Alcalde y la institución optaron por negociar. Una comisión establecerá, en seis meses, cómo potenciar el uso del agua de la vertiente que riega el »pulmón verde», aunque los militares ya admitieron que los derechos de agua son del municipio. Mientras, una tubería conectada a la napa subterránea permitirá mantener con vida a las especies arbóreas de la zona.
El conflicto judicial que enfrentó a la Municipalidad de La Reina y al Ejército, en torno al aprovechamiento de las aguas de regadío del parque Mahuida, terminó en una mesa de negociación.
Ambas partes lograron esta semana un acuerdo que implicó el desistimiento del recurso de protección interpuesto en la Corte de Apelaciones de Santiago por el alcalde Luis Montt.
En la acción legal se solicitaba al tribunal de alzada capitalino se pronunciara por el desvío ilegal del agua subterránea para el pulmón ecológico hacia los terrenos del Club Militar de Peñalolén. En los hechos, el uso del vital elemento dejaba sin posibilidad de regar esa zona silvestre.
Sin embargo, las partes decidieron negociar sobre la base de tres puntos centrales.
Como punto de partida, el Ejército reconoce que la Municipalidad es, de antemano, poseedora de los derechos de aguas en base a su inscripción en los registros de la Dirección General del rubro (DGA).
Además, se constituirá una comisión de trabajo que debe concretar en seis meses un estudio para establecer un sistema destinado a potenciar el uso del agua de la vertiente.
Mientras tanto, la corporación extraerá mediante una tubería el líquido necesario para el riego del parque precordillerano porque resulta fundamental en esta época de verano.
Pese a que este diario intentó conocer la versión del edil, este no devolvió los llamados.
En todo caso, dentro del concejo municipal hubo una voz divergente. Se trata del concejal Francisco Olea (PS), quien a través de un comunicado público manifestó su discrepancia por el acuerdo, debido a que se estaba pasando por alto el legítimo derecho sobre las aguas.
Por qué negociar
De esta manera, los bandos pusieron fin a una situación que podría haber llegado a la Suprema y generar más de algún dolor de cabeza al comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, ya que contra su persona estaba dirigido el recurso.
La acción judicial presentada por el abogado del municipio, Juan Peribonio, fue acogida a tramitación el 15 de noviembre. Adelantándose al trámite, el alcalde solicitó una orden de no innovar para que el agua no siguiera desviándose hacia el club castrense, pero fue rechazada.
La razón porque el Ejército quiso negociar, se indicó, era que el recurso de protección podría complicarse, ya que en el informe que la institución debió entregar en la Corte, el comandante en jefe de la institución, Oscar Izurieta, respondía que no tenía autoridad sobre el Comando Administrativo.
