Autoridades y empresas públicas estarán obligadas a publicar la información sobre sus gestiones.
Un importante paso en materia de transparencia de la gestión pública dio la
Comisión Mixta de Gobierno, presidida por el senador Hosaín Sabag, al
aprobar y despachar a la Sala, el proyecto que facilita el acceso a la
información pública y que crea un Consejo para la Transparencia que estará a
cargo de fiscalizar el cumplimiento de la ley.
La iniciativa, originada en una moción de los senadores Hernán Larraín y
Jaime Gazmuri, propone una serie de medidas para transparentar las funciones
y la información de los distintos poderes del Estado y de todas las
autoridades que están vinculadas al ámbito público.
Cabe recordar que el proyecto había sido aprobado en ambas ramas del
Congreso, pero hubo discrepancias entre los senadores y diputados respecto
de algunas de sus disposiciones, particularmente las relativas al Consejo
para la Transparencia, razón por la cual se conformó una Comisión Mixta que
tuvo que zanjar las diferencias entre ambas corporaciones.
Según explicó el senador Larraín el trabajo que realizaron en la Comisión no
sólo permitió avanzar con la iniciativa sino que implicó crear un Consejo
para la Transparencia, muy bien estructurado, con atribuciones que le
posibilitarán hacer cumplir la ley.
«Se creó un Consejo bien estructurado, con miembros propuestos por el
Presidente de la República y designados con acuerdo del Senado con un alto
quórum. Habrá cuatro miembros y la presidencia será rotativa, con lo cual
se despersonaliza un poco y se hace un trabajo más colegiado», manifestó el
senador.
Agregó que dicha entidad tendrá las atribuciones para fiscalizar, promover
la incorporación de conductas adecuadas en todos los ámbitos públicos y de
resolver las inquietudes y presentaciones que se realicen cuando se
produzcan conflictos o se deniegue injustificadamente entrega de
información.
Avances
En tal sentido, el senador Larraín señaló que «el proyecto original que
elaboramos junto al senador Gazmuri, se ve enriquecido con este Consejo
porque le da una dinámica operatoria, mucho más eficaz. Creo que estamos
dando un paso gigantesco para la transparencia de las actuaciones del sector
público, para hacer una democracia más participativa».
En esa línea, agregó que las autoridades de todos los ámbitos, sin
excepción, entre ellas las de los tres poderes del Estado, los alcaldes, las
Fuerzas Armadas, el Banco Central, las empresas del Estado y todo lo que
reviste sentido público «tienen que dar cuenta de sus actos ante la opinión
pública y tienen que responder de lo que hacen».
Según el senador Larraín existirá una transparencia activa y una pasiva, una
de las cuales obliga a las entidades a entregar información, sin que se le
solicite; mientras que la otra dispone la entrega de información específica,
que se debe hacer en los plazos razonables, con gratuidad y sin más costos
que los de reproducción del material.
«Estamos frente a un esquema que le va a dar una gran flexibilidad a la
ciudadanía en términos de poder conocer mejor que hacen sus autoridades y
por qué. Se fijan procedimientos que permitirán llevar a establecer
sanciones concretas y eso es relevante porque existen algunas normas en la
ley de bases de la administración del Estado, pero que han probado ser
ineficientes. Aquí no sólo hay un órgano nuevo, sino que procedimientos más
efectivos, sanciones más eficaces y certeza para lograr el objetivo»,
sentenció.
Por su parte, el senador Sabag destacó que el amplio consenso que hubo en
torno a la iniciativa, destacando que «los mayores avances se dieron a que
se estableció para todos los poderes y servicios del Estado, la obligación
de someterse a la ley de transparencia para la información».
Agregó que si bien este es un avance significativo en materia de
transparencia hay que tener mucho cuidado en establecer los resguardos
necesarios para que este nuevo cuerpo legal no sea utilizado maliciosamente.
«Esto es para que todo el mundo esté enterado de lo que hacen quienes
prestan servicio público, pero también está a disposición de los
delincuentes, de los plagiadores y de todos los que quieran hacer mal uso de
esta información. Por eso queremos ver que en algún momento determinado se
busque un grado de protección para evitar el mal uso», sentenció.
