Dirigentes de Conapyme apuestan a que en el Congreso se realicen cambios no conseguidos durante la larga discusión con las autoridades de Economía. Norma contiene incentivos tributarios y rebajas en exigencias laborales, sanitarias y ambientales. También se busca fortalecer aspectos relativos a la regulación de la concentración del mercado.
En lo que constituye una apuesta relevante para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa (PYME), la Presidenta Michelle Bachelet anunciará esta semana en la Moneda el envío al Congreso del llamado Estatuto PYME, que flexibiliza las exigencias para estas empresas en materias sanitarias, medioambientales e, incluso, laborales.
Para sorpresa de algunos sectores, el documento también se adentra en temas tributarios, pero en el sentido de entregar incentivos o franquicias impositivas a la inversión.
Tras meses de conversaciones entre los gremios del sector, representados por la Conapyme – que agrupa al comercio detallista, la pequeña y mediana industria y transportistas- y el Gobierno, está viendo la luz el hijo más esperado del Programa Chile Emprende.
Tal como lo adelantó en su oportunidad El Mostrador.cl, la Estatuto contendrá una serie de beneficios muy concretos para facilitar el emprendimiento y apoyar a las actuales PYME en operación.
Estos cambios tienen un alto impacto en materia de empleo -en momentos en que éste podría declinar por efecto de la desaceleración de la economía y los «nubarrones» externos-, considerando la enorme importancia del rubro en materia de ocupación.
En Chile existen unas 690 mil empresas y casi el 79% (más de 543 mil) corresponden a microempresas; el 20% a pequeña y mediana empresa (140 mil); y sólo el 1% corresponde a grandes empresas y conglomerados industriales (siete mil), según cifras de Impuestos Internos de 2006.
En términos de empleo, el 40% de los puestos laborales se agrupan en el segmento de las microempresas, el 50% en la pequeña y mediana y sólo el 10% en la gran empresa. Esto significa que casi el 90% del empleo lo genera la micro, pequeña y mediana empresa.
En una de las asimetrías relevantes, al analizar lo que ha sido el devenir de este sector, pese a su enorme participación en términos de empleo y unidades productivas, este mismo segmento representa en el país sólo el 28% de las ventas totales, mientras que las grandes empresas captan el 72% restante. Incluso, el peso del sector pyme se ha ido reduciendo como porcentaje del PIB en los últimos años, pasando del 30% a principios de los 90, a menos del 20% en los últimos años, algo considerado preocupante.
En un mercado como el nacional, objeto en los últimos años de un fuerte proceso de concentración económica, explicado en lo central por el impacto de la globalización en los mercados internos, la situación de las Empresas de Menor Tamaño (EMT) ha sido crecientemente compleja. Estimaciones privadas indican que el sector pierde anualmente, unos US $4.000 millones, que van, en definitiva, de un modo directo o indirecto, a nutrir las rentas de las grandes empresas, como producto de este fenómeno.
Lo que contiene el Estatuto
Es por este último tema, que los dirigentes de la Conapyme se han jugado a fondo no sólo por medidas que «apoyen» al sector, sino por cambios relativamente estructurales que les permitan desarrollarse exitosamente en los mercados, lo que tiene que ver también con temas de concentración de los mercados, al estilo de los que se utilizan en economías como la italiana, alemana e incluso de EEUU.
Hasta el momento se sabe que el nuevo Estatuto contiene facilidades específicas en diversas materias como las laborales, medioambientales y sanitarias.
Por ejemplo, tal como lo adelantara la coordinadora de este tema en el Ministerio de Economía, Ximena Clark, en septiembre pasado, la idea es premiar que empresas que se acogen a un acuerdo de producción limpia, de modo tengan algún incentivo especial en materias ambientales.
O que si bien pueden registrar diversos problemas laborales, tengan la oportunidad de corregirlos durante un tiempo y sólo sean sancionados una vez que se persista en la conducta. Y no sólo eso, que si son sancionados, lo sean por montos inferiores a los que pagan las grandes empresas.
Se ha señalado -aún sin confirmarse- que si bien las multas laborales podrían bajar para las PYME, también podrían, bajo la misma lógica, subir para las grandes empresas.
Por otro lado, otra importante novedad es la posibilidad de utilizar permisos provisorios, por ejemplo, en materia sanitaria, de tal manera de «echar a andar el negocio» y después ir adecuándose a las exigentes normativas sobre el particular.
Este tipo de temas se ha hablado bastante en la Comisión de Equidad donde existe un subgrupo especial dedicado al asunto, donde se ha relevado que, por ejemplo, a un pequeño restaurant se le hace las mismas exigencias en materia de existencia de servicios higiénicos (para dependientes, público y lisiados) que a un gran establecimiento en su tipo.
La lógica de la autoridad, como lo explicó el viernes último, el ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, es que el gran riesgo que se corre imponiéndole grandes exigencias regulatorias a las PYME es que éstas sencillamente no puedan cumplir y opten por la multa, el incumplimiento sostenido o, derechamente, la informalidad.
