Dicha normativa está contenida en la Ley de Presupuesto y afecta a los funcionarios de confianza de la Presidenta de la República. El diputado Carlos Montes dijo que «estamos extraordinariamente contentos con esta resolución pues era extremadamente nociva para el espíritu democrático».
Por ocho votos a favor y dos en contra el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento presentado por 32 parlamentarios de todos los partidos de la Concertación que impugnaba la norma aprobada en la Ley de Presupuesto, que impide a los funcionarios de exclusiva confianza de la Presidencia de la República realizar labores de proselitismo o promoción para cargos de elección popular.
Respecto de este fallo, que fue dado a conocer esta tarde, el diputado Carlos Montes se trasladó hasta la sede del TC para notificarse formalmente.
Tal como explicó el parlamentario, el TC cuestionó el artículo 24 aprobado por el Senado, que en su texto señala que «con la excepción del financiamiento y los reembolsos previstos en la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, considérase que vulnera gravemente el principio de probidad administrativa cualquier uso de los gastos incluidos en el artículo 1° de la presente ley en actividades de proselitismo o promoción de candidatos a cargos de elección popular, lo que será sancionado con la destitución del infractor, de conformidad al procedimiento y las normas generales que rijan al órgano en que se produjo la infracción».
Agrega que «considérase que vulnera gravemente la probidad administrativa, sancionándose con la misma medida, la participación de todo funcionario público de exclusiva confianza del Presidente de la República, en actividades de proselitismo o promoción de candidatos a cargos de elección popular, de conformidad a las normas generales aplicables».
Uno de los criterios aplicados por el tribunal establece que esta materia no correspondería ser tratada en la Ley de Presupuesto.
Al respecto Montes dijo que «estamos extraordinariamente contentos con esta resolución pues era extremadamente nociva para el espíritu democrático. La norma adolece de vicios de constitucionalidad muy claros, porque la Ley de Presupuesto sólo dura un año. Además hay un vicio de fondo porque lo que hace esta norma es limitar las garantías constitucionales de ciertos funcionarios públicos, que también son ciudadanos», señaló.
El parlamentario, a su vez, precisó que la Concertación sí tiene interés en realizar mejoras sustantivas a la Ley Electoral. En ese sentido dijo que los parlamentarios oficialistas están dispuestos a regular de manera más precisa el comportamiento de los funcionarios públicos durante las campañas políticas.
«A nosotros nos preocupan los funcionarios de exclusiva confianza de los alcaldes. Necesitamos legislar sobre esta materia. No puede ser ellos después terminen siendo los jefes de campaña en todos lados. Hay que asegurar que la institucionalidad tenga un sentido más permanente», añadió el diputado.
Montes, además, señaló que también se requiere normar de forma más precisa la participación de las empresas en los procesos electorales.
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