Gran cruzada pingüina iniciada en 2006 terminó con un acuerdo entre el Gobierno y la oposición que no logró cambios radicales, pues omitió puntos como la desmunicipalización, y alcanzó tímidas reformas en la eliminación del lucro o término de la selección. Como punto a favor, se derogó la LOCE y se acordó crear una Superintendencia del área.
La movida agenda educativa de 2007 fue la herencia directa de la histórica revolución pingüina vivida en mayo de 2006, que dio la vuelta al mundo y logró poner en tabla un tema que políticamente no estaba considerado: un cambio profundo a las bases del sistema educacional promulgado en las postrimerías de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990.
Y como respuesta ante la furia de miles de estudiantes, el único camino plausible fue tomar cartas en el asunto e iniciar un proceso de reforma. Temas "intocables" como la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), el término de la municipalización, el fin del lucro en la educación y la no selección en los colegios tenían al fin cabida en las discusiones políticas. Nadie auguraba que a la larga varios de estos puntos serían zanjados con tímidos maquillajes o formarían parte de los "pendientes".
Antes de proyectar este resultado, los jóvenes se sumaron al Consejo Asesor de Educación, presidido por Juan Eduardo García Huidobro, creado justamente para que sus 81 miembros – entre los que se contaban especialistas, académicos, secundarios y universitarios, docentes, rectores de universidades, sostenedores municipales y privados- analizaran temáticas como la LOCE, la Jornada Escolar Completa (JEC), la municipalización y las prácticas pedagógicas.
Sin embargo, en diciembre de 2006, los pingüinos decidieron desacoplarse del grupo, alegando que no coincidían con el rumbo que habían tomado los acuerdos. De esta forma, ese mismo mes, el consejo asesor entregó un informe de casi 250 páginas a la Presidenta Michelle Bachelet que no contó con el apoyo estudiantil.
Luego, en abril, el Gobierno presentó la propuesta de Ley General de Educación (LGE) con que se pretendía reemplazar a la LOCE, con un contenido bastante cargado a la no discriminación, reflejado en la prohibición de seleccionar alumnos hasta octavo básico. También contemplaba mayores exigencias a los sostenedores y la obligación de constituir sociedades o fundaciones sin fines de lucro para instalar un colegio.
Pero la iniciativa, que sólo alcanzó a ser aprobada en la comisión sectorial de la Cámara de Diputados en julio, hizo que la Alianza -que días antes había presentado un proyecto paralelo– pusiera el grito en el cielo. Su objetivo, era llegar a acuerdos previos a la aprobación general, pues así se facilitaría la tramitación de la iniciativa, que en ciertos artículos requería de quórum calificado, lo que amarraba al Gobierno a buscar consensos.
Por ello, se quitó la urgencia simple al proyecto y se creó el Comité Político de Educación, que se sentó a discutir cada uno de los puntos de la LGE para así poder llegar a acuerdos.
Como secretarios técnicos del Comité, Pedro Montt -asesor del Mineduc- y Cristián Larroulet – director ejecutivo del Instituto Libertad y Desarrollo- se encargaron de preparar un informe que recogía los puntos de acuerdo y desacuerdo y que sirvió de base para las negociaciones.
El espaldarazo político
Pero cuando todo indicaba que había consenso, sobre todo porque la derecha ya había dado su visto bueno, el Partido Radical Socialdemócrata (PRSD) se opuso al acuerdo, alegando su total inconformidad con que no se tocara la desmunicipalización. De esta forma, los radicales actuaron como una suerte de "efecto dominó" que contagió a otros sectores oficialistas.
Y si en el caso de los radicales la molestia giraba en torno a una omisión del acuerdo, en el caso de la Democracia Cristiana (DC) el problema era más bien interno: si aceptaban el acuerdo con la derecha debían dar su visto bueno a la vigencia del lucro en la educación financiada por el Estado, tópico que en su último Congreso Ideológico habían rechazado terminantemente.
En tanto, los socialistas también presentaron reparos, ligados al tema del lucro y la selección. En este escenario, hubo un minuto en que el único partido que respaldaba el acuerdo entre el Gobierno y la Alianza era el Partido por la Democracia (PPD).
