Texto legal faculta a enfermos terminales a decidir si desean continuar recibiendo un tratamiento médico que les prolongue artificialmente la vida, aunque se excluyó expresamente la eutanasia. Iniciativa cuenta con respaldo transversal de parlamentarios, por lo que no debería tener complicaciones durante la discusión en el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley sobre derechos y deberes de los pacientes, incluyendo la norma que permite a los pacientes en estado terminal rechazar seguir recibiendo un tratamiento médico que le prolongue artificialmente la vida.
Se trata del último texto que forma parte de la reforma a la salud impulsada durante el gobierno de Ricardo Lagos y que ahora deberá ser visto por el Senado, donde no se vislumbra un mayor conflicto, dados los acuerdos alcanzados en la cámara baja. De hecho, el artículo más resistido, el que regula la "muerte digna", fue aprobado por 71 parlamentarios, 17 en contra y tres abstenciones, en una votación transversal.
El texto fue enviado al Congreso en el 12 de junio de 2001 al Parlamento, cuando la Presidenta Michelle Bachelet ejercía como ministra de Salud, e inmediatamente contó con la oposición de la iglesia Católica, el Colegio Médico y parlamentarios de la DC y de derecha, que estimaban que abría espacios para la eutanasia.
El proyecto aprobado en la Cámara establece que será el médico el que determine e informe al paciente sobre su estado terminal, y será el último quien decidirá si quiere recibir el tratamiento médico, aunque el artículo 17 de la norma excluye expresamente la aceleración artificial de la muerte, evitando la eutanasia.
"La persona que fuere informada de que su muerte es inminente e inevitable tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier intervención, procedimiento o tratamiento cuyo único objetivo se prolongar artificialmente su vida, de modo irracional o desproporcionado", indica la norma.
Asimismo, señala que la información sobre estado de salud de los pacientes no podrá ser revelada a terceros, excepto si existen razones de salud pública que lo justifique.
De esta manera, con la aprobación del proyecto, también quedó en el camino una indicación promovida por diputados del PPS y PPD, en orden a incorporar la eutanasia como un derecho de los pacientes, lo que derechamente irritaba a la DC y a la Alianza.
El texto establece que el paciente tiene el derecho a recibir, por parte del médico, información con respecto a su salud, de manera clara y en el momento oportuno, la que deberá referirse al pronóstico de su enfermedad y las alternativas de tratamiento que existan, así como también los riesgos que ello implica.
En cuanto a los mayores de 14 y menores de 18 años, la información debe ser entregada directamente a ellos, así como a sus padres o representante legales. Sin embargo, si éste solicita confidencialidad, el médico deberá acceder si estima que esto no implica riesgo para su salud.
Muerte digna
El presidente de la comisión de Salud de la Cámara, Marco Antonio Núñez (PPD), aseguró que "éste es un gran logro para el país, ya que se trata del quinto proyecto de la Reforma de la Salud, impulsado por el ex presidente Ricardo Lagos".
En tanto, la diputada Karla Rubilar (RN) asegura que lo que el proyecto plantea es que el paciente tenga una "muerte digna", aunque no deja abierta la puerta a la eutanasia. "Se le da autonomía al paciente, pero aún así hay criterios técnicos que considerar, así como la relación médico-paciente", dijo la parlamentaria.
Al respecto, el diputado Roberto Sepúlveda (RN) afirma que "de alguna manera se está magnificando la situación, el paciente puede rechazar el tratamiento desde hace muchos años".
Por su parte, el diputado Carlos Olivares (ex DC), médico de profesión, asegura que en algunas clínicas se practica el tratamiento invasivo para mantener con vida artificialmente a pacientes, lo califica de "reprochable".
El parlamentario dijo que "se aprobó el denominado testamento vital, que es la declaración por escrito de no querer recibir tratamiento en casos, por ejemplo, en que haya pérdida de conciencia", aclarando que se abstuvo debido a que no es partidario de la eutanasia, que a su juicio se concreta por hacer o dejar de hacer algo.
En cuanto a la posición de los médicos, Olivares dijo que la ley obligaría al facultativo a respetar la decisión del paciente, lo que en términos éticos se tornaría un tanto complejo, pues que estarían impedidos de aplicar una determinada terapia.
Otra visión es la del diputado UDI Juan Lobos, quien asegura que quedó tranquilo con respecto a dos artículos que contempla el proyecto, "el primero habla de los deberes y derechos de los menores entre 14 y 18 años de decidir impedir que sus padres sepan de su tratamiento… el segundo es con respecto al fantasma de la eutanasia, hubo discrepancia, pero quedó bien redactado", puntualizó.
En el Colegio Médico, en tanto, indicaron a El Mostrador.cl que aún se encuentran analizando el proyecto y que todavía falta que el texto sea visto por el Senado.
Otras disposiciones
Entre otras materias, la iniciativa regula el derecho a un trato digno y respetuoso para los pacientes. Para ello, los prestadores deberán utilizar un lenguaje adecuado y comprensible; normas de cortesía y amabilidad; proteger la privacidad del paciente, e indicar si el establecimiento tiene fines académicos.
El texto legal consagra el derecho a información respecto de la atención y las acciones de salud; las condiciones previsionales, documentos y trámites; las condiciones y obligaciones que deben cumplir las personas mientras se encuentran en un establecimiento de salud; y el procedimiento para realizar comentarios, agradecimientos, reclamos y sugerencias.
Sin embargo, el diputado Sepúlveda advierte que el proyecto fue aprobado con una falencia importante, que es asegurar "calidad", algo que no puede ser garantizado por el gobierno, ya que el 80% de los hospitales tiene una acreditación.
Por otra parte, Lobos afirmó que quedó disconforme en otros dos puntos. "En cuanto a la ficha clínica, hay inequidad en lo que compete a Fonasa y las Isapres, ya que se debe hacer una solicitud y se limita el acceso. Sabemos que Fonasa tiene una cobertura menor a la de las Isapres, por lo tanto las dos deben ser equitativas", sostuvo.
En el segundo punto coincide con el diputado Sepúlveda, en cuanto a que el proyecto olvida la calidad, "mientras no se concrete la acreditación de los centros de salud, no se les dará atención de calidad a los pacientes, en este punto creo que quedamos en deuda", enfatizó el diputado Lobos.
