Nueve diputados de la Concertación suscribieron iniciativa impulsada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual.
Con el patrocinio de nueve diputados de la Concertación ingresó a tramitación un proyecto de ley que deroga el artículo 373 del Código Penal, norma que sanciona las ofensas al pudor y las buenas costumbres.
Según sus impulsores del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), ha sido «aplicada arbitrariamente por las policías» en contra de diversos sectores sociales, como los homosexuales, los transexuales, los inmigrantes y los jóvenes.
La fue respaldada por la Federación Chilena de la Diversidad Sexual (Fedisech) y patrocinada por los diputados Gabriel Ascencio (DC), Juan Bustos (PS), Guillermo Ceroni (PPD), Alfondo de Urresti (PS), Alvaro Escobar (independiente), Fulvio Rossi (PS), María Antonieta Saa (PPD), Gabriel Silber (DC) y Carolina Tohá (PPD).
«Este paso marca un antes y un después en la lucha legal por la defensa de los derechos humanos de los sectores sociales más postergados, pues el artículo 373 ha sido usado históricamente por las policías para detener, agredir y torturar a personas por la única razón de ser homosexuales, los transexuales, los inmigrantes y los jóvenes», sostuvo el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.
El artículo 373 del Código Penal, vigente en Chile desde 1874, establece sanciones de prisión contra quienes de «cualquier modo ofendieren el pudor o las buenas costumbres», sin embargo, «dada la amplia interpretación de lo que es la moral, las policías han abusado de la norma y generado grave impacto en las personas», explicó el representante de la entidad.
Para justificar el proyecto, el Movilh desarrolló un estudio en los últimos cuatro meses que implicaron un seguimiento a las estadísticas de Carabineros, Investigaciones y el sistema judicial.
La investigación arrojó que el 99,73% de las personas detenidas por las ambas policías en razón del artículo 373 fueron liberadas luego en los tribunales por falta de méritos, lo cual «demuestra una grave arbitrariedad que además de derivar en violaciones a los derechos humanos de los aprehendidos, implica costos económicos y de tiempo que afectan al sistema judicial», indicó el proyecto, tras precisar que esa situación ha sido advertida por diversos jueces.
Otro dato "gravísimo", de acuerdo al estudio, en que la casi totalidad de las detenciones se efectuaron sin que hubiera una persona que se sintiera ofendida en su pudor o moral, siendo los únicos testigos del hecho policías, «lo cual violenta la misma ley, pues se exige que los sucesos tengan trascendencia pública».
En efecto, en un plazo de seis años se efectuaron 537 denuncias por ofensas al pudor, pero el número de aprehendidos por carabineros es más de cinco veces mayor, llegando a las 27.380 personas.
«Dicha situación no tiene relación con las otras detenciones, donde el número de denuncias es siempre mayor al de aprehendidos. Así es como en seis años Carabineros recibió en total 9.643.301 denuncias y aprehendió a 4. 266.593 personas», sostuvo el proyecto.
Se argumentó, además, que el 373 es una ley "arcaica", por cuanto «no recoge ni da cuenta de los cambios valóricos y culturales experimentados por la sociedad desde 1874».
A la par, se alegó que la aplicación de la norma ha derivado en diversas violaciones a «derechos constitucionales y garantizados en tratados internacionales», como son los de la vida, la igualdad ante ley, la integridad física y psíquica, la libertad de conciencia, la seguridad y la no discriminación, entre otros.
«Esperamos con todos datos derogar definitivamente una norma totalmente injusta», puntualizó el Movilh.
