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Objeción del gobierno retrasa renovación automática de empleos a contrata

Comisión del Senado estaba en condiciones de aprobar la iniciativa en general, pero esperará conocer los argumentos del Ejecutivo.


La posibilidad de renovar automáticamente los empleos a contrata del sector público y de los funcionarios municipales sufrió un inesperado retraso en la Comisión de Gobierno del Senado, luego que el Ejecutivo planteara que el proyecto tendría vicios de inconstitucionalidad por referirse a materias de atribución exclusiva del Presidente de la República.



Cabe recordar que dicha instancia legislativa está analizando el proyecto que permitiría prorrogar automáticamente los empleos a contrata, el que se encuentra cumpliendo su segundo trámite constitucional en el Senado.



Según explicó el presidente de la Comisión de Gobierno, senador Hosaín Sabag, "este proyecto es muy simple y permitiría ahorrar en trámites administrativos, pero el Ejecutivo ha presentado un vicio de inconstitucionalidad, que pudiéramos no tomarlo en cuenta porque se debería haber hecho en la Cámara de Diputados, pero por respeto vamos a escuchar lo que tiene que decir el gobierno".



En tal sentido, agregó que en los próximos días se entrevistará con los personeros del Ministerio de Hacienda para conocer qué implicancias le podría traer esto, "porque si no se hubiera presentado este tema de la inconstitucionalidad habríamos votado el proyecto hoy día y estaría listo para verse en Sala, porque hay bastante acuerdo sobre la materia".



Cabe recordar que de acuerdo a la normativa vigente, los empleos a contrata no pueden exceder del 31 de diciembre de cada año y su prórroga debe solicitarse con, a lo menos 30 días de anticipación a su vencimiento.



Esto, además de la inseguridad de los trabajadores genera un importante número de actos administrativos y contribuye a la burocracia del sector público, por lo que se pretende modificar el sistema actual, de manera que sólo sea necesario dictar un acto administrativo cuando se le ponga término al contrato, para lo cual se debe notificar al interesado con 30 días de anticipación a lo menos.



Contralor y funcionarios



En la sesión de hoy estuvieron presentes el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza; los representantes de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, Asemuch; y los de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Anef, encabezados por Raúl de la Puente. Todos ellos expusieron sus puntos de vista acerca de la iniciativa.



En tal sentido, el senador Sabag señaló que "el Contralor tenía mucho interés en este proyecto, porque a veces son más de cien mil los contratos en la modalidad de contrata, respecto de los cuales hay que tomar razón y obviamente que si esto fuera automático, se evitaría la burocracia".



Agregó que tanto los dirigentes de la Anef como de la Asemuch, valoran el proyecto pero estiman que es insuficiente para solucionar el problema de fondo que enfrentan los trabajadores a contrata en cuanto a su estabilidad.



"Este proyecto no pretende solucionar el tema de fondo, es una iniciativa modesta que sólo pretende obviar el trámite de la toma de razón y que se entiendan automáticamente prorrogados los contratos", dijo el senador Sabag.



Por su parte, el senador Jaime Orpis señaló que la moción que están analizando es "abre la posibilidad de mejorar la precariedad de los empleos en la administración pública. De acuerdo al texto legal vigente, un empleo a contrata teóricamente dura hasta el 31 de diciembre, pero al no establecerse una exigencia del plazo, en cualquier minuto se le puede colocar término al contrato de ese funcionario".



En tal sentido, dijo que "además de eliminar la traba burocrática para los efectos de la renovación de los empleos a contrata, tenemos que dejar claramente establecido un plazo, de tal manera de que si ese funcionario es echado antes de tiempo, pueda ser reincorporado".



El parlamentario explicó que "dentro de la temporalidad de los empleos a contrata, hay que otorgar certeza jurídica. Por eso voy a presentar indicaciones para que todo empleo a contrata tenga que tener plazo aún cuando dure un año. La idea es que todos tengan certeza jurídica de ello y si se requiere poner término al contrato con anterioridad, esa persona tenga el derecho y la posibilidad de reclamar para ser incorporado por el plazo restante".

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