presupuesto para evitar el proselitismo político de los funcionarios de exclusiva confianza de la Presidencia de la República realizó el senador José García (RN), integrante de la comisión de Hacienda.
El parlamentario lamentó que 32 diputados de la Concertación hayan presentado un requerimiento ante el Tribunal Constitución (TC) para impugnar la norma que fue aprobada por la unanimidad del Senado y con un solo voto en contra en la Cámara de Diputados.
Precisó que "expresamos nuestra preocupación al ministro de Hacienda, Andrés Velasco, porque este requerimiento hace que los acuerdos que se suscriben en el parlamento con el Ejecutivo, finalmente no permiten dar seguridad de que se cumplan".
Destacó que "el ministro Velasco nos manifestó a su vez, que por parte de La Moneda existe la voluntad de cumplir con los acuerdos que suscribe con la Alianza en el ámbito legislativo y así lo ha hecho saber al interior del Ejecutivo".
La mencionada disposición tuvo su origen en una indicación de los senadores Jovino Novoa (UDI) y García y fue respaldada por parlamentarios de la Alianza y la Concertación. Pretende evitar y sancionar el uso de recursos fiscales en campañas y el proselitismo de funcionarios públicos de exclusiva confianza.
Para ello establece que el infractor será castigado con la destitución de su cargo. Además, se sancionará con la misma medida a todo funcionario público de exclusiva confianza del Presidente de la República, que realice actividades de proselitismo o promoción de candidatos.
Durante el debate la disposición motivó posturas encontradas porque a juicio de senadores de la Concertación significa en la práctica "una norma penal blanca que servirá para socavar los derechos ciudadanos que tienen todas las personas para desarrollar actividades políticas, fuera de sus horarios de trabajo".
Sin embargo, los senadores de la Alianza recalcaron que "apunta al corazón del régimen democrático mismo" y es una "señal contra la corrupción que no sólo afecta a los candidatos de la oposición sino también al interior de las propias coaliciones".
