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Tras investigación a supermercados, recomiendan cambios a ley laboral

Diputado Vallespín se refirió a informe de comisión parlamentaria que detectó irregularidades en importante rubro del comercio.


Un llamado a los empresarios y la Dirección del Trabajo para cumplir las normativas laborales formuló el diputado Patricio Vallespín (DC), tras culminar el trabajo en la comisión investigadora de supermercados, que emplean a unas 120 mil personas.



El parlamentario, miembro de la instancia que laboró durante casi un año, concluyó que, efectivamente, existe una serie de irregularidades en el sector y se requieren fuertes cambios a la ley laboral, dotando de mayores recursos y competencias al fiscalizador y considerando aumento de multas.



Agregó que las situaciones detectadas se repiten en otras áreas del comercio, como los centros comerciales, multitiendas y malls, donde las "las propuestas podrían ser perfectamente aplicables".



Entre los principales problemas, señaló que se detectó "la fragmentación de razones sociales que coexisten en un mismo rubro, existiendo empresas con más de 120 razones sociales con distintos RUT, lo cual debilita la gestión sindical, genera prácticas inadecuadas de parte de la empresa y esto amenaza los derechos laborales".



Al respecto, explicó que "sería muy positivo y esa es la propuesta legislativa que estamos haciendo, modificar el concepto de empresa del artículo 3 del Código del Trabajo donde dice ‘dotada de una individualidad determinada’ al sacar esa última frase, eso otorgaría mayor eficacia a los derechos de los trabajadores empleados en holdings o empresas más grandes y estaríamos enfrentando este tema de las múltiples razones sociales de una misma empresa".



El parlamentario agregó que se descubrieron, también, subterfugios para ocultar , disfrazar o alterar la individualización del empleador o su patrimonio, lo cual "nos parece grave, porque de esta forma no sólo se oculta información clave sino acciones, perjudicando a los trabajadores. De allí que sean necesarias nuevas normas jurídicas, hablando de mayores obligaciones de la inspección del trabajo para resguardar esta situación".



Por otra parte, Vallespí¬n informó que "en estos supermercados existen, además de múltiples relaciones sociales, variadas formas de subcontratación de faenas propias del giro del supermercado o hipermercado; llámese proveedores, promotores, reponedores, bodegueros, vendedores empaquetadores, todo es con subcontración y muchas veces por una de las razones específicas y no por el establecimiento madre. Por eso, nuestra propuesta es la obligación legal de pagar lo mismo a los trabajadores subcontratados y a los dependientes de la empresa principal, en el caso de que realicen la misma faena".



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En materia infraccionaria, explicó que hay dos temas importantes: incrementar legalmente el monto de multas administrativas a los empleadores por infracciones a la ley y establecer una aplicación escalonada según el número de trabajadores involucrados, vale decir que la multa debe ser directamente proporcional al número de afectados.



En relación a las prácticas antisindicales, indicó que hay dos propuestas: multa incrementada por número de trabajadores afectados por prácticas antisindicales, y que la reincidencia de las mismas sea otro elemento que la incremente. La segunda es que el juez que constate la práctica antisindical ordene al responsable el pago de una indemnización al sindicato como sanción para prevenir futuros ataques.



Respecto al sistema remuneracional, la propuesta es que se "acaben los sueldos indignos de cifras realmente irrisorias, y que se garantice a los trabajadores una remuneración digna por el sólo cumplimiento de sus horas de trabajo y no por otros conceptos, independientemente que venda más o menos, ya que hemos visto que el ingreso de la persona está directamente relacionado con el beneficio o desbeneficio que tiene la propia empresa vinculada a su nivel de ventas y nos parece que esto también es aplicable a las multitiendas".



Agregó que es necesario, entre otras situaciones, terminar con remuneraciones de $ 10.000, la cual calificó como "una situación insostenible".

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