Por unanimidad, la Tercera Sala resolvió que existe una »obligación específica de las municipalidades de mantener el tránsito expedito y en condiciones de seguridad para los peatones y, en caso de encontrarse éstos en mal estado, advertirles del riesgo que ello trae, implementando mecanismos de señalización adecuados». Dictamen se instala como un criterio de fallo para ciudadanos afectados con hechos de este tipo.
Fueron 24 baldosas menos. Cuatro metros de acera en malas condiciones y falta de señalización. Estos elementos, reunidos bajo el signo de la mala suerte, cayeron un 20 de marzo de 2004 sobre Gladys Vásquez, en Chillán, VIII Región.
Aquel día, como cualquier otro, la mujer pasaba frente a una casa ubicada en El Roble 844, cuando cayó al suelo. Su rodilla derecha quedó con una herida contusa complicada y, como si eso fuera poco, se fracturó el quinto metatarsiano del pie izquierdo.
La afectada debió gastar dinero de su bolsillo para recuperarse. Pero decidió demandar a la Municipalidad de Chillán por la responsabilidad civil que le cabía en la mantención de las aceras de su jurisdicción.
Fue así como en agosto de 2004 el Segundo Juzgado Civil resolvió que la alcaldía debía pagar 20 millones de pesos a Vásquez, por no mantener la acera en buen estado ni colocar una señalización adecuada.
Pasaron dos años hasta que la Corte de Apelaciones de Chillán en septiembre de 2006 analizó el caso. Los magistrados resolvieron rebajar el pago sólo a tres millones de pesos.
Sin embargo, el municipio no se contentó con el dictamen y recurrió de casación a la Corte Suprema, argumentando que la responsabilidad en la mantención y señalización, le compete al Ministerio de la Vivienda, vieja discusión sobre los deberes de uno u otro órgano del Estado.
La Tercera Sala de la Corte Suprema decidió analizar el fondo del recurso, rechazando una por una las alegaciones de la municipalidad y estableció que esta última es la que tiene el deber y responsabilidad única y primaria de mantener las aceras y señalizar cualquier peligro para los ciudadanos.
«En este ámbito normativo se inserta la obligación específica de las municipalidades de mantener el tránsito expedito y en condiciones de seguridad para los peatones que se desplazan por las aceras y, en caso de encontrarse éstas en mal estado, advertirles del riesgo que ello trae consigo, implementando mecanismos de señalización adecuados al efecto", explica el dictamen.
La importancia de esta resolución es que, pese a la simpleza de los hechos, los altos magistrados instalaron un criterio de fallo que podría repetirse para situaciones similares. Y al mismo tiempo, se constituye como un llamado a las personas afectadas por accidentes donde la responsable es la municipalidad, para que recurran a la justicia.
Este dictamen por unanimidad contó con los votos a favor de de los ministros Adalis Oyarzún, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda y el abogado integrante Rafael Gómez.
