Texto acaba de ser puesto en tabla en la instancia de la Cámara de Diputados, aunque entre los parlamentarios aún existen dudas respecto de una eventual colisión de facultades entre esta entidad y el futuro Instituto de DDHH. Por ello, se espera que sea invitados, entre otros, representantes de la Comisión Defensora Ciudadana y la Contraloría.
Fue repuesto en el Congreso para su respectiva tramitación el proyecto de reforma constitucional que crea una Defensoría de las Personas, ente autónomo del Poder Ejecutivo que resguardaría los derechos y garantías de los ciudadanos frente a las instituciones u organismos públicos que tienen por objeto prestar servicios a la sociedad.
Si bien el proyecto viene con indicaciones que refieren a la fórmula a través de la cual se eligirá al defensor u ombudsman, faltan aquéllas que separarían sus atribuciones en relación con otros organismos, como el futuro Instituto de Derechos Humanos.
Se dice que tanto el defensor como el instituto se toparían en materias de acción jurídica, sin delimitar a qué entidad correspondería la defensa de determinados derechos.
Por ello, se espera que visiten la comisión varias autoridades, entre ellas, representantes de la Comisión Defensora Ciudadana y de la Contraloría General de la República, a fin de esclarecer y establecer las delimitaciones necesarias entre las instituciones.
Pero es el tema de qué institución canalizará en el futuro las causas sobre violación a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar lo que se transforma en el conflicto de fondo.
El instituto sería el encargado de absorber las funciones del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, que hasta ahora ha llevado adelante estos proceso. Sin embargo, el texto que crea este organismo se encuentra actualmente en trámite en comisión mixta, luego de que se rechazara darle atribuciones para querellarse.
En cuanto a la función del ombudsman en esta materia, sólo tendría atribuciones sobre hechos que se registren desde su creación, sin efecto retroactivo para judicializar las violaciones a los derechos humanos registrados en dictadura.
Las visiones opuestas
La diputada Karla Rubilar (RN), miembro de la comisión específica, señaló que "cuando se crea este organismo que es fiscalizador de los derechos de las personas y de los servicios públicos, puede cruzar también la línea de la Contraloría y, si bien tenemos toda la voluntad por sacar lo antes posible este proyecto, no podemos dejar que ‘se pise la cola’ con otras instituciones y estar faltando a las potestades de cada una de ellas".
Agregó que, según lo conversado con anterioridad en la comisión, una vez aprobada la creación del defensor, pasarían a éste las materias en que tuviera superposición con el Instituto de Derechos Humanos.
Su colega Tucapel Jiménez (independiente pro PPD) recordó que Chile es uno de los pocos países que no posee un defensor ciudadano, por lo que es de suma urgencia aprobar este proyecto para el país.
Asimismo, aclaró que en su opinión "las atribuciones del defensor no tienen relación con las atribuciones del instituto, ya que el defensor actúa cuando los derechos de los ciudadanos son violentados por organismos del Estado, en tanto el Instituto promueve el respeto por los derechos humanos en todos los aspectos".
Agregó que hubo quienes desearon incluir en el propio Instituto de los Derechos Humanos al defensor, pero se decidió por separar ambos organismos a fin de que tuvieran roles diferenciados e independientes.
Por último, señaló que a la comisión por el momento sólo le interesa "discutir el proyecto, recibir a las personas que debamos recibir y así poder sacar al mejor Ombudsman posible, lo que significa que las personas tengan una defensa cuando sus derechos son pasados a llevar por el Estado".
