A tercer trámite proyecto que permite gradualidad de la justicia laboral - El Mostrador

Lunes, 20 de noviembre de 2017 Actualizado a las 20:01

A tercer trámite proyecto que permite gradualidad de la justicia laboral

por 9 enero, 2008

La aprobación de la nueva judicatura laboral coincide con el despacho del Congreso de la reforma constitucional que permite la implementación gradual de todas las modificaciones que se realicen al sistema judicial chileno en el futuro.

La sala del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que permite la entrada en vigencia por etapas de de la Justicia laboral, a partir del 31 de marzo de 2008 y hasta el 30 de octubre de 2009, por lo que pasó a tercer trámite en la Cámara de Diputados.



La iniciativa llegó a la cámara alta con los informes favorables de las comisiones de Constitución y de Hacienda, sin embargo, en este última instancia se acordó con el Ejecutivo anticipar la fecha de entrada en vigencia de los últimos tribunales labores que en un principio era para el 30 de noviembre de 2009, en atención a las elecciones presidenciales que se realizarán el 11 de diciembre de ese mismo año.



El senador José García, integrante de la Comisión de Hacienda manifestó que originalmente, los últimos tribunales laborales entraban en vigencia a partir del 30 de septiembre de 2009 para la Región Metropolitana y a contar del 30 de noviembre de 2009, para las regiones IX, X, XI y XV, es decir, "apenas unos 15 días antes de las elecciones presidenciales, por lo que se consideró atingente anticipar el proceso un mes antes en cada caso".



La aprobación de la nueva judicatura laboral coincide con el despacho del Congreso de la reforma constitucional que permite la implementación gradual de todas las modificaciones que se realicen al sistema judicial chileno en el futuro, evitando así la experiencia ocurrida con los tribunales de familia que se implementaron de una sola vez, sin la posibilidad de corregir errores o vacíos en los procedimientos.



De este modo, la nueva judicatura laboral comenzará a regir a partir del 31 de marzo próximo para las regiones III y XII; a contar del 31 de octubre de 2008 para las regiones I, IV, V y XIV; a partir del 30 de abril de 2009 para las regiones II, VI, VII y VIII; a partir del 30 de agosto de 2009 para la Región Metropolitana y a contar del 30 de octubre de 2009, para las regiones IX, X, XI y XV.



Avances



Cabe señalar que el proyecto contempla aumentar de 40 a 84 el número de magistrados especializados en justicia laboral y de 20 a 24 los Juzgados dedicados a la materia. Asimismo, dispone la incorporación de 468 funcionarios para el sistema.



Entre estos últimos destacan los administradores de juzgados, ayudantes y jefes de unidades, quienes serán los encargados de mejorar la atención y la gestión de los nuevos tribunales, tal como ocurre, por ejemplo, con los actuales equipos administrativos de los Juzgados de Garantía de la Reforma Procesal Penal.



La instalación de los nuevos jueces y juzgados de Letras del Trabajo se efectuará con la debida antelación y para ello, la Corporación Administrativa del Poder Judicial deberá poner a disposición de las respectivas Cortes de Apelaciones los locales destinados al funcionamiento de estos tribunales, así como efectuar las remodelaciones en los locales que sean necesarios de acuerdo a las nuevas plantas.



Con la misma anticipación, las Cortes de Apelaciones efectuarán el llamado a concurso para proveer sólo los cargos de jueces laborales creados por esta ley. Asimismo, las Cortes de Apelaciones respectivas podrán abrir los primeros concursos de administradores de los Juzgados de Letras del Trabajo y de los Juzgados de Letras de Competencia Común creados en la presente ley, sin necesidad de que los jueces hayan asumido previamente sus cargos.



Por otra parte, la Corte Suprema podrá impartir instrucciones a las Cortes de Apelaciones respectivas, para el adecuado desarrollo del procedimiento de nombramientos, traspasos e instalación de los juzgados y jueces creados en la presente ley.



De acuerdo al informe entregado por el Ejecutivo el impacto financiero de esta nueva judicatura representará $ 257.519.178 de gasto permanente y $ 60.972.000 como gasto transitorio.

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