La magistrada Amanda Valdovinos, a través de la Bridec, busca el testimonio de Misael Galleguillos, quien presidió la Secretaría General de los Gremios, entidad que recibió dineros de la Segegob y del Ministerio del Interior entre 1980 y 1984. Esta diligencia explica la declaración que prestó este jueves el ex ministro y otrora senador Sergio Fernández.
La ministra en visita Amanda Valdovinos, quien sustancia el proceso por el uso de gastos reservados, tanto en los gobiernos de la Concertación como en el régimen militar, ordenó a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) interrogar al ex secretario general de los gremios Misael Galleguillos.
Este sujeto pertenecía también a un organismo de carácter sindical de ultraderecha y de corte nacional socialista, el Movimiento Revolucionarios Nacional Sindicalista (MRNS), que estuvo vinculado al homicidio del líder de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) Tucapel Jiménez, perpetrado por agentes del Ejército en febrero de 1982.
La diligencia decretada por Valdovinos busca establecer el desvío dineros desde la Secretaría General de Gobierno (Segegob), entre 1982 y 1984, hacia las organizaciones que mantenía, como la de los gremios o la Secretaría General de la Juventud, que era encabezada por el actual diputado Patricio Melero (UDI).
Ya la Bridec ha buscado para la ministra las partidas presupuestarias de esa cartera, sobre todo después de la declaración que prestó Ramón Suárez, quien se desempeñó como subsecretario del Interior y secretario general de Gobierno durante ese período.
La declaración de Misael Galleguillos cobra sentido, en el contexto de la declaración que prestó el ex senador y otrora ministro del Interior Sergio Fernández. También es lógica la intención de la magistrada de requerir el testimonio del dirigente y senador de la UDI Jovino Novoa, quien ocupó el cargo de subsecretario general de Gobierno. Estos dos últimos fueron interrogados en el proceso por el homicidio de Tucapel Jiménez.
En esta última causa, que fue investigada por el actual supremo Sergio Muñoz, quedó acreditado que tanto el MRNS y la Secretaría General de los Gremios recibían este tipo de dineros desde la Segegob y el Ministerio del Interior de la época.
De hecho, Galleguillos fue procesado por Muñoz, pero el 15 de junio de 2000 revocó le revocó encausamiento junto a otras siete personas vinculadas a estas organizaciones, entre ellos Valericio Orrego Salas, ex presidente de los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas; y a los agentes de la CNI Raúl Descalzi, Nelson Hernández Franco, Héctor Lira Aravena, José Ramírez Romero y Raúl Lillo Gutiérrez.
La investigación de Valdovinos surgió tras las declaraciones del ex presidente del PPD Jorge Schaulsohn, en las que reveló el supuesto desvío de fondos de gastos del gobierno a las tiendas oficialistas. A estos hechos los calificó como la "ideología de la corrupción", refiriéndose a la existencia de una política gubernamental del uso de los gastos reservados.
Régimen militar
Para el caso del régimen militar, la magistrada se ha centrado en determinar qué porcentaje de las partidas que se entregaron a la Secretaría de Administración General del Ministerio del Interior fue destinado a las disueltas Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y Central Nacional de Informaciones (CNI), y cuánto fue efectivamente utilizado por la repartición.
Con estos datos, la jueza podrá determinar si es necesario continuar realizando diligencias para contrastar la información que ha obtenido a través de los interrogatorios a los que ha sometido a altos ex personeros de la dictadura de Augusto Pinochet.
La ministra ha centrado sus pesquisas en el dinero que se le asignó a la CNI, tanto en moneda nacional como extranjera, ya que le llama la atención que en varias ocasiones el porcentaje total de gastos reservados del organismo superó el 50% del monto asignado a la mencionada repartición del Ministerio del Interior.
Sólo en el periodo 1978 a 1986 se entregaron casi $13 mil millones a la CNI. A esto se le debe agregar que anualmente se destinó US$ 3 millones 200 mil, los que se depositaban en una cuenta reservada a través de la Contraloría. El monto en moneda extranjera representaba el 100% del total de gastos reservados asignados a la Secretaría de Administración General.