Finalmente, el Gobierno obtuvo respaldo de las colectividades, aunque con el compromiso de crear un acuerdo interno que amarraría la discusión sobre la desmunicipalizaciónm y otros "pendientes" para 2008.
Tras el susto gubernamental ante la posibilidad de un naufragio del acuerdo a raíz el pequeño "motín" de 3 de los 4 partidos de la Concertación, el 14 de noviembre la imagen de los representantes oficialistas y opositores con las manos alzadas selló el esperado acuerdo, poniendo una cruz sobre la LOCE. Y en cierta forma, también se terminó de sepultar el movimiento pingüino, a esas alturas ya absolutamente ajeno a los cambios que ellos mismos clamaron: en el acto, no estaba presente ni uno de sus emblemáticos líderes.
Paradójicamente, el día anterior los alumnos del colegio Claretiano se habían enterado del cierre de su establecimiento, lo que dejó a 450 jóvenes sin matrícula para 2008. Y este es sólo uno de los casos, ya que se calcula que unos 3 mil alumnos se encuentran en condiciones similares a lo largo de todo Chile, un claro indicio de las falencias de la legislación vigente.
Los acuerdos de LGE
Se podría decir que al final hubo acuerdos justamente donde no había desacuerdos. Pero más allá de esto, 2007 quedará registrado como un año donde se dieron pasos en materia educacional, que si bien no fueron radicales, sí sumaron cambios, que van desde una mayor solidez institucional, reformas a la selección y el lucro, hasta una nueva estructura curricular.
En este último caso, habrá un cambio en los ciclos escolares, que tendrá un período de transición de ocho años. La idea es consolidar el modelo operante, que hoy entrega 10 años de formación general -ocho de básica más los dos años hasta segundo medio- y estructurar de mejor manera el currículum, implementando 6 años de primaria y 4 de una secundaria inicial.
En el tema de la selección, se logró que los establecimientos subvencionados entre pre kinder y sexto básico no podrán considerar los méritos académicos de los alumnos ni pedir antecedentes socioeconómicos familiares, pero quedó abierta la selección en otros aspectos, como en el caso de la religión o los valores.
Con respecto al lucro, no se eliminó, sino que se "adaptó": sólo podrán ser sostenedores personas jurídicas con giro único dedicado a la educación-dentro de las que no están excluidas las Sociedades Anónimas- y que estarán sujetas a la rendición de cuentas de los recursos públicos que se les entregan.
Además, se acordó crear una Superintendencia de Educación, cuyo objetivo será velar por la calidad de la educación y también por el correcto uso de los recursos entregados por el Estado y que podrá auditar el funcionamiento de los colegios. Y paralelamente se desarrollará una Agencia de la Calidad y un nuevo Consejo Nacional de Educación, que reemplazará el actual Consejo Superior de Educación.
La educación superior
Y si 2007 se centró en la educación escolar, 2008 será el turno de la educación superior, que, tras escándalos como los vividos en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) con la carrera de criminalística y la externalizacion de su gestión-que provocó el rechazo de su acreditación por parte de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA)-vio confirmada la necesidad de profundos cambios. Y el paso inicial, será la entrega en enero del informe final del Consejo Asesor de Educación Superior.
Pero las reformas también deberán tomar en cuenta a la educación técnica, el gran "ausente" de las opciones de 72% de los jóvenes a la hora de elegir qué estudiar al salir del colegio, a pesar de la insistencia del Gobierno y del propio mercado, de la necesidad de dotar de técnicos a la sociedad chilena, actualmente saturada de profesionales.
Pese a esto, la realidad es muy distinta, basta mirar casos como el vivido por el Instituto Politécnico de la Universidad de Chile (Itpuch), que pese a haber sido anunciado con bombo y platillo en 2003 por la propia Casa de Bello, este año anunció su inminente cierre en 2009 por problemas de solvencia económica. Nadie quería hacerse cargo del "muerto", pero finalmente la Chile tuvo que ponerse la mano en el bolsillo y entregar recursos, aunque a regañadientes. Un claro reflejo de que algo no funciona cómo debería en la educación técnico profesional.
Y como las reformas necesarias en la educación superior tocan más de un interés, lo más probable es que sea necesario crear un nuevo comité político entre la derecha y el oficialismo, lo que podría tener como consecuencia que tampoco se logren cambios radicales.
