El quiebre entre los pescadores que firmaron el millonario convenio con la celulosa y los que se oponen a la construcción de un ducto en el mar, tiene a la zona inmersa en un clima de animadversión y conflicto. Incluso, se acusa a las autoridades públicas, como Carabineros, de actuar como representantes de la empresa, por lo que pobladores estudian acciones judiciales.
Peleas entre vecinos, botes quemados, intimidaciones, amenazas e incluso disparos. Éste es el escenario que desde hace casi tres meses viven los pobladores de Mehuín, en la Región de Los Ríos. El antes y el después de la vida diaria de los lugareños cambió luego del millonario acuerdo firmado con la empresa Celulosa Arauco y Constitución (Celco) y la mayoría de los integrantes de los tres sindicatos de pescadores de la zona, que así comprometieron su respaldo a la realización de un estudio de impacto ambiental (EIA) para la construcción de un ducto al mar para la planta de celulosa Valdivia.
Este apoyo es clave para la compañía, ya que debe cambiar el lugar de descarga de sus riles, tras la resolución de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) en junio de 2005, de que debía de dejar hacerlo en el río Cruces, debido a la muerte de cisnes de cuello negro registrada en el santuario de la naturaleza Carlos Anwandter.
De esta forma, la férrea oposición al proyecto del Grupo Angellini que desde 1996 mantenían los habitantes de la zona, se quebró y actualmente la población se encuentra dividida entre los que suscribieron el acuerdo -que alcanza US$ 8,9 millones. de los cuales $ 3 millones fueron entregados a cada pescador al firmar- y los que se oponen, que están haciendo causa común con las comunidades lafquenches y extractores de las caletas aledañas.
Los bandos se culpan mutuamente del enrarecido ambiente, la ruptura entre los habitantes se percibe y "la convivencia diaria es bastante tensa, hay un claro distanciamiento entre los vecinos. Mehuín dejó de ser un clima armonioso entre pescadores artesanales, hoy día es muy diferente. Y se volvió diferente a raíz de un agente externo que en este caso es Celulosa Arauco, que ingresó con su dinero para dividir al pueblo", opina Eliab Viguera, vocero del Comité de Defensa del Mar y uno de los pocos pescadores que no suscribió el acuerdo.
El delegado detalla que el escenario es bastante crítico y asegura que desde hace una semana empezaron a escucharse disparos alrededor del río Lingue "y esto se empezó a agravar de tal forma que andar en las calles de Mehuín se volvió inseguro, no hay orden público".
En este marco, el último viernes de diciembre se produjo un enfrentamiento entre "celquistas" y opositores de la comunidad de Mississipi -ubicada en la otra ladera del río frente a Mehuín- que intentaron bloquear la salida al mar de cuatro embarcaciones, cuyo objetivo era un premonitoreo para la realización del EIA, logrando que tres regresaran, mientras una quedó la deriva y tuvo que ser rescatada al otro día por Carabineros, que la encontró abandonada.
Incluso, según relata Viguera, hubo disparos desde la caleta de Mehuín contra quienes intentaban frenar la salida al mar y además se encontraron bombas molotov dentro de la embarcación abandonada.
El incidente movió a las comunidades lafquenches y pescadores opositores al ducto de Celco a preparar una "estrategia de vigilancia del mar", para impedir cualquier nuevo hecho de violencia.
Además, se reunieron el pasado lunes con el fiscal regional, Rafael Mera, a quien le expusieron la situación "que no se puede ver a la ligera, sino que debe haber una exhaustividad y prolijidad en los casos que se están generando en Mehuín", señala el dirigente.
Por otra parte, también le hicieron ver que el conflicto en el mar se arrastra hace casi 12 años, por lo que "debería verse de una forma mas exclusiva y por eso los abogados nuestros van a solicitarle que ponga un fiscal con dedicación exclusiva".
Zona criminalizada
El abogado Antonio Collados, del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y representante de unos 200 pobladores, entre los que se cuentan comunidades lafquenches, de Missisipi, Curiñanco, Bonifacio, Queule, Toltén y Puerto Saavedra, explica que está asesorándolos no sólo judicialmente, sino como organización "en la medida que se vean comprometidos derechos humanos colectivos de estas comunidades".
Y recalca que la mayor preocupación es la suerte de "criminalización" de las reivindicaciones ciudadanas que se vive en la zona, dando como ejemplo que actualmente es una práctica común que Carabineros realice exhaustivas revisiones y empadronamientos de los vehículos, preguntando detalles como el estado civil, estudios y actividad a cada uno de los pasajeros.
"Pero no te piden revisión técnica, no están haciendo control de tránsito: están trabajando, de alguna manera, para la empresa. Entonces, la criminalización de las reivindicaciones ambientales es lo mismo que hemos visto con la criminalización de las reivindicaciones de los pueblos indígenas. Y ese fenómeno nos preocupa", agrega.
Por otra parte, también observa una cierta disposición por parte de la fiscalía y cita -como ejemplo- que dos de los tres acusados de robo con intimidación por el incidente del bote fueron detenidos a pasos del tribunal en circunstancias de que se había pactado una audiencia.
"Y era evidente que se dirigían a presentarse. Eso da un ejemplo del ánimo criminalizador que hay. También planteé en la audiencia al tribunal, que frente a esta refriega puede haberse acusado delito de daño, lesiones leves, amenazas, pero robo con intimidación es súper rebuscado de parte de la fiscalía", añade.
El profesional considera que, en el fondo, los agentes del Estado en general, entre ellos la policía, "se pone al servicio como que si la política pública fuera que ellos estuvieran al servicio de las grandes empresas. Cuando se trata de un atentado a una empresa forestal, tanto acá como en La Araucanía, hay presiones ciudadanas y están comprometidos ciertos intereses, se pone fiscal especial y una serie de medidas. En vez de cuidar la seguridad de la gente de Mehuín, están empadronando a posibles activistas".
En base a todos estos hechos, estudian presentar una querella que apunte a los delitos que se cometen en el contexto de la criminalización, acción que podría ser concretada la próxima semana.
"Lo que buscamos es el esclarecimiento de la verdad, que no haya un planteamiento sesgado de los hechos públicos y que el ministerio público actúe tratando de darle un cariz de delito a todas las reivindicaciones de los pescadores y blanqueando el matonaje de la empresa", asegura Collados.
