«Por respeto a la humillación que ellos le han inflingido a los chilenos, con enormes pérdidas para el erario nacional y deterioro de la vida diaria de seis millones de compatriotas, deben dejar sus cargos de inmediato», afirmó el diputado DC.
Un llamado al Gobierno para reemplazar a los ministros de OOPP y Hacienda, Eduardo Bitran y Andrés Velasco, por las responsabilidades que tendrían en la implementación del plan Transantiago, formuló el diputado Gabriel Ascencio (DC).
«De no ser así, la Cámara de Diputados debiera propiciar una acusación constitucional contra ambos, por respeto a la Presidenta y al Gobierno", advirtió el legislador falangista, tras la aprobación del informe.
Ascencio señaló que "las conclusiones que hemos aprobado hoy son concluyentes: hay una alta dosis de irresponsabilidad política inexcusable de las máximas autoridades del Estado, tanto del actual gobierno, como del anterior, unida a la ineficiente y desprolija actitud de los privados involucrados."
Agregó que "entre los actuales ministros, resulta insoslayable la participación irresponsable de los ministros de Obras Públicas y de Hacienda".
Por lo anterior, el parlamentario sostuvo que "por respeto a la humillación que ellos le han inflingido a los chilenos, con enormes pérdidas para el erario nacional y deterioro de la vida diaria de seis millones de compatriotas, deben dejar sus cargos de inmediato. No podemos esperar que renuncien de manera indeclinable. Para ello se requiere adhesión a los principios que profesa la Concertación; no los tienen."
Ascencio agregó que "esperamos que la Presidenta los reemplace, junto a los demás funcionarios públicos que, a pesar de su incompetencia, aún se mantienen en su funciones, Todo por respeto a ella misma, a la cual le echaron a perder su gobierno, que será eternamente recordado por este desastre."
Finamente, indicó que "si ello no es así, la Cámara de Diputados, asumiendo sus obligaciones fiscalizadoras, debe propiciar una acusación constitucional, en contra de estos dos ministros, única forma de hacer efectiva la responsabilidad política que las conclusiones del informe de la comisión investigadora les atribuyen, como una señal de la preocupación del parlamento y de reparación moral para las víctimas de este desastre. En caso contrario, de nada servirá el informe recién aprobado".
