El proyecto de ley contempla temas sanitarios, ambientales, de previsión social, inicio y término de empresas, fiscalización y promoción de buenas prácticas laborales, entre otras.
El ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, junto a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunciaron esta mañana, el Estatuto Mipyme, propuesta en materia de regulación que «confirma el compromiso del gobierno con los pequeños empresarios y que busca, principalmente, nivelar la cancha en el ámbito regulatorio para la actividad empresarial».
El estatuto está compuesto por un conjunto de normas, generales y especiales, que tomando en consideración el tamaño de la unidad productiva, regulan la actividad empresarial durante su ciclo de vida con el objeto de permitir su participación en el mercado en igualdad de condiciones.
A la ceremonia, realizada en el Palacio La Moneda, asistieron los titulares de Hacienda y de la Secretaría General de la Presidencia, parlamentarios y subsecretarios de las carteras vinculadas al sector productivo. Además, los dirigentes gremiales del sector, los que participaron activamente en la elaboración del estatuto.
El ministro de Economía, explicó que el Estatuto es uno de los pasos más importantes en el proceso de fortalecimiento de las empresas de menor tamaño y "parte de un compromiso político con las pymes, así como también, una respuesta específica a inquietudes planteadas en los diálogos y comités público – privados desarrollados en los últimos meses", señaló el secretario de Estado.
Añadió que, "el proyecto de ley lo que hace es hacerse cargo de la regulación, el modo en que el Estado se relaciona con la micro, pequeña y mediana empresa y, sobre ese punto, hay un conjunto muy nutrido de disposiciones que van en la dirección de "emparejar la cancha" para estas empresas.
Ferreiro especificó que "la regulación puede y debe ser un factor de crecimiento y prosperidad en la medida que logre garantizar que los beneficios sociales de la regulación -en protección del medio ambiente, de los derechos laborales, en el cumplimiento tributario, etc- sean siempre superiores a los costos que supone su cumplimiento por las personas y las empresas".
En términos generales el estatuto aborda las siguientes materias:
– Promover las buenas prácticas regulatorias.
Se proponen directrices generales o buenas prácticas regulatorias, que buscan ser una ayuda para el proceso de toma de decisiones y de diseño de reglamentos que originen costos de cumplimiento para las empresas.
– Facilitar la puesta en marcha del negocio.
Se amplían las facultades para otorgar permisos provisorios (incluyendo permisos sanitarios), con el fin de facilitar la puesta en marcha inicial de una empresa. La implementación de la medida evitaría incurrir en gastos que no son estrictamente necesarios al inicio, momento en que la liquidez financiera de la empresa puede ser crucial para el éxito de la misma. Además, se ofrece a los municipios la facultad para otorgar facilidades de pago o bien eximir el pago de estas patentes provisorias a empresas que por primera vez las solicitan.
– Promover la transparencia en la fiscalización y asistir el cumplimiento de la normativa.
En el ámbito de la fiscalización, se propone la práctica de transparentar los criterios utilizados por los fiscalizadores al momento de determinar si la unidad fiscalizada amerita la aplicación de una multa y el monto mismo de ésta.
«Ello no sólo contribuye a difundir las normas legales, sino que además reduce la potencial discrecionalidad en la práctica de la fiscalización. En materia sanitaria se propone incorporar una disposición de autodenuncia voluntaria de incumplimiento sanitario, que incentive a las empresas a acercarse a la autoridad sanitaria para solicitar asistencia en el cumplimiento de alguna norma», se precisó.
– Normas Especiales para la Aplicación de multas y sanciones en materia Laboral.
En el ámbito laboral, se propone disminuir los montos de las multas cursadas a las empresas de menor tamaño de 1-20 UTM a 1-10 UTM. Además, de consagrar la posibilidad que éstas, una vez acreditada la corrección de la respectiva infracción, dentro de un plazo determinado, pueden sustituir la multa por capacitaciones o por programas de asistencia.
– Proteger al empresario de los riesgos asociados a su trabajo.
Con el objeto de brindar cobertura en materia de seguridad y previsión social a los empleadores y/o dueños de empresas pequeñas, que en su gran mayoría están sujetos al mismo tipo de riesgos laborales que sus trabajadores, se proponen medidas que les permitan acceder voluntariamente al seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales.
– Proteger a las micro y pequeñas empresas en su rol de Consumidoras.
Se introduce una nueva regulación, que pretende equilibrar las relaciones entre micro y pequeñas empresas cuando actúan como consumidores y sus proveedores de bienes y servicios. El propósito de las normas propuestas es hacer aplicables a las relaciones comerciales que establecen las micro y pequeñas empresas con sus proveedores, determinadas instituciones de protección al consumidor, tomando en consideración las similitudes que existen con la relación de consumo que los mismos proveedores establecen con los destinatarios finales de dichos bienes y servicios.
– Beneficios Tributarios para la inversión.
Se contempla extender el porcentaje de crédito tributario por inversión en activo fijo como un incentivo directo a empresas que necesiten adquirir maquinaria e infraestructura para sus actividades comerciales. Es decir, esto permitirá a una pyme, que haga su declaración tributaria con renta efectiva, descontar de su declaración anual de Impuesto a la Renta el 8% de lo que la firma gaste en inversión física. Las pymes que podrán obtener esta franquicia serán aquellas cuyas ventas anuales no superen las UF 100 mil (unos $160 millones mensuales), y el beneficio tendrá un techo, en pesos, de unos $22,5 millones al año (650 UTM).
– Fortalecer la suscripción de Acuerdos de Producción Limpia.
Se habilita un marco regulatorio que incentiva a las Empresas de Menor Tamaño a suscribir Acuerdos de Producción Limpia (APL) y con ello, mejorar su competitividad. Estos acuerdos abordan normativas sanitarias, medio ambientales, de eficiencia energética, entre otras, y persiguen la incorporación al proceso productivo de técnicas eficientes y eficaces de utilización y manejo de recursos, manteniendo el cuidado del medio ambiente, lo que se traduce en mejoras de productividad para las empresas.
– Apoyar en la etapa de reestructuración y/o cierre de empresas.
Se propone un mecanismo de apoyo para las empresas en situación de insolvencia, que tiene por objetivo primario la reestructuración de la empresa o, en caso que ello no sea posible, la facilitación del cierre. Al efecto, se establece la posibilidad para los micro y pequeños empresarios que se encuentren en situación de insolvencia o en un estado próximo a entrar en ella, puedan recurrir, extrajudicialmente, a un colaborador calificado, a fin de obtener de éste la asesoría necesaria con el objetivo de lograr una reestructuración exitosa de su empresa y una mediación o entendimiento entre ésta y sus acreedores para acordar uno o mas convenios de pagos entre las partes.
