Fiscalía formalizará a tres oficiales de Gendarmería por golpiza contra reo - El Mostrador

Lunes, 20 de noviembre de 2017 Actualizado a las 20:01

Registrada en cárcel de Colina

Fiscalía formalizará a tres oficiales de Gendarmería por golpiza contra reo

por 2 enero, 2008

Ministerio Público utilizará por primera vez figura del Código Penal que sanciona a empleados públicos que apliquen tormentos a internos con penas que van de 5 a 15 años de cárcel. Hechos ocurrieron el 4 de octubre de 2006 y, pese a un sumario interno, el organismo penitenciario no estableció responsabilidades. CDE se hizo parte por la gravedad de los hechos.

El Ministerio Público formalizará el próximo 15 de enero ante el Juzgado de Garantía de Colina a dos oficiales de Gendamería en servicio activo y uno dado de baja por graves irregularidades por el delito de apremios ilegítimos contra un interno. Sin embargo, por primera vez utilizará el inciso 1° del artículo 150 del Código Penal, por el que los funcionarios arriesgan penas de 5 años y un día a 15 años si llegan a ser condenados.



Se trata del alcaide mayor (R) de Gendarmería y ex jefe de régimen interno -despedido de la institución por usar dinero del comité de navidad para fines personales- Enrique León Olave, el alcaide 1° y jefe del sector sur del penal, Rodrigo Llanos Ramírez, y el alcaide 2°, Cesar Farías Donoso.



Todos están siendo investigados por su eventual participación en la golpiza recibida por el interno Rodrigo Yáñez Bozzo, la tarde del 4 de octubre de 2006 en dependencias del penal Colina II.



La decisión del fiscal centro norte Mauricio González de recurrir utilizando la mencionada figura penal, con altas sanciones, es porque se trata de funcionarios públicos que aplicaron tormentos y golpes a una persona bajo su custodia. Incluso, si se hubiese producido un ataque en su contra, existe la fórmula de la "aplicación racional de la fuerza".



De acuerdo al parte médico realizado en su oportunidad, el interno presentó un corte profundo en el labio inferior, fractura de dientes, mandíbula y diversas lesiones "producto de patadas que recibió" de parte de los funcionarios.



Yañez Bozzo, quien está condenado por robo con intimidación y cumple su pena en octubre de este año, interpuso una querella criminal el 10 de octubre de 2006 a través del abogado Carlos Quezada.



Debido a la gravedad de los hechos, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hizo parte del caso y presentó otra querella criminal en contra de "todos aquellos funcionarios públicos de Gendarmería que, en definitiva, resulten responsables en calidad e autores, cómplices o encubridores del delito".



Responsables sin sanciones



De acuerdo a los antecedentes que constan en la investigación, cerca de las 18.30 del 4 de octubre de 2006, funcionarios del penal a cargo del entonces jefe operativo, Enrique León, desalojaron el módulo 3 de la cárcel, tras descubrir al interno Juan Saavedra con armas cortopunzantes, que se negaba a entregar.



Para llevar a cabo el procedimiento, los funcionarios utilizaron escudos y escopetas, chalecos antibalas y cascos, debido a la peligrosidad de algunos reos que se encontraban recluidos en la mencionada sección.



Los internos, entre ellos Yánez Bozzo, son llevados a la guardia. Sin embargo, antes de llegar el reo fue agredido por personal de Gendarmería. Tras constatar lesiones, fue dirigido a la enfermería, pero nunca se le aplicó un tratamiento ni operaciones.



En protesta por el operativo, al día siguiente 119 internos del módulo 3 iniciaron una huelga de hambre.



Como manda la ley, el fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Daniel Calvo realizó una visita inspectiva, notificado de una huelga de hambre "en reclamo por las pésimas condiciones que existen para los internos". También hizo lo propio su símil de la Corte Suprema, Carlos Meneses, quien describió las malas condiciones síquicas de los internos, debido a las constantes agresiones de que eran víctimas.



Al conocer de estos hechos, Gendarmería ordenó un sumario interno a cargo del alcaide 1° Juan Zamora. Tras realizar las diligencias para establecer los hechos, concluyó que "no se puede desconocer que el recluso Yáñez Bozzo efectivamente sufrió una agresión por parte de alguien, resultando con diversas lesiones". Sin embargo, pese a recoger diversos testimonios y dejar constancia de los partícipes del operativo, no logró identificar a ningún responsable.

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