Esto, a través de un proyecto de acuerdo aprobado en la cámara de Diputados e impulsado por el legislador DC Jorge Sabag, tras detectarse cobros irregulares de parte de las entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) a quienes postulan a a los planes sociales para acceder a una vivienda.
la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de acuerdo presentado por el diputado DC Jorge Sabag, que solicita a la Presidenta Michelle Bachelet que instruya al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y al Serviu la reformulación de la política de Fondos Solidarios de Vivienda, con el fin que se estudien los montos que deben cancelarse a las entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) para llevar adelante un determinado proyecto habitacional.
Esto, dijo el parlamentario, considerando que las EGIS deben por ley asesorar a los postulantes a dichos fondos destinados al otorgamiento de viviendas dignas para los sectores más pobres del país, por lo que se requiere conocer el costo real de los servicios prestados y sancionar a quienes exijan pagos adicionales.
Sabag denunció que en el último tiempo se han detectado numerosas denuncias de distintos postulantes sobre cobros adicionales solicitados por estas empresas, a las que el Minvu les cancela un monto por su trabajo. Lo anterior, aduciendo que el valor que se cancela no alcanza a cubrir los costos reales de sus servicios.
"Este acuerdo, que fue apoyado por la sala de la cámara, reconoce que es necesario recalificar los costos de los servicios que prestan las EGIS, para que a los beneficiados por estos fondos no les sean exigidas contraprestaciones ilegales, más aun cuando ellos son provenientes de grupos altamente vulnerables, como pobres, según la Ficha de Protección Social, discapacitados, enfermos catastróficos, adultos mayores, indígenas, etcétera".
Las empresas respectivas informan a cada postulante acerca del programa, documentos necesarios y velan por que se cumplan los requisitos y el ahorro. Además, asesora la compra de la vivienda, prestando apoyo en su búsqueda, identificación y selección, además de gestionar el subsidio ante el SERVIU.
"Por todo esto, resulta fundamental corregir la actual situación para que si es necesario aumentar el valor de los servicios que se les pagan a estas instituciones, el mayor costo no sea traspasado a los beneficiarios de esta ayuda, sino que al ministerio".
