Colectividad restó peso a las razones esgrimidas para solicitar la renuncia al abogado Eduardo Sepúlveda Crear. Además, aseguró que denuncias sobre presuntas irregularidades en la licitación de servicios de defensa pública, no tienen ningún sustento porque no existe ninguna irregularidad o ilegalidad en el proceso.
Franca molestia existe en el seno del Partido Socialista por la situación que afecta al actual titular de la Defensoría Penal Pública, Eduardo Sepúlveda, a quien el Ministerio de Justicia le habría pedido la renuncia por la necesidad de iniciar «una nueva etapa en el sector justicia».
En rigor, a Sepúlveda se le pidió «dejar en libertad de acción» a las autoridades de la cartera, encabezadas por el ministro Carlos Maldonado (PRSD), aduciendo esta nueva fase.
La molestia dice relación también porque, junto con hacerse trascender esta situación, se habrían entregado elementos sobre una investigación de «supuestas irregularidades» en la licitación de servicios de defensa pública en algunas comunas de la Región Metropolitana, producto de una denuncia de dos empresas de abogados que prestan servicios en ellas.
«Esta auditoría ministerial en ningún caso ha concluido, señalado o hecho hallazgo de situaciones irregulares, anómalas o ilegales. La institución ha realizado desde el año 2003 ocho llamados a licitaciones públicas a nivel nacional para contratar servicios profesionales de defensa penal pública por plazos de 3 años», se afirma en la colectividad.
La actual dirección, desde abril de 2006, ha efectuado dos procesos de licitación a nivel nacional para aproximadamente 140.000 causas aproximadamente en tres años, «sin que haya existido objeción inconvenientes o irregularidades en los procesos de adjudicación alguna», se señala.
Se agrega que actualmente en el país existen y trabajan más de 380 abogados defensores penales licitados, que asumen más de 140.000 causas anuales, «quienes realizan un trabajo de alto profesionalismo, reconocido por todos los actores del sector justicia».
La colectividad dicen lamentar profundamente que «se haya intentado manchar el prestigio de la Defensoría Penal Pública, institución que ha sido ejemplar en la implementación de la nueva reforma procesal penal, y también de sus funcionarios, caracterizados por su alto nivel de compromiso y profesionalismo».
La entidad ha sido reconocida por la excelencia de su gestión, ganando en 2007 un reconocimiento del Gobierno al respecto y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia también reconoció a la entidad por la transparencia en el actuar en el sistema de reclamos y sugerencias.
En este sentido, en el PS dicen que no están tranquilos con el tema, porque no se estaría dando ninguna razón de peso para «dejar en libertad de acción» a las autoridades ministeriales del sector… un asunto que promete, como se ve, complejizarse en los próximos días.
Alvaro Erazo, dirigente del PS que ha estado en las tratativas, dijo que pedirán un pronunciamiento oficial de la máxima autoridad del ministerio sobre el particular, porque hasta ahora se han conocido versiones de " de terceras personas o fuentes interesadas".
El representante del PS sostuvo, además, que este tipo de licitacion de servicios de defensoria no son temas de resolución exclusiva del Defensor, sino producto de una decisión institucional, existiendo un comité de licitaciones para estos efectos.
Para el dirigente no hay proporcionalidad entre lo que se está solicitando a Eduardo Sepúlveda en el sentido de dejar en libertad de accion a la autoridad del ministerio para efectos de su cargo y un eventual proceso por irregulariaddes no probadas y basadas en testimonios de personas interesadas en los mismos.
Respecto de si solicitarán alguna audiencia con el ministro Maldonado al respecto, Erazo dijo que esperarán en las proximas horas recibir un pronunciamiento claro del ministerio sobre el tema, porque hasta ahora sólo han hablado terceras personas.
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