Pedro Muñoz advirtió que eventual fallo favorable a la minera se convertirá en "desplome" de la ley y la política laboral de Bachelet. Ministro Viera-Gallo insistió que discrepancias deben ser resueltas en tribunales.
Un grupo de senadores del Partido Socialista (PS) criticó la "judicialización extrema" que Codelco ha configurado al recurrir a la justicia contra el dictamen de la Dirección del Trabajo que le ordenó incorporar 5.000 personas actualmente subcontratadas.
Ello, a juicio de Ricardo Núñez, "es un muy mal antecedente", puntualizando que no es el poder judicial el que debe determinar quién es contratista.
Consultado sobre el hecho de que esta decisión la tomó una empresa del Estado, cuyo su presidente es nombrado por la primera mandataria y hay representantes del gabinete en su directorio, Nuñez afirmó que "por eso que nos ha molestado y nos sigue molestando el hecho de que no se hayan buscado otras vías".
"Seguimos pensando que esas vías existían, seguimos pensando que no se agotaron todas esas vías de carácter administrativo, de carácter político, de cómo usted quiera llamarlo, pero esas vías debieron haberse utilizado. No hay ninguna razón para que se hubiese provocado una incomunicación entre dos entes tan importantes para la vida social y económica del país como Codelco y la Dirección del Trabajo", agregó.
El parlamentario sostuvo que "no coincidimos con los puntos de vista que han dado a conocer los representantes del Gobierno en Codelco. Somos claros en señalarlo y estamos dispuestos a sostenerlo con la máxima energía ante quien corresponda".
Eso sí, advirtió, "no estamos aquí para instruir a la Presidenta de la República, (porque) ella va a tomar las resoluciones que estime conveniente. Tenemos plena confianza de que va a acoger lo que ha señalado con mucha responsabilidad el PS. Queremos que esta situación no se escale más".
Por su parte, Pedro Muñoz enfatizó que "nadie puede estar al margen de la ley y aquí hay una empresa que quiere hacerlo. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros estamos dando al sector privado si hay empresas públicas que no quieren cumplir la ley?".
Asimismo, advirtió que "de aceptarse la judicialización (…) será el desplome de la ley de Subcontratación y la política laboral de la Presidenta Michelle Bachelet", escenario en el cual el directorio debe renunciar.
En tanto, Juan Pablo Letelier apuntó a los graves efectos sociales que podría atraer la decisión de la cuprífera estatal, recordando que "los que somos de zonas mineras sabemos lo que significa una ausencia de solución".
"Yo no quiero que alguien mañana dé explicaciones de por qué hay un contratista muerto, pero cuando los mineros entran en conflicto de estas proporciones, uno no sabe cuáles son las consecuencias", sentenció, por lo que abogó a que "se encauce una solución distinta a cómo se ha hecho en los últimos días".
A juicio de Letelier, "lo que le estamos pidiendo a Codelco es que respete la ley y frente al cumplimiento de la ley uno no va a tribunales, uno va a tribunales cuando se trata de interpretar una ley"
El parlamentario consideró que esto es más que un alfiler que toca el sistema nervioso del PS, como lo afirmó el timonel del partido, Camilo Escalona, sino que "es como un punzón".
Por ello indicó que "hay funcionarios de una empresa que están a punto de causarle un tremendo daño al Gobierno".
Y aseveró que para los socialistas es fundamental garantizar que a todos los trabajadores se les respeten sus derechos.
"No pueden pedirnos ni estamos dispuestos a un doble estándar (…) No estamos disponibles a aceptar que las utilidades de Codelco, como dice (el presidente ejecutivo José Pablo) Arellano, se basen en la precarización del empleo o no respetar el Código del Trabajo. No cuenten con nosotros en esa materia", concluyó.
Viera-Gallo: Discrepancias corresponde zanjarlas en tribunales
Por parte del Gobierno, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, reiteró que esta es una discrepancia de dos entidades.
"Nosotros tenemos la firme voluntad de que la ley se aplique en toda la economía del país. Lo que ha habido es una discrepancia en la interpretación de criterios respecto a la aplicación de la ley entre la Dirección del Trabajo y Codelco. Esas discrepancias corresponde que se zanjen ante las instituciones que son las llamadas a hacerlo, los tribunales de justicia", explicó.
Sostuvo que "mientras tanto, Codelco anunciará un plan de cumplimiento cabal de la ley según los criterios que la propia empresa tiene para esta materia".
En cuanto al juicio de su partido, indicó que "como ministro me atengo a las declaraciones oficiales del Gobierno y la declaración que hizo ayer la Comisión Política del PS, en que se plantea la necesidad de que todas las empresas cumplan la ley y nuestra voluntad es que Codelco lo haga".
Y reafirmó que "cuando hay discrepancias de interpretación, los que tienen que resolver son quienes corresponden, no hay que dramatizar si se tiene una interpretación u otra, lo importante es que cuando hay subcontratación legítima, legal, se cumplan los derechos de los trabajadores en lo que se refiere a seguridad, higiene y a responsabilidad subsidiaria solidaria de la empresa matriz respecto a las obligaciones de la empresa subcontratista. Si, en cambio, lo que hay no es una subcontratación, sino que un suministro simulado, lo que corresponde es que se ponga término a esa irregularidad y se internalice a ese trabajador".
