Para Hernán Sandoval, miembro del equipo técnico que trabaja en la institucionalidad del nuevo Ministerio de Medio Ambiente, también es necesario que la cartera cuente con atribuciones específicas para cumplir cabalmente sus funciones, ya que »la autoridad que no tiene las potestades no es autoridad».
Contar con un Ministerio de Medio Ambiente es una tendencia global que se ha generalizado en la mayor parte del mundo. Basta ver las cifras que indican que 100% de los países de la Unión Europea (UE) cuentan con una cartera del área, mientras que el 95% de las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también tienen el suyo. Y en el caso de Latinoamérica, sólo tres países quedan fuera: Perú, Panamá y Chile.
Sin embargo, Chile en vías de cambiar de estatus, ya que el primer semestre de 2008 es el plazo dado por el Gobierno al equipo asesor y técnico que trabaja con la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, para redactar los proyectos de ley que crearán el Ministerio de Medio Ambiente y una Superintendencia del ramo.
Y 2007 ha sido clave a la hora de sentar las bases, recopilar las distintas miradas y analizar qué forma tomará la nueva institucionalidad, lo que no ha sido nada fácil, ya que existen complejos tópicos tanto técnicos como políticos, que son primordiales a la hora de tomar decisiones.
Bien lo sabe Hernán Sandoval (PPD), que desde junio pasado forma parte del grupo de consultores que está trabajando en el asunto y que semanalmente se reúnen a analizar y proponer modificaciones a los documentos y lineamientos que se han ido preparando.
Amigo íntimo del ex Presidente Ricardo Lagos, director de Chile Ambiente y fundador de la empresa Gescam junto a Hernán Durán -cuñado de Lagos-, Sandoval tiene experiencia en cirugías mayores: en 2000 asumió la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Reforma de la Salud y diseñó los lineamientos generales del AUGE.
En entrevista con El Mostrador.cl, el médico cirujano de la Universidad de Chile comenta en qué etapa se encuentran y cuáles son los mayores desafíos que deben enfrentar para materializar la iniciativa, que permitiría crear un responsable político de la gestión ambiental, hoy dividida en muchas manos.
–-Ya realizaron estudios, reuniones con organismos competentes. ¿En qué etapa están?
-Hasta el momento todavía estamos en una etapa técnica del problema: en primer lugar ver cuales son todos los aspectos que tiene que cubrir una autoridad nueva. En segundo lugar, cómo esta se traslapa con las actividades de otras reparticiones públicas y cómo hacer que ese traslape se transforme en una posibilidad de fortalecimiento de las actividades del Estado y no en un conflicto.
¿Y con qué organismos se producirían principalmente estos "traslapes"?
-Con los Ministerios de Agricultura, Salud, en general con ministerios que tienen un implante territorial y que tienen que ver con aspectos muy importantes en temas ambientales, como por ejemplo el uso del suelo. En el caso del SAG -Servicio Agrícola Ganadero-, cuáles son las actividades permitidas desde el punto de vista agrícola que genera un uso de agroquímicos y contaminantes. Desde el punto de vista de salud desde luego todas las potestades que le competen a la autoridad sanitaria en virtud del código sanitario, y cuales son aquellas que pueden residir en otras reparticiones. Son cosas que hay que definir y hay que definirlas en una manera virtuosa, en el sentido que generen mayor presencia y fortaleza del Estado para enfrentar estos problemas y no conflictos entre distintas reparticiones.
–¿Existe entonces la posibilidad de quitar estas facultades e integrarlas al Ministerio de Medio Ambiente?
-Es un constructo que hay que ir viendo, cuál es el ideal y cuál es lo practicable y cómo se van haciendo las conversaciones correspondientes con las otras entidades involucradas, de tal manera de que se logre algo armonioso. Pero es evidente que al crear una institucionalidad nueva es algo que es transversal y que ocupa muchos sectores. Si uno quiere tener un Ministerio de Medio Ambiente con presencia, con fuerza, que cumpla cabalmente las funciones que se le otorguen, tiene que darle potestades. Y si estas potestades en cierta medida pueden ser a expensas de las que tienen otras reparticiones públicas, habrá que ver políticamente qué es la parte que le corresponde a cada uno.
Personalmente soy partidario de que si hay un Ministerio de Medio Ambiente, tiene que tener las potestades que le corresponden para actuar en ese terreno y por lo tanto se le tienen que facilitar potestades. Sin embargo, hay otros que prefieren ver más un Ministerio de tipo planificador, regulador y formulador de políticas y no tanto que actúe en el terreno de lo específico. Esto tiene que estudiarse y la ministra lo está haciendo.
–¿Por qué es partidario de que las potestades se traspasen al futuro ministerio?
