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Senadores piden que el Estado asuma deuda histórica hacia el Magisterio

Hernán Larraín (UDI) y Baldo Prokurica (RN) pidieron una audiencia a la Presidenta Bachelet para expresarle los planteamientos que al respecto tiene el Colegio de Profesores.


Convencidos de que el Estado es el responsable del pago de la deuda histórica del magisterio, los senadores Baldo Prokurica (RN) y Hernán Larraín (UDI) solicitaron este lunes una audiencia con la Presidenta Michelle Bachelet, para darle a conocer los planteamientos formulados por el Colegio de Profesores sobre la materia.



Según el senador Prokurica, durante años los docentes de todo Chile han luchado porque el Estado de una solución definitiva a la deuda histórica originada por el no cumplimiento de lo establecido en el Decreto Ley N° 3.55, lo que demuestra que "el Estado de Chile es realmente el responsable del pago de esta deuda y de alguna manera ha estado eludiendo su responsabilidad".



El parlamentario señaló que "si bien es cierto algunos municipios se han visto obligados a pagar por demandas que las organizaciones de profesores han interpuesto, se ha logrado el pago de parte de los recursos adeudados, todavía hay un número importante de profesores a los que no se les ha solucionado el daño provocado".



En tal sentido, manifestó que hay muchos docentes que han jubilado y que padecen graves enfermedades "y no tienen recursos para sus remedios y, sin embargo, tienen una sentencia ya ejecutoriada en los tribunales de justicia que el Estado o los municipios no cumplen".



Por ello, agregó, "consideramos que es necesario que la Presidenta estudie una solución definitiva para esta injusticia que afecta al gremio docente desde hace más de 20 años".



El senador advirtió que es fundamental destinar los recursos necesarios a la brevedad, argumentando que "cuando los pagos no se hacen a tiempo, a veces ya no sirven, y hay familias que han estado esperando por décadas que se les paguen estos recursos que tienen el mayor respaldo jurídico que puede tener una familia chilena, que es tener una sentencia ejecutoriada".



Agregó que el Estado no puede seguir haciendo "oídos sordos" ante un tema que, a su entender, es de su directa responsabilidad.

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