Decisión no implica que organismo no pueda acceder a información del SII, pero deberá seguir un camino más largo, solicitando permiso a un ministro de corte por cada operación sospechosa. Rechazo a artículo de ley contra blanqueo de capitales se instala como un contrasentido a idea de dar mayores facultades a una de las entidades encargadas de combatirlo.
Casualmente ayer se cumplieron cuatro años desde que en Chile existe la ley 19.913, pero las coincidencias no siempre son necesariamente positivas.
Y es que la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó uno de los artículos clave para permitir que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) levante el secreto tributario, obligándola a realizar un proceso mucho más engorroso.
Actualmente, por cada operación sospechosa, la UAF debe pedir a un ministro de corte de apelaciones dictar una orden para levantar las restricciones que existen para acceder a esa información.
El proyecto que tramita la Cámara, presentado luego de las recomendaciones que hizo en 2006 el Gafisud a Chile, por su atraso en legislación antilavado y financiamiento del terrorismo, buscaba precisamente hacer más expedito ese trabajo, como también lograr que los bancos "trasladaran la reserva" de la información.
Pese a que el resto de los puntos parece que se cumplirán, como ampliar los delitos que son susceptibles de ser considerados como blanqueo de capitales, asociación ilícita, propiedad intelectual, fraudes, entre otros-, la principal institución para combatir esos delitos queda desmedrada.
Actualmente, la UAF recibe poco más de 4 mil operaciones sospechosas. Encabezan la lista los usuarios de las zonas francas y le siguen, muy por debajo, los agentes de aduana.
El argumento de fondo para rechazar este artículo es que la información tributaria está siempre disponible, a diferencia de la financiera, que debe ser obtenida de forma rápida por la facilidad con que es posible mover los capitales.
Pero no todo es negativo para la lucha antilavado. La comisión tiene aprobado en la discusión particular -artículo por artículo- el alzamiento del secreto bancario y la reserva, otra de las herramientas básicas en la lucha contra el crimen organizado.
La figura que la UAF podrá usar para ello es la del "legítimo interés" que la institución tiene para indagar y revisar los haberes, documentos bancarios y colocaciones.
Confianzas
En julio de este año, en el marco de una asesoría a la UAF, el especialista colombiano en el combate al lavado de activos Alberto Lozano, recomendó a los bancos chilenos confiar en las autoridades y no restringir la entrega de información basándose en la reserva de antecedentes.
Lozano, abogado y ex director de la UAF colombiana, expuso en un curso reservado para los oficiales de cumplimiento de las entidades financieras. Estos últimos son funcionarios encargados de hacer cumplir las directivas antilavado y reportar a la UAF las operaciones sospechosas de personas jurídicas o instituciones.
En la oportunidad, el profesional insistió en que en Chile existe una lógica "un tanto estrecha" para comprender el llamado "traslado de la reserva", acción que implica entregar la información cada vez que la UAF la solicita, sin que sea necesario recurrir a la vía judicial.
Actualmente, cuando un banco informa de una operación sospechosa, la UAF puede seguir requiriendo datos del sujeto en cuestión. Sin embargo, si aparecen depósitos en otra entidad, la suerte puede ser otra. De todas formas, el organismo puede recurrir a un ministro de la Corte de Apelaciones para levantar la reserva.
