Pese a medidas del Gobierno, como el proceso para regularizar a los migrantes ilegales, organizaciones advierten que la legislación aún presenta deficiencias para impedir abusos como la trata de personas.
Cerca de 20 mil personas indocumentadas se estimaba que acudirían al llamado para incorporarse al proceso de regularización migratoria que impulsó el Ejecutivo a fines de octubre, y que se extenderá entre el 5 de noviembre y el 5 de febrero. Sin embargo, ya suman 31 mil los aludidos que han recurrido para legalizar su situación.
La medida se enmarca en una iniciativa del Gobierno por adecuar las políticas migratorias del país a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, que Chile ratificó en 2005 y que reconoce el papel crítico que juegan los trabajadores migrantes y la desprotección en la que viven.
Esto, porque hasta el momento Chile se rige en estas materias de acuerdo al Decreto Ley N° 1.094 y sus modificaciones, que data de 1975. Aunque posteriormente se han realizado reformas que amplían algunos derechos de los migrantes, la jefa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Gabriela Rodríguez, asegura que "no está de acuerdo con la globalización, la modernización del Estado, la integración y los procesos regionales de América Latina".
Según Rodríguez, esta actitud hospitalaria consiste en una política "de no vulneración de los derechos de los migrantes, que les ha estado dando derechos en concreto, que se ha traducido en el derecho a la educación de los niños y adolescentes cuyos padres no tengan toda la documentación al día, acceso a la salud para la mujer embarazada, nacionalidad a los niños que nacen en este territorio, este es un país que está aceptando la reunificación familiar".
Sin embargo, estas medidas no son suficientes para proteger a quienes vienen al país en busca de trabajo, en un fenómeno migratorio que se acrecienta y que toma nuevos ribetes como la feminización del movimiento poblacional. "Este es un país que está siendo atractivo para la llegada de personas a trabajar en todo tipo de mercado", asegura.
Por lo tanto, afirma, una nueva Ley de Migraciones se hace imperativa, aunque, según explica la jefa de OIM, "el hecho de que tengamos la ley no habilita inmediatamente a todo el mundo para entrar al país. En una política migratoria va el marco jurídico más lo que son las políticas que habilitan a las personas a esos derechos".
Según Rodríguez, el hecho de que se implemente esta nueva ley -actualmente en calidad de anteproyecto- no asegura que los derechos de los migrantes no vayan a ser vulnerados. Esto, por la creciente aparición de mafias relacionadas con el tráfico de personas y el traslado ilícito de inmigrantes.
En ese sentido, califica como "un hito muy importante" el proyecto presentado por la diputada María Antonieta Saa (PPD), que tipifica los delitos de trata de personas. "Una cosa es la gestión de la administración de los movimientos de migración y otra cosa son los delitos que están alrededor", afirma Rodríguez, quien asegura que de esta manera se podrá garantizar un trato adecuado para los extranjeros.
Estigmatización
Para Rodríguez, las nuevas iniciativas del Gobierno "significan un deseo político. Siento que vamos en un proceso para poder responder a la Convención y que no existan lagunas grises donde se pueden vulnerar los derechos de las personas".
Sin embargo, asegura, estos esfuerzos no se condicen con la postura de los medios frente al tema. Rodríguez manifiesta claramente su preocupación "por la falta de ética con que se tratan estos temas en que hay seres humanos involucrados".
Esto, por la presentación -sobre todo en televisión- de imágenes que estigmatizan a los trabajadores, más que nada mujeres, que llegan al país y que los vinculan con el comercio sexual.
"Vemos con estupor en los medios de comunicación que esa temática la han farandulizado. Es una imagen que transmiten y que está estigmatizando" dice Gabriela Rodríguez.
Campaña
En este marco, el Instituto Nacional de la Mujer, con el respaldo de OIM- Chile y el Departamento de Extranjería del Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó durante el mes de diciembre la campaña "Mujeres Migrantes / Mujeres de Chile", cuyo objetivo principal es "visibilizar la presencia de mujeres migrantes en Chile, además de reconocer y valorar el aporte de esas mujeres al país", asegura la directora del Instituto, Carmen Torres.
Según Torres, "consideramos que en general hay mucho prejuicio, mucho mito acerca de lo que vienen a hacer las mujeres migrantes de los países andinos. Queremos que la gente empiece a conocer la realidad que viven ellas, su aporte en sus puestos de trabajo. Son gente mucho más vulnerable, que viven en condiciones bastante terribles. Entonces tenemos que abrir las puertas a estas mujeres que lo único que están buscando es una mejor calidad de vida".
La campaña, consistente en spots radiales y afiches callejeros, pretende dar a conocer a la sociedad civil los cambios en la forma que se dan las migraciones actualmente, donde actualmente son más las mujeres que se trasladan hacia Chile en búsqueda de mejores oportunidades.
"Hay muchas mujeres que son jefas de hogar y son ellas las proveedoras, las que parten a otros países en busca de trabajo y de mejores oportunidades para alimentar y educar a sus hijos. En América Latina se da un fenómeno bien curioso, la migración se ha feminizado en un porcentaje superior a las mujeres que parten a Europa. El continente que tiene mayor aumento de feminización de la migración es Oceanía, el segundo es América Latina", asegura Torres.
