Sujeto cuya imagen fue difundida el miércoles participó, entre otros delitos, en el timo a un joven que vendía su vehículo y, de acuerdo a los antecedentes de la UDI, fue beneficiado hace un año por el Ministerio de Justicia con una rebaja de pena. Carabineros informó que parte de la cédula de identidad de la mujer fue hallada este jueves en Providencia.
Una condena a 10 años y un día por el delito de robo con intimidación y secuestro presenta Luis Andrés Araya Galaz (42), el principal sospechoso del secuestro y posterior homicidio de la ejecutiva bancaria María Soledad Lapostol (55).
Así lo aseguraron versiones radiales respecto del sujeto cuya imagen fue difundida el miércoles último por el Ministerio Público como quien visitó a la mujer en su oficina del banco Penta, presumiblemente con el pretexto de comprar el vehículo donde luego fue hallada muerta.
Fuentes judiciales revelaron que en 1998 el individuo participó junto a un cómplice en la sustracción de un jeep Suzuki Vitara, a cuyo propietario -un joven de Rancagua- obligó a realizar giros en cajeros automáticos antes de abandonarlo en Santiago.
Beneficio
Parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) aseguraron que, a través de un decreto, el sujeto fue beneficiado con la rebaja de la pena por parte del Ministerio de Justicia.
El diputado Alejandro García-Huidobro confirmó que el hombre registra desde 1998 causas por robo con intimidación, robo con fuerza y secuestro, tras lo cual fue condenado a presidio mayor en su grado medio.
En 2001, se le negó un indulto, pero el 20 de febrero de esta temporada, mediante decreto exento 467 del 30 de enero, el Ministerio de Justicia la rebajó en 12 meses. Gracias al beneficio, la condena a 10 años y un día fue cumplida el 17 de febrero.
«De haberse cumplido la condena completamente, esta persona no debiera haber salido antes de febrero de 2008. Nosotros estamos con un gobierno que por un lado dice ‘tenemos que llegar a acuerdos, hay que poner mano dura’. Pero por otro, por la vía administrativa, está entregando este tipo de beneficios a secuestradores y condenados por robo con intimidación", dijo el legislador.
Su colega Darío Paya se preguntó "si acaso no sabía el ministro del InteriorÂ… Una persona con estos antecedentes solicita una rebaja de condena y la obtieneÂ… ¿Y el encargado de la seguridad pública no sabía? Todos los responsables tendrán que responder personalmente por un hecho tan grave como éste".
Al respecto, el titular de la Seremi metropolitana de Justicia, Patricio Reyes, explicó que la comisión independiente del Gobierno que determina dichos beneficios, una vez acreditados los requisitos objetivos establecidos en la ley, está integrada mayoritariamente por miembros del Poder Judicial.
«Lo que hace el ministerio (de Justicia) es simplemente la formalización de la decisión que establece dicha comisión. Por lo tanto, no hubo una decisión política ni administrativa de la cartera en esta materia», dijo.
El abogado recordó que la ley 19.856 establece «claramente» los requisitos para acceder a los mencionados privilegios, como tener un año de privación de libertad, una sentencia ejecutoriada, buena conducta ni un delito excluido por la misma ley.
«(Araya Galaz) cumplía con los requisitos objetivos establecidos en la ley y por algo la comisión (…) determinó que de manera automática merecía la rebaja de condena», agregó.
El funcionario insistió que «en ningún caso el ministerio discrimina o decide política o administrativamente lo que le señale la comisión».
Finalmente, recordó a los parlamentarios que fueron ellos y no el Ejecutivo los responsables de aprobar la hoy polémica normativa en 2003.
Diligencias
En la tarde del jueves se efectuaron diligencias a la altura del 9000 de la avenida José Arrieta, en el límite de las comunas de Peñalolén y La Reina, presumiblemente en un condominio militar donde se ubica un inmueble que pertenecería a Araya Galaz, quien estuvo encarcelado hasta el 17 de febrero último.
En el lugar, las autoridades ubicaron un vehículo todoterreno rojo Chevrolet Blazer abandonado hace una semana, el que supuestamente habría acompañado el jueves pasado por la tarde el de Lapostol en los primeros momentos tras su secuestro.
De momento, sólo se han descubierto ciertas contrariedades en los testimonios de Leonel García, el hombre formalizado por encubrimiento y uso fraudulento de la tarjeta de crédito de Lapostol, mas no su vinculación con el prófugo Araya Galaz.
Aunque evitó entregar detalles del avance de las investigaciones, el fiscal regional de la zona oriente, Xavier Armendáriz, admitió que el trabajo del Ministerio Público y las policías han arrojado «algunas» novedades.
En tanto, también el jueves último, efectivos del OS-9 de la policía uniformada realizaron un operativo que se extendió por 10 minutos en el domicilio de calle Ámsterdam 545 de la población Recreo I de Rancagua, la última dirección del sospechoso Araya Galaz, que no arrojó resultados.
El jefe de la división policial, el general Raúl Arellano, agradeció la colaboración ciudadana y confirmó el hallazgo de «una parte» de la cédula de identidad de la mujer en «una arteria de la comuna de Providencia».