El secretario de Estado dice que no hay riesgo de que esta relajación de las normas laborales, sanitarias o ambientales afecte el nivel de cumplimiento de estos temas en el país. Más bien, ve que justamente la adopción de estándares que estas empresas no pueden cumplir, es lo que afecta severamente el respeto de las normas.
Lo mismo ocurriría en materia tributaria, porque hay muchas pequeñas y microempresas que se las arreglan para trabajar en la informalidad y terminan sin pagar prácticamente impuestos, lo que probablemente ocurriría si se les dan adecuados incentivos a la inversión.
La versión de los favorecidos
Pese a lo adecuado que estas normas parecen para el sector PYME, éste no ha dejado de solicitar una mayor profundidad. «Nosotros estamos satisfechos por una serie de cosas, entre otras, por el hecho de que por fin estamos siendo reconocidos como sector económico, y estamos dialogando y logrando acuerdos entre las entidades que nos representan y la autoridad», parte valorando Rafael Cumsille, el presidente de la máxima entidad sectorial, la Conapyme.
El dirigente, hombre que se sabe de antiguas batallas gremiales, valora también la facilitación de funcionamiento para el sector que significan las flexibilizaciones laborales, ambientales y sanitarias, apuntando que «se trata de pasos concretos que benefician al sector».
No obstante, admite que hay temas que aspiran a seguir reforzando, que son los que tiene que ver con competencia, concentración de mercados y con posibilidades reales, en definitiva, de que las PYME puedan repartirse equilibradamente la «torta» de las ventas con las grandes empresas.
Esto tiene que ver con cosas como una acción más vigilante y decidida de los organismos antimonopolios -que a juicio de los afectados han ido permitiendo una concentración creciente de la economía chilena- lo que en parte se soluciona con el proyecto de fortalecimiento de esta institucionalidad procompetencia que se tramita en el Congreso.
También tiene que ver con formalizar los acuerdos existentes en relación con los plazos de pagos a proveedores- ya que solo existen acuerdos de autorregulación voluntaria, como el que tiene D&S (Líder, Ekono) con sus proveedores- y también por el activo trabajo que del portal de compras del Estado, Chilecompra, en materia de adquisiciones a las PYME nacionales.
Uno de los actores que ha puesto este último tema fuertemente en el tapete ha sido Sercotec, cuyo director, Mario Ossandón, ha dicho que si el Ejército adquiriera, por ejemplo, sus pedidos de corbatas a las PYME, éstas tendrían un gran mercado que abastecer. Estas son prácticas muy utilizadas en mercados asiáticos, que conceden gran importancia a las PYME locales.
Otra área de trabajo es la necesidad de establecer algunos límites a la instalación urbana de grandes centros comerciales, ya que en otros países, como los europeos e incluso EEUU, éstos se emplazan en la periferia, precisamente para no afectar el desarrollo del pequeño comercio y la vida de barrio de las urbes, a diferencia de lo que ocurre en Chile.
Vega: hay que potenciarlas para que compitan
Uno de los actores que ha estado comentando bastante este tema, es el economista e integrante de la Comisión de Equidad, que ha escrito varias publicaciones sobre la concentración de los mercados en Chile, Humberto Vega.
Consultado por El Mostrador.cl , Vega dice ser partidario más que de acciones puntuales de apoyo al sector PYME dé facilidades que les permitan competir adecuadamente en los mercados.
«No conozco el proyecto del Estatuto, pero me parece fundamental que las normas legales sean universales y los principios como tales, muchas veces, de estas exigencias, pueden ser importantes. Ahora, también ocurre que en la forma en que se cumplen estos requisitos pueden haber períodos, esperas mayores y ciertos márgenes», apunta.
Respecto de si esto resulta positivo para apoyar a las PYME y, en ese sentido, a desconcentrar a la economía, afirma que «exactamente es así y creo que además hay otra cosa importante que hemos ido aprendiendo en nuestra discusión sobre institucionalidad laboral, que es que la excesiva reglamentación al final ahoga el desarrollo y es contraproducente».
«En ese sentido, creo que el Estatuto PYME puede agregar elementos interesantes y yo espero que en eso se recojan también el problema central, que no es tanto darle algunas garantías específicas a las PYME, sino más bien garantizarles un espacio económico para su desarrollo», enfatiza. «Más que ciertas ventajas mínimas como tales, en los mercados chilenos hay una tremenda asimetría en el poder de mercado y esa asimetría la pagan las PYME», afirma Vega.
Por su parte, Cumsille no ha perdido la oportunidad para aseverar que puede generarse un debate parlamentario en este sentido. Al conocerse que el anuncio del Estatuto PYME se había postergado hasta el viernes, sostuvo: «Ojalá esto sirva para fortalecer en estos días el cuerpo legal, ya que representantes de la Concertación coinciden en que es necesario incorporar otros temas que permitan competir en mejores condiciones a este importante y postergado sector de la economía».
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