Organismos de DDHH hacen lobby para ratificar Corte Penal Internacional - El Mostrador

Jueves, 23 de noviembre de 2017 Actualizado a las 11:28

Ante presidente del Senado

Organismos de DDHH hacen lobby para ratificar Corte Penal Internacional

por 11 diciembre, 2007

Luego de 10 años de suscribir el Estatuto de Roma, que crea el mecanismo de justicia universal, Chile es el único país en Latinoamérica que no lo ha ratificado, por lo que han reunido 8.000 firmas para acelerar el proceso. Según sus impulsores, la traba radicaría en la postura de la derecha, que ha postergado la decisión.

La intención de formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es una inequívoca carta de buenas intenciones del Gobierno chileno que, sin embargo, no concuerda con tareas bastante trascendentales que aún están pendientes en esta materia.



Un botón de muestra es la paralización del debate sobre la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que lleva meses en stand by luego de que se acordara su aprobación, pero a cambio de restringir sus facultades y atribuciones.



En cuanto a sus compromisos internacionales, Chile es el único país latinoamericano que no ha ratificado el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI), tarea pendiente desde 1998 y que aún duerme en el Parlamento.



Y no es un tema menor, ya que el rol de la instancia es perseguir responsabilidades individuales de quienes cometan crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio, en el caso de que los tribunales nacionales no puedan hacerlo, lo que explica que ya sean 105 países los que se han hecho parte.



En vista de ello, la Corporación Humanas y Oxfam decidieron tomar cartas en el asunto y presionar al Senado a acelerar la ratificación, a través de la presentación de 8.000 firmas, recogidas entre el 17 de julio -en que se conmemora la firma del tratado- y el 10 de diciembre -Día Internacional de los Derechos Humanos- a través la campaña "Firmes para que firmen. El mundo nos está esperando".



Con este fin, se reunirán el martes directamente con el presidente de la cámara alta, Eduardo Frei (DC), quien estaba al mando del país precisamente el año en que se firmó el acuerdo y que ha anunciado que renueva su compromiso con el tratado internacional.



Lorena Fries, presidenta de Corporación Humanas, asegura que "éste es un tema que le importa a la ciudadanía: está observando al Senado y ve cómo, desde 1998 en adelante, no ha querido aprobarlo, en particular los sectores de derecha".



Explica que esta dilatación se debe a que primero debe haber una reforma constitucional y frente a eso tampoco hay acuerdo, por lo que "varían las razones de parte de la UDI y Renovación Nacional respecto de por qué no avanzar en esta materia".



Por ello, considera que la reunión con Frei "suma un granito de arena, aunque no estoy todavía muy optimista porque el tema pasa por las fuerzas de derecha, pero tarde o temprano van a tener que aprobar el estatuto".



Y un as bajo la manga al que apelarán es el hecho de que el próximo año se inicia el proceso electoral y "frente a eso la ciudadanía tiene derecho a mirar a quienes están representando los derechos que ellos manifiestan. Nos interesa mostrarle al presidente del Senado que hay ciudadanos interesados en hacerle seguimiento y promover la ratificación del tratado y que va a haber un costo en la medida que no se avance en esa materia".



Casos no retroactivos



La entrada en vigencia del Estatuto de Roma no es retroactiva, por lo que no puede investigar los crímenes cometidos con anterioridad a ello, como los registrados en Chile durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.



Sin embargo, para Fries, relevancia del acuerdo es que "asegura que la recurrencia de hechos graves de derechos humanos no vuelva a ocurrir en Chile en la medida que siempre va a haber una instancia internacional que en caso de que no puedan hacerlo los tribunales nacionales va a juzgar y sancionar a perpetradores de graves violaciones a los DDHH".



Con respecto a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, ésta es complementaria a la de los estados nacionales, es decir, los tribunales locales serán los primeros llamados a investigar y juzgar a los responsables, y sólo en el caso que no puedan o no tengan voluntad para hacerlo, operará la CPI, ya que la jurisdicción nacional siempre es preferente y la corte ha sido creada para evitar la impunidad de los crímenes más graves.



En cuanto al inicio de las acciones legales, las víctimas pueden recurrir al fiscal para iniciar el proceso o el fiscal por si mismo puede iniciarlo. De la misma forma, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría solicitarle al CPI que inicie una investigación sobre un país que sea parte del estatuto.



"En el fondo, los países que ratifican se someten al escrutinio internacional en materia de graves violaciones a los derechos humanos y quizás eso también es un tema importante para Chile, que vivió en el pasado estas violaciones. Y como parte incluso de reparación a la sociedad chilena, debiera existir la promoción de políticas que justamente garantizan que si vuelven a ocurrir estos hechos no van a ser impunes", asegura la abogada.



Derechos de las mujeres



Fries destaca, además, que ésta es una de las herramientas con mayores avances desde la perspectiva de los derechos fundamentales de las mujeres, ya que criminaliza un conjunto de expresiones de violencia sexual que hasta ahora se mantenían como desvalorizadas en los contextos de conflictos de represión y que se relacionan con acciones forzadas, como embarazo, esterilización, prostitución, esclavitud sexual o violación, que bajo este estatuto son consideradas de la más alta gravedad.



La presidenta de Corporación Humanas, aclara que, por ejemplo en el caso de embarazos forzados, "como son crímenes de lesa humanidad, no es que cualquier mujer que sea violada y que sea obligada a mantener ese embarazo vaya a parar a la Corte Penal Internacional. Estamos hablando en el contexto de que el embarazo forzado es una política de estado que se realiza sistemática y generalizadamente, como sucedió en la ex Yugoslavia o Ruanda".



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