Dieciocho magistrados concurrieron a la Universidad Católica, donde expertos españoles, entre ellos un miembro del tribunal supremo de ese país, les mostraron el estado en que se encuentra el crimen organizado global. Además, aprendieron aspectos de la »prueba indiciaria» para detectar y poder fallar casos de blanqueo de capitales.
Un grupo de 18 jueces de tribunales orales y de garantía se capacitó durante tres días en la Ley de Lavado de Activos (19.913), actualizando sus conocimientos sobre las nuevas formas financiera y económica con la que opera el crimen organizado.
La realización del curso se concretó tras una gestión que reservadamente hizo el punto focal chileno de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), Michel Diban, ante el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia.
La actividad se realizó en la Universidad Católica, donde los magistrados aprendieron lecciones sobre cómo configurar la "prueba indiciaria" en un caso de blanqueo de capitales. En otras palabras, a través de una prueba indirecta, ir configurando un ilícito.
De hecho, desde la vigencia de la reforma procesal penal en Chile sólo existen tres condenas por lavado de activos. Una en Arica, con bajas penas, otra en La Serena, contra el clan Gálmez, con seis años de presidio, y una tercera en Santiago, en contra de los cómplices de una narcotraficante de Conchalí.
Los jueces elegidos tuvieron la oportunidad de escuchar la experiencia sobre la materia del magistrado del tribunal supremo español José Luis Conde-Pumpido y del funcionario de la policía nacional ibérica Ángel Guijarro.
Además, escucharon la ponencia de la subjefa de la Unidad de Lavado de Dinero y Delitos Económicos (Uldeco) del Ministerio Público, Tania Sironvalle, y la exposición del juez José María Toledo, del Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.
Concretitud criminal
Los asistentes al curso fueron Isabel Fernández y Doris Ocampo del (3° Oral), María Tapia y Pablo Droppelman (4° Oral), Cristian Carvajal y Danilo Baez (5° Oral), Rodrigo Palma Ruiz, Fernando Valderrama (6° de Garantía), María Inés Lausen (9° Garantía), Karen Atala (14° de Garantía), entre otros magistrados de Rancagua y Valparaíso.
Algunos magistrados consultados por El Mostrador.cl reconocieron que desconocían por completo la legislación en materia de lavado de activos y la función de la Unidad de Análisis Financiero e incluso la existencia de los "sujetos obligados".
