Senador Antonio Horvath presentó una reforma constitucional que triplica el tiempo en que se puede perseguir la responsabilidad política de un jefe de Estado y lo cuadruplica en el caso de los secretarios de Estado.
Aumentar de seis meses a un año y medio el período para acusar constitucionalmente a un Presidente de la República después de terminado su mandato, propone la reforma constitucional que presentó el senador Antonio Horvath y que fue remitida a la Comisión de Constitución del Senado para su estudio.
La enmienda constitucional, también propone incrementar de tres meses a un
año el plazo para perseguir la responsabilidad política de los ministros de
Estado, los ministros de Corte, del Contralor General de la República, los
generales o almirantes de las Fuerzas Armadas, los intendentes y
gobernadores, una vez que hayan cesado en sus cargos.
Según el senador Horvath «esas autoridades tienen un plazo mínimo para
responder políticamente de los distintos hechos en los que les pueda caber
responsabilidad y es sabido que por las decisiones que toma la autoridad,
muchas veces se requiere de un mayor tiempo para ver si pueden o no haber
causado un perjuicio. Y lo importante es que el castigo político de la
acusación constitucional es que después quedan inhabilitados para acceder a
cargos públicos».
Actualmente, la Constitución Política establece que una
acusación política contra un Presidente de la República puede interponerse
mientras esté en el ejercicio de sus funciones y en los seis meses
siguientes a haber terminado su mandato.
En tanto, las acusaciones en contra de los ministros de Estado, los
ministros de los tribunales superiores, los generales y almirantes de las
Fuerzas Armadas, el Contralor, los intendentes y gobernadores, se pueden
interponer mientras estén en el ejercicio de sus funciones y hasta tres
meses después de haber expirado sus cargos.
Responsabilidad política
Según manifestó el senador Horvath, en un Estado de Derecho, el principio de
responsabilidad está íntimamente vinculado a la naturaleza de las potestades
que ejercen quienes se encuentran en los más altos cargos de la República.
Por ello, precisó, que «quienes han o hayan ejercido tales cargos deben
responder por sus actuaciones y el ordenamiento jurídico tiene que
establecer un marco normativo que permita, en términos realistas, hacer
efectiva esa responsabilidad, cosa que hoy día no ocurre».
Junto con aclarar que esta iniciativa no está dirigida a nadie en particular
y es válida para las autoridades de todos los sectores políticos, el senador
Horvath reiteró la importancia de poder perseguir las responsabilidades
políticas de quienes ocupan los más altos cargos en el país, sobre todo el
de Presidente de la República.
«La posibilidad de hacer efectiva la responsabilidad política de quien ha
ejercido la primera magistratura de la República por un acotado período de
seis meses posteriores a su expiración en el cargo, impide en los hechos que
se pueda hacer valer. Más aún, porque resulta poco realista pretender que se
logren conocer cabalmente aquellos actos ilegales e inconstitucionales que
haya cometido durante su periodo, dentro de seis meses posteriores a su
expiración en el cargo», señaló.
Agregó que al aumentar el período en que se puede presentar las acusaciones
constitucionales se posibilita que las facultades que tiene la Cámara de
Diputados se puedan ejercer de manera efectiva y fundada.
