Magistrados fueron acusados por organizaciones de DDHH de «mal desempeño de sus funciones» por permitir que Héctor Febres estuviera detenido en una dependencia naval en vez de estar en una cárcel común.
Organismos humanitarios argentinos pidieron hoy la destitución de cuatro jueces por su responsabilidad en el caso del ex prefecto Héctor Febres, quien murió envenenado poco antes de que se dictara sentencia en el juicio que se le seguía por crímenes cometidos durante la dictadura militar (1976-1983).
El juez Sergio Torres y los miembros del tribunal encargado del proceso, Guillermo Gordo, Héctor Farías y Daniel Obligado fueron acusados de «mal desempeño de sus funciones» por permitir que Febres estuviera detenido en una dependencia de los guardacostas en vez de estar en una cárcel común, informaron fuentes judiciales.
Los cargos fueron presentados ante el Consejo de la Magistratura, organismo formado por jueces, abogados y legisladores, que se encarga de designar y controlar a los magistrados, así como también de los procesos de destitución, indicaron.
La denuncia presentada por las Madres de Plaza de Mayo, el Servicio Paz y Justicia y víctimas de la represión sostiene que los jueces permitieron que Febres gozara de condiciones «inexplicables e inadmisibles» en su lugar de detención, donde murió envenenado con una alta dosis de cianuro.
Febres fue hallado muerto el 10 de diciembre pasado, a falta de cuatro días para que se conociera el veredicto del juicio oral y público que se le seguía por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), donde funcionó el mayor centro de detención de la dictadura militar argentina.
La justicia investiga si Febres cometió suicidio o si fue asesinado en unas actuaciones en las que están detenidos la viuda, los hijos del ex prefecto y dos agentes de la Prefectura Naval (guardacostas) encargados de su custodia.
La semana pasada la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, destituyó al prefecto Carlos Fernández como jefe de los guardacostas después de que la prensa publicó que Febres gozaba de privilegios en su lugar de detención.
Fuentes judiciales indicaron que la denuncia presentada hoy por los organismos humanitarios señala que Torres, el juez que instruye procesos por múltiples crímenes cometidos en la Esma, no tuvo en cuenta advertencias sobre las condiciones de privilegio que tenía Febres.
Los demandantes subrayaron que Torres y los tres miembros del tribunal que juzgaba a Febres desconocieron una orden de la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires para que el acusado fuera custodiado por personal del servicio penitenciario en vez de agentes de los guardacostas, señalaron.
Asimismo, recordaron que tanto los organismos humanitarios como víctimas de la represión pidieron en varias ocasiones a los jueces que enviaran a los acusados por crímenes de la dictadura a cárceles comunes.
Héctor Febres, de 65 años, estaba detenido en un recinto de tres ambientes, contaba con teléfono móvil y televisión, además de que su esposa se trasladaba a visitarlo en un automóvil conducido por un agente de los guardacostas.
El ex prefecto era juzgado por cuatro casos de privación ilegal de libertad y aplicación de torturas a detenidos en la Esma, pero además tenía pendientes otros procesos por crímenes en ese centro ilegal de detención.
El juicio a Febres comenzó en octubre último y era el primero que se llevaba a cabo en este país por crímenes cometidos en la Esma, donde, según los organismos de derechos humanos, estuvieron cautivas unas cinco mil personas.
EFE
