Mientras en la derecha exigen al gobierno que aplique todo el peso de la ley a comuneros involucrados en hechos de violencia, la comisión de Relaciones Exteriores de la cámara alta aprobó por unanimidad ratificar el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, cuya tramitación ha demorado 17 años.
En medio del tenso clima que se vive en la Araucanía debido a los últimos hechos de violencia, dos hechos marcaron la jornada del martes en el Congreso: Mientras la comisión de Relaciones Exteriores de la cámara alta ratificaba por unanimidad el Convenio 169 de la OIT, después de 17 años de tramitación, el senador de la UDI Jovino Novoa instaba al gobierno a aplicar la ley de Seguridad del Estado en la zona.
En la derecha tienen la convicción de que el gobierno le ha dado demasiada carta blanca a los mapuches e, incluso, no faltan los que estiman, como el presidente de RN, Carlos Larraín, que el hecho de que la Conadi recupere predios ocupados por los comuneros indígenas contribuye a que estos sigan tomándoselos. En este sentido, el dirigente ha dicho que sería "bien bueno que el gobierno dejara de estimular las tomas por la vía de adquirir los predios que son tomados de hecho".
Lo que encendió las alarmas de la derecha, esta vez, fue el atentado que sufrió un ejecutivo de una hidroeléctrica en Santiago, atribuido a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) -aunque la organización negó su vinculación-, pues asumen que ello se debe a que la autoridad no ha reaccionado como se debiera frente a la violencia de grupos indígenas.
Dado este escenario, Novoa llamó al Ejecutivo a aplicar la Ley Antiterrorista, la ley de Seguridad del Estado o decretar Estado de Emergencia, al tiempo que criticó con dureza la "actitud impávida" con que, a su juicio, el gobierno observa los hechos y la "seguidilla de atentados, quema de predios y actos de violencia" que atribuyó a la CAM, calificándolos como "actos terroristas".
Enfatizó que "los gobiernos de la Concertación han estado minimizando una situación de conflicto que se viene arrastrando por años, han estado tolerando la realización de conductas violentas de claro corte terrorista y no están aplicando en su plenitud las normas que el Estado de Derecho vigente en Chile dispone para este tipo de situaciones».
Por ello, recordó que "en Chile existe una Ley Antiterrorista, existe una Ley de Seguridad del Estado, existe la posibilidad de decretar Estados de Emergencia en zonas donde se haya alterado gravemente el orden público. Hago un llamado a que de una vez por todas se cumplan y se hagan cumplir las leyes".
Junto con ello, rechazó las reivindicaciones exigidas por el líder del Consejo de Todas las Tierras, Aucan Huilcaman, en orden a que se le dé autonomía al pueblo mapuche, pues el senador gremialista sostiene que "no se puede crear un Estado dentro del Estado chileno".
En la misma línea, un grupo de senadores de RN -Alberto Espina, Baldo Prokurica, Sergio Romero y Andrés Allamand- denunciaron que detrás de los actos violentistas atribuidos a organizaciones indígenas existen grupos "foráneos", por lo que, además de solicitar al gobierno una investigación minuciosa al respecto, anunciaron la presentación de un proyecto de acuerdo en el que se insta a designar un fiscal especial para que "investigue e instruya un proceso para aclarar y sancionar las conductas terroristas que se han venido desarrollando en el país y que pone en jaque la vida de personas".
Unanimidad para el convenio
Cuando los senadores de la UDI y RN exigían al gobierno mano firme con la violencia indígena, la comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobaba por unanimidad el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
La ratificación del convenio se viene discutiendo en el Congreso hace exactamente 17 años, pues ingresó a la Cámara de Diputados el 8 de enero de 1991. Y lo lento de la tramitación tiene directa concordancia con lo accidentada de la misma, ya que en 2000 un grupo de diputados de la derecha presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que declarara inconstitucional la ratificación del convenio.
La principal preocupación de la Alianza en torno al tema radicaba en que ello abría la posibilidad de generar un Estado autónomo dentro de Chile al pueblo indígena, sin duda una aspiración a la que un sector de los comuneros no renuncia aún. Lo que queda de manifiesto en las declaraciones que en tal sentido ha hecho Huilcaman.
Sin embargo, el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, senador Roberto Muñoz Barra (PPD), descartó de plano tal posibilidad. Explica que la ratificación del convenio constituye una serie de obligaciones que el Estado chileno debe asumir con los pueblos indígenas que habitan su territorio, siempre que éstas "no sean incompatibles con los derechos del Estado chileno", descartando de plano que este convenio le permita al pueblo indígena formar un gobierno autónomo dentro de Chile.
Además, aclaró que la ratificación del convenio obliga a las partes, a través de una declaración interpretativa, a acatar los tratados internacionales aprobados sólo en el marco de la OIT, dejando fuera, por ejemplo, la reciente Declaración de las Naciones Unidas sobre la materia.
Quien también se refirió a esta materia fue otro integrante de la comisión, el senador Juan Pablo Letelier (PS), quien afirmó que junto con aprobar el convenio en la comisión se garantizaron los votos necesarios para que sea respaldado en la Sala la próxima semana, pues requiere quórum calificado.
"Se concordó que el gobierno hiciera una declaración interpretativa de este tratado y en particular sobre el artículo 35 para decir una cosa que es obvia, cual es que Chile al aprobar este tratado de la OIT se compromete a que éste sólo es aplicable en relación a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes", explicó.
Mientras, el senador Sergio Romero (RN) se dio por satisfecho con el acuerdo, señalando que "hemos hecho un avance muy importante porque creemos que en este tipo de materias hay que privilegiar el interés nacional. Desde esa perspectiva, la comisión ha entendido que al ratificar el convenio se le ha formulado una declaración interpretativa, en el sentido que sólo es aplicable en relación a los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile".
A su juicio, "esto aclara, precisa y no tiene más alcance que eso, porque el mencionado artículo habla de recomendaciones otros instrumentos y sólo entendemos que alcanza su vigencia respecto de los Tratados ratificados por nuestro país y no simples declaraciones internacionales que van en otro sentido".
