Gonzalo García reconoce que existe la posibilidad de que »cambiemos la perspectiva» respecto a la decisión de mantener el delito de maltrato de obra a carabineros bajo la jurisdicción de la justicia castrense. En el marco de la comisión que analiza estos cambios, tampoco se descarta que el nuevo sistema cuente con elementos de la reforma procesal penal.
Sólo en diciembre del próximo año la comisión que estudia la reforma más integral a la justicia militar entregará el informe final que intentará dejar atrás los más de 400 artículos que contiene el actual código y, de esta manera, cumplir un mandato del año pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obliga al Estado de Chile a modificar los tribunales militares.
De hecho, la semana que termina el organismo internacional realizó un "recordatorio" a las autoridades chilenas, al realizar una revisión de los avances experimentados en la implementación del fallo del caso Palamara.
El subsecretario de Guerra, Gonzalo García, destaca que "este es el gobierno que ha enfrentado la reforma a la justicia militar que ha sido, por cierto, un anhelo de los orígenes de los gobiernos de la Concertación, pero que sólo se había expresado antes en mociones parlamentarias. Ahora se presentó un proyecto de ley que pretende dar el primer paso en materia de reforma, reduciendo sustantivamente la competencia de la justicia castrense a lo militar y respecto de los militares".
La autoridad explica que "sólo quedan tres o cuatro casos de excepciones en un doble sentido que son particularmente justificadas y que, entre otras cosas, no limitan una iniciativa, que también asumió este gobierno y es que nosotros estamos por la reforma integral de la justicia militar, que se hará conforme a parámetros nacionales e internacionales para el restablecimiento del debido proceso en Chile".
–¿Es justificada la mantención del maltrato de obra a Carabineros efectuado por civiles en competencia de la justicia militar.
-Existen cuatro excepciones respecto del juzgamiento de civiles (por tribunales castrenses): primero, el maltrato de obra a carabineros, segundo son los delitos e infracciones del código aeronáutico, la tercera son aquellos en que hay participación o coautoría conjunta de militares y civiles, donde por el principio de unidad de jurisdicción militar esos civiles serán juzgados en sedes militares y, finalmente, los civiles que hayan participado en un esfuerzo militar en tiempos de guerra.
Todos estos casos tienen un punto de justificación bastante concreto de la posibilidad de ser juzgado al interior de la justicia militar y ninguno de ellos altera el cumplimiento de la responsabilidad internacional en virtud de la cual la CIDH exigió que Chile se reformulara la justicia militar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está informada de lo que hemos estado planteando, tanto de este proyecto de ley, como el trabajo de la comisión interminesterial que está trabajando en la reforma.
–Un civil que maltrata a un carabinero queda en desventajas. La justicia ordinaria que es abierta, frente a una justicia castrense cerrada.
-No se descarta que en la reforma integral del código estos aspectos cambien de manera sustancial.
–Es decir la justicia militar será oral y pública
-Vamos a tener un conjunto de 30 principios con respecto al derecho internacional humanitario, de los derechos humanos, derecho procesal penal chileno a nuevos principios orientadores de la reforma procesal y derechos fundamentales relativos al proceso penal. En virtud de esos cuatro elementos, vamos a construir principios que guíen, integren y orienten la reforma integral del código.
–Eso quiere decir….
-Que en algunos de esos casos vamos a encontrarnos con procedimientos completamente nuevos, que se asimilan al derecho procesal actual. Es evidente que vamos a extraer las mejores conclusiones positivas del actual sistema chileno y adaptarlo al ámbito de la justicia militar. Aún quedan temas pendientes que no son pocos como definir el sistema de tribunales, por ejemplo no nos encontramos frente al desafío de instaurar tribunales militares de Arica a Punta Arenas, claramente hay un dilema de jurisdicciones territoriales y competencias. Hay múltiples modelos, pero son a definir. Esperamos que al cambio del procedimiento, la garantía de uniformidad se da por el debido proceso, en garantías de oralidad, imparcialidad, del tribunal y eso es lo que manda.
–En lo que se refiere al maltrato de obra a carabineros que quedaría en los tribunales militares puede ser cuestionada en el Parlamento.
-Sí, claro que sí.
–¿Qué ha pasado en la comisión de Constitución del Senado respecto ese tema?
-Efectivamente hay gente que le parece que este no es un buen modelo. Ahora, es probable que en una mirada integral cambiemos la perspectiva de este punto. Por ahora el asunto es no innovar hasta encontrar el modelo.
Sólo dos aspectos
–Hace un año que la CIDH dictaminó el cambio, ¿por qué no se envió integralmente la reforma a la justicia militar?
-La reforma se envió en junio de este año, seis meses después de la resolución de la CIDH.
–Pero sólo en lo que se refiere a la competencia y a la derogación de la pena de muerte.
-Sí, efectivamente. Lo que hace el fallo es que solicita al Estado de Chile que se comprometa en realizar los esfuerzos necesarios…. justamente la iniciativa que se planteó en junio fue doble: primero comprometernos a una reforma que de el primer paso en salvaguardar la responsabilidad internacional del Estado de Chile y, en segundo lugar, dar este paso en una reforma integral. ¿Por qué no presentar una reforma a un código? No hay reformas a códigos que se hayan hecho en Chile en tan corto tiempo.
–Sin embargo, la CIDH les ha recordado hace unos días que no han cumplido con el cambio a la justicia.
-El tema tiene que ver con el compromiso del Estado y el Parlamento, tengo la esperanza de que ello vaya perseverando positivamente. Esta reforma va en un sentido positivo y estamos particularmente involucrados en sacarlo adelante.
–¿No tiene ninguna urgencia el proyecto?
-Ha tenido las urgencias en algún momento que han permitido sortear instancias legislativas. Ahora se encuentra en segundo informe a la comisión de Constitución del Senado.
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