"No sacamos nada con restringir por ley los beneficios otorgados a estas personas si el criterio de los jueces no cambia", manifestó el senador RN.
Una dura crítica a los jueces que aplican beneficios carcelarios a personas que constituyen un peligro para la sociedad por los delitos cometidos, realizó el senador Alberto Espina (RN), integrante de la comisión de Constitución de la cámara alta.
El parlamentario afirmó que "no sacamos nada con restringir por ley los beneficios otorgados a estas personas si el criterio de los jueces no cambia". Comentó además que "el gobierno tiene plazo hasta el mes de marzo para presentar al Parlamento un proyecto de ley en tal sentido, de acuerdo al protocolo sobre seguridad ciudadana alcanzado entre el gobierno y la oposición".
Sin embargo, recalcó que "el tema de fondo sigue siendo que en Chile existe un alto número de magistrados que cumplen muy mal su función y, por lo tanto, la única solución es que los jueces que dejan libres a sujetos que cometen delitos graves y, luego estos vuelven a delinquir debieran ser mal calificados y expulsados del Poder Judicial".
Espina precisó que "si hay magistrados que toman decisiones de esta naturaleza el sistema judicial no tiene vuelta y si no hay un cambio mayoritario en los criterios que se aplican y se desvincula del Poder Judicial a los jueces que no interpretan bien la ley, este sistema no tiene arreglo".
Protocolo de seguridad
El protocolo de acuerdo de seguridad ciudadana se firmó en noviembre pasado, en una ceremonia en La Moneda con la presencia de todos los sectores políticos del país y, entre sus puntos establece una serie de modificaciones a la Ley N° 18.216 que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
Entre éstas se cuenta el proyecto que enviará el Ejecutivo en marzo y que dispone como medio alternativo al cumplimiento de la reclusión nocturna el uso de sistemas de monitoreo electrónico, el cual se extenderá a otras figuras como medida alternativa y control de medidas cautelares.
Asimismo, establecerá un catálogo de delitos respecto de los cuales no será procedente la libertad vigilada y perfeccionará las normas sobre incumplimiento de la remisión condicional, haciendo obligatoria su revocación y prohibiendo su sustitución por la reclusión nocturna.
Contemplará también un sistema de penas alternativas consistentes en fórmulas de reparación de la víctima y servicios en beneficio de la comunidad, que podrán actuar como requisito previo para la remisión condicional o la libertad vigilada.
Se agregarán medidas para la prevención de conductas delictuales y la rehabilitación dirigidas a personas o familias que presentan alto riesgo social.
Por otra parte, el Gobierno, dentro de marzo de 2008, entregará una propuesta de focalización de los recursos de prevención y rehabilitación, así como, un adecuado sistema de coordinación de diversos servicios del estado que atiendan a familias vulnerables, a fin de evitar que las conductas de sus padres se transformen en condicionantes de riesgo delictual para sus hijos. Estas propuestas deberán contemplar distintas formas de reinserción social: laborales, educacionales, capacitación y otros.