-Porque en la tradición jurídica chilena y en general de origen hispánico, la autoridad que no tiene las potestades no es autoridad. La gente tiene que identificar quien es el que tiene que ver con esos temas. Y hoy hay cosas que están muy difundidas, a veces es el municipio, a veces es salud, otras el SAG, otras la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Entonces pienso que si hay que generar una autoridad es necesario que tenga capacidad de tener presencia ante la ciudadanía y solucionar los problemas.
–¿Y qué sucederá con la Comisión Nacional del Medio Ambiente, qué rol tendrá en la nueva institucionalidad?
-Es evidente que tienen que ser mantenidas las funciones que desarrolla la Conama. Son funciones importantes, ahora bajo qué formato, lo que se conversa básicamente es si sus funciones pasen a transformarse en un servicio público y no en una comisión coordinadora como es hoy día. Y básicamente soy partidario de crear un servicio público que asuma las funciones que tiene hoy día la Conama. Hay otras posiciones y esas también tienen que ser definidas políticamente de acuerdo a las opciones que tome el Ejecutivo.
¿Cuáles son las otras opciones que se barajan en ese sentido?
-Cuánto poder se le da, si es un servicio público o si se mantiene una relación con los otros servicios públicos que tienen potestades.
El cuestionado SEIA
–¿Y plantean realizar algún tipo de reforma el actual Sistema de Estudio de Impacto Ambiental (SEIA)?
-Sin duda. Fundamentalmente, calificar exactamente cuales son las actividades y proyectos que tienen que ser sometidos a estudio de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental. En segundo lugar ver cual es la capacidad técnica y tener muy claro cuales son las medidas para monitorear las medidas de mitigación que se comprometan en las obras.
Y creo que hay que hacer una revisión también de cual es el rol y cual va a ser la entidad que autoriza un determinado estudio de impacto ambiental y en qué forma lo autoriza. Hoy es una potestad que tienen las Coremas y ahí nuevamente uno se pregunta si va a haber un cuerpo colegiado para tomar esas decisiones o cual va a ser ese cuerpo colegiado, quien va a estar allí representado, como se va a hacer la representación de los distintos servicios u otras actividades. Creo que es un tema del mayor estudio y que estamos analizando en estos momentos.
–¿Y han planteado también el tema de la participación ciudadana en los EIA?
-Absolutamente. La ministra va el próximo mes a Francia, país donde todo el sistema de participación está muy desarrollado. El tema es muy importante, porque una cosa que es evidente y es que la comunidad no tiene el mismo grado de información ni el mismo grado de capacidad técnica para analizar los resultados de los EIA y para tomar decisiones sobre esos estudios. Y además, las empresas disponen de mucho tiempo, meses o años, para ver los EIA, en cambio la comunidad se lo tiene que plantear en 60 días.
En consecuencia hay un tremendo desequilibrio de información entre la información que tiene la empresa y la que tiene la comunidad, además de lo complicado que puede ser seguir el lenguaje técnico científico que se utiliza y la capacidad de la comunidad de intervenir. Y eso tiene que ser resuelto con una mayor capacidad de información que tiene que ser competencia de la generación de información de los organismos del estado, particularmente del nuevo ministerio.
Los "quisquillosos" privados
– ¿La creación de la nueva institucionalidad busca también dar una visión más global del tema medioambiental? O sea, a la hora de aprobar un proyecto, que se tome en cuenta la suma de otros proyectos en la zona, la realidad socioeconómica, las proyecciones turísticasÂ…
– Todo esto es complementario, y de hecho la Presidenta Bachelet señaló que se hará una política de cuencas, que es como se utiliza el territorio para diversas actividades. Si complementamos la nueva institucionalidad con una política de cuencas que obliga a tener un levantamiento de cuáles son las posibilidades productivas, sociales, habitacionales de una cuenca, eso es lo que va a ir permitiendo una visión integral sobre los problemas y ver como se sitúan en determinados territorios. Porque el tema territorial es extraordinariamente importante cuando se refiere al medio ambiente y cómo un territorio se articula con otro.
–¿En vista de estos cambios, que claramente tocarán no solo "traslapes" con organismos gubernamentales, sino intereses privados, ¿cómo ha reaccionado este sector antes los inminentes cambios?
-En el fondo, con un sector privado extraordinariamente quisquilloso cualquier cosa que uno haga para fortalecer la autoridad ambiental va a generar respuestas, a mi juicio, de temor a que esto signifique políticas más restrictivas. Pienso que la protección del medio ambiente exige que uno tenga reglas claras y que además sea capaz de hacerlas observar. Y no implica una restricción muy importante a los privados.
Lo que la gente no ha entendido, es que la protección de la biodiversidad de la tierra es la protección de la especie humana y que ganancias de corto plazo no pueden impedirnos ver los peligros que se plantean con la degradación del medio natural. Y eso creo que la autoridad ambiental debe incorporarlo en sus consideraciones, si acaso va a estar dotada de facultades que le permitan defender la biodiversidad.
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«Hay un empeño transversal de disminuir la figura de Lagos»
