El titular de la Segpres -acompañado del secretario ejecutivo de la Agenda de Probidad y Transparencia del Gobierno, Rafael Blanco- explicó que la ley de Acceso a la Información Pública consagra el principio de la publicidad de toda la información que esté en manos de los órganos del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento.
El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, informó este lunes que el futuro Consejo para la Transparencia, organismo autónomo que fiscalizará el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, también se encargará de la protección de la privacidad de los datos personales.
El titular de la Segpres -acompañado del secretario ejecutivo de la Agenda de Probidad y Transparencia del Gobierno, Rafael Blanco- explicó que la ley de Acceso a la Información Pública consagra el principio de la publicidad de toda la información que esté en manos de los órganos del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento.
Ella podrá ser conocida a menos que esté sujeta a las excepciones que establece la misma ley, que, además, sanciona la negativa infundada, la entrega inoportuna o la abstención y el impedimento del conocimiento de los datos.
"Un Estado cada vez más transparente es sinónimo de política de más alta calidad, contexto básico para del desarrollo económico de los países", afirmó el secretario de Estado.
Agregó que de esta forma avanza la "Agenda de Probidad, Transparencia, Eficiencia y Modernización del Estado" decidida por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en noviembre de 2006.
Las propuestas elaboradas por la secretaría ejecutiva que se constituyó un mes después ampliaron las proposiciones de la Comisión Nacional de Ética Pública (1994) y las del Acuerdo Político-Legislativo para la Modernización del Estado, la Transparencia y la Promoción del Crecimiento de 2003.
El proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública -que será promulgado en enero de 2008- se formuló como indicación sustitutiva a una moción de los senadores Jaime Gazmuri (PS) y Hernán Larraín (UDI).
Viera-Gallo, además, informó que en el marco de la agenda sobre calidad de la política se aprobaron en la Cámara de Diputados las normas que establecerán transparencia en el gasto de las campañas electorales, la que instaura las elecciones primarias como recurso optativo para los partidos en la designación de sus candidatos de elección popular y la que prohíbe presentar reformas constitucionales noventa días antes de los comicios presidenciales o parlamentarios.
Dijo que quedaron pendientes temas controvertidos, como la obligación constitucional de la declaración de patrimonio e intereses y el establecimiento del fideicomiso ciego.
Respecto de la situación en que un parlamentario vota un proyecto de ley en el cual tiene un interés directo y personal, el titular de la Segpres recordó que el Ejecutivo cree que ello puede ser causal de cesación del cargo, pero que la Comisión de Constitución de la cámara se inclina por la norma francesa, que elimina la posibilidad de reelección del congresista.
Dijo que los aspectos sobre los que aún no hay acuerdo serán analizados desde la próxima semana por un equipo de la Secretaría General de la Presidencia y parlamentarios de todas las bancadas. Por último, indicó que en enero el proyecto que regulará el lobby ingresará a comisión mixta.
Rafael Blanco dijo que Chile será el primer país en América Latina con un órgano autónomo y con capacidad para imponer sanciones si los funcionarios públicos no cumplen con su obligación en materia de transparencia. Hasta ahora sólo México cuenta con una institución similar aunque incapaz de sancionar.
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