Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió recurso de protección de la empresa contra un dictamen de la Contraloría que había invalidado la autorización que otorgó la Conama para la realización de las obras. Contralor Ramiro Mendoza no descartó recurrir a la Corte Suprema. [Actualizada]
La Tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por la empresa Metrogas en contra de los dictámenes de la Contraloría General de la República que, en agosto de este año, anuló los permisos provisorios para la instalación de una planta de gas propano en la parte alta de la comuna de Peñalolén.
Dichos permisos habían sido otorgados por la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama).
Los ministros Mario Carroza, Patricia González y el abogado integrante Nelson Pozo resolvieron de manera unánime que la Contraloría sólo debe realizar controles de legalidad de las resoluciones de organismos del Estado y no cuestionar sus aspectos sustantivos.
"Que, a juicio de esta Corte, el control de legalidad que la Contraloría General de la República debe efectuar de los actos de administración es de carácter y naturaleza formal. En consecuencia, no puede entrar al análisis de aspectos sustantivos que han sido conocidos y decididos por órganos de la administración que se encuentran facultados legalmente para ello, más aún si la decisión se ha adoptado previo cumplimiento de los procedimientos legales que precisamente garantizan la transparencia y publicidad que requieren los actos de la administración».
Agrega que «una posición en sentido diverso conduciría a un estado de incertidumbre jurídica, porque siempre existiría la opción que cualquier persona que se sintiere afectada por una decisión adoptada por un órgano de administración del Estado que se encuentra facultado legalmente para emitirla, podría recurrir a la Contraloría General de la República para obtener un pronunciamiento diverso sobre el fondo del asunto ya decidido».
En tanto, hasta el Palacio de los Tribunales llegó el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, quien fue notificado de la decisión judicial que permite a la empresa continuar las faenas de instalación de la planta.
En la oportunidad no descartó recurrir a la Corte Suprema para revertir la decisión. «Tenemos que ver el fallo y preparar los antecedentes y seguir el camino natural cuando funciona el Estado de Derecho», dijo.
Agregó que no ha visto el fallo, pero que «si los argumentos son poderosos habrá que evaluar y si estimamos que esos argumentos están en una consideración inadecuada tendremos que ir a la Corte Suprema».
Cuestionan fallo
En tanto, el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, cuestionó el dictamen del tribunal de alzada, indicando que «adolece de un recurrente error de procedimiento».
«Una vez más los tribunales superiores de justicia interpretan equivocadamente las atribuciones que le entrega la Constitución Política de la República a la Contraloría General. Los distinguidos ministros aducen que el ente contralor sólo puede referirse a la forma de los actos administrativos, lo que no está contemplado ni en la carta fundamental ni en ninguna ley existente".
Agregó que «en el Área de Preservación Ecológica, situada (…) en la comuna de Peñalolén no está admitida la construcción de una planta industrial de gas y esto lo sabe, tanto el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como el propio Metrogas, razón por lo cual llamamos al Poder Judicial en orden a que se respeten las normas de uso de suelo, no sólo en esta región, sino en todo el país".
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