Normativa, que libró de responsabilidad a más de un millar de personas, había sido derogada en 2003 por el parlamento y dos años después fue declarada nula por la justicia.
La justicia argentina dictó penas de 20 a 25 años de prisión a siete antiguos mandos del Ejército y un ex policía en la primera condena a militares por delitos de represión durante la dictadura desde la anulación de las «leyes del perdón» en 2003.
Las condenas fueron dictadas por las responsabilidades de los reos en el secuestro y la desaparición de una veintena de guerrilleros.
El ex jefe del ejército Cristino Nicolaides y los antiguos jerarcas Jorge Luis Arias Duval y Santiago Hoya fueron castigados con 25 años de prisión.
El juez Ariel Lijo, a cargo del proceso, impuso además una pena de 23 años de cárcel a Juan Carlos Gualco y Waldo Roldán, de 21 años a Carlos Fontana, y de 20 años a Pascual Guerrieri, todos ellos antiguos mandos del Ejército
En tanto, el ex policía Julio Simón recibió una pena de 23 años de cárcel.
Nicolaides, que se encuentra con prisión domiciliaria en la provincia de Córdoba (centro del país), no estuvo presente durante la lectura del veredicto «por cuestiones de salud», al igual que Gualco, informaron fuentes judiciales.
Después del pronunciamiento de un resumen de la sentencia, que ocupa unas 300 hojas, miembros de organismos de derechos humanos despidieron con insultos a los condenados presentes en la lectura del veredicto.
«Se les condenó no por la gravedad de lo que han hecho, sino por lo que se les ha probado, de todos modos se ha hecho justicia», destacó el secretario argentino de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, luego de declararse «conforme» con la sentencia.
El juez dio por probado que los condenados fueron parte de una «asociación ilícita» que cometió los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y reducción a la servidumbre de un grupo de guerrilleros de la organización Montoneros, ala de izquierda del peronismo en los años 70.
La semana pasada tanto la fiscalía como los querellantes en el proceso a cargo de Lijo habían pedido condenas de 25 años de cárcel para los ocho acusados.
Desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, promulgadas en la década de los 80, hasta ahora solo habían sido juzgados y condenados dos ex policías, entre ellos Julio Héctor Simón, y un sacerdote por delitos perpetrados durante el último régimen militar (1976-1983).
El viernes pasado estaba previsto que se diera a conocer el veredicto en el proceso contra el ex marino Héctor Febres, pero cuatro días antes el imputado fue hallado muerto por envenenamiento en la dependencia en la que estaba detenido.
Las llamadas «leyes del perdón», que libraron de responsabilidad a más de un millar de personas, habían sido derogadas en 2003 por el parlamento y dos años después fueron declaradas nulas por la Corte Suprema de Justicia.
Los hechos analizados en este juicio ocurrieron en 1980, cuando los Montoneros fueron desarticulados en Argentina y sus jefes decidieron en Europa, donde se habían establecido, la denominada «Operación Murciélago», consistente en el retorno al país de varios de sus integrantes para lanzar una ofensiva contra la dictadura.
Los guerrilleros que regresaron, divididos en dos grupos, -uno para reagrupar a ex integrantes y el otro con la misión de cometer atentados contra autoridades- fueron apresados por militares.
Desde entonces, la mayoría de ellos permanecen desaparecidos y en algunos casos se encontraron los cadáveres acribillados a balazos.
Los Montoneros surgieron en la década del 70 como un ala nacionalista y de izquierda del Partido Justicialista (peronista), actualmente en el Gobierno, pero se abocaron a la lucha armada y cometieron múltiples atentados tras ser expulsados de esa fuerza política en 1974.
En 2003 los ex jefes montoneros Rodolfo Perdía y Fernando Vaca Narvaja fueron detenidos por orden de un juez que los acusó de presunta complicidad con la dictadura, pero luego fueron puestos en libertad al anularse el proceso abierto en su contra.
Durante su alegato, el fiscal del caso, Jorge Álvarez Berlanda, comparó la represión ilegal de la dictadura con la historia de una película «cuya trama era las detenciones ilegales, la desaparición forzada de personas, los tormentos y el cautiverio».
EFE
