Gremios de la pequeña y mediana empresa buscan fortalecer la institucionalidad del área, de modo que se haga un seguimiento detallado del Programa Chile Compite y del nuevo Estatuto de Empresas Públicas y también quieren algún tipo de financiamiento para sus organizaciones, que les ayude a fomentar la asociatividad.
Los gremios que representan a las PYME, que este viernes se reúnen con el nuevo ministro de Economía, Hugo Lavados, ya tienen una pequeña «lista corta» de solicitudes en algunos temas que consideran estratégicos, aún cuando reconocen avances relevantes durante la gestión de Alejandro Ferreiro.
Esto último, partiendo por un tema que concentró parte importante de los esfuerzos del año pasado: el nuevo Estatuto PYME, que por primera vez reconoció la existencia de especificidades en relación a este tipo de unidades productivas, que las hacen meritorias de una regulación más «amable» en los ámbitos sanitario, laboral y ambiental.
En Chile existen unas 690 mil empresas y casi el 79% (más de 543 mil) corresponden a microempresas; el 20% a pequeña y mediana empresa (140 mil); y sólo el 1% a grandes empresas y conglomerados industriales (siete mil), según cifras de Impuestos Internos de 2006.
En términos de empleo, el 40% de los puestos se agrupan en el segmento de las microempresas, el 50% en la pequeña y mediana y sólo el 10% en la gran empresa. Esto significa que casi el 90% del empleo lo genera la micro, pequeña y mediana empresa.
De partida, el sector PYME no vio con demasiados buenos ojos la salida de Ferreiro de la cartera, porque con él habían avanzado en muchos de estos asuntos y habían construido una relación importante, que pasó por temas como el nuevo Estatuto del área y el Programa Chile Emprende. En ese sentido, Lavados ya tiene un desafío fuerte que enfrentar, tomando y fortaleciendo el trabajo realizado por Ferreiro en ese sentido.
Los temas que el sector considera pendientes tienen que ver, entre otros, con lo que ven como la necesidad de crear una nueva institucionalidad en el área, porque estiman que un organismo especializado debe supervisar el cumplimiento del Estatuto PYME y también de las demás medidas contenidas en el Programa Chile Emprende.
El área estima que instancias como el Comité Público-Privado que opera en el sector no tiene las características de una instancia de seguimiento fino de los temas que ya se han acordado con la cartera.
«El Estatuto fue un enorme paso adelante, donde en aspectos regulatorios avanzamos muchísimo, pero dentro de los problemas vemos que éste no tiene institucionalidad, no hay cómo hacerlo exigible», dice Iván Vuskovic, presidente de Conupia y vicepresidente de la Conapyme.
Los gremios piden una especie de Superintendencia al respecto y a nivel político se ha sondeado la posibilidad de establecer una especie de Ombudsman o Defensor de las PYME frente al Estado, que haga exigible los «derechos» de éstas.
«A mí me gustaría que fuera una instancia con participación de los privados, algún tipo de Consejo, pero de carácter permanente. Lo otro es entregarle esas facultades al Comité Público-Privado, pero radicarlas allí», afirma Vuskovic.
Financiamiento a gremios
Hay otro asunto que hace rato viene rondando en las cabezas de los gremios y que tiene que ver con el delicado tema del financiamiento de estas entidades.
En el sector hay básicamente dos organizaciones «madres», la Conapyme y Conupia, de la cual en todo caso se desprenden una diversidad de gremios asociados, al comercio detallista, los transportistas, la mediana industria y el artesanado. Todas que tiene también una amplia representación regional.
Y son muy conocidas las dificultades de financiamiento que tienen cada una de estos sectores que, aunque han avanzado en mayores grados de asociatividad en los últimos años, en general los asociados son renuentes a «ponerse» con el trabajo gremial. Mucho les ha ayudado, sin embargo, el hecho de que como nunca antes el Ejecutivo ha interlocutado con ellos, otorgándoles validez y legitimidad frente a sus asociados.
Pero eso, estiman que lo que se requiere es generar un cierto marco que permita sostener en el largo plazo estas organizaciones- al menos las más grandes a nivel nacional- por la vía de fondos de promoción de la asociatividad u otros de ese tipo.
«Para que las relaciones entre el Estado y los gremios PYME sean en pie de igualdad tiene que haber un apoyo a los gremios nacionales y allí no hay nada. Desde que en la época de Pinochet se eliminaron los registros, no tenemos ninguna protección para los gremios», dice Vuskovic.
El problema de la competencia
Una tercera área que las PYME consideran relevante de profundizar es la que tiene que ver con aspectos relacionados con elementos relativos a la competencia y el tema antimonopolios.
«Sabemos que esto tiene que ver con temas muchos más de fondo que el Estatuto, tiene que ver con cómo se asignan los recursos en la economía, con cómo opera el mercado, en definitiva, con opciones de política económica y por ende la autoridad ha sido renuente a pronunciarse allí, pero creemos que en ello hay paño que cortar», dice Vuskovic.
La postura es que no se logró profundizar demasiado en este punto en el Estatuto del sector y si bien el fortalecimiento de las entidades antimonopolios es un avance, eso tampoco es garantía de que la fuerza de los más poderosos en el mercado siga llevándose la «parte del león» en la economía nacional.
En una de las asimetrías relevantes, al analizar lo que ha sido el devenir de este sector -pese a su enorme participación en términos de empleo y unidades productivas- este mismo segmento representa cerca del 15% de las ventas totales, mientras que las grandes empresas captan el restante. Incluso, el peso del sector PYME se ha ido reduciendo como porcentaje del PIB en los últimos años, pasando del 30% a principios de los 90 a cerca del 15%.
En un mercado como el nacional, objeto en los últimos años de un fuerte proceso de concentración, explicado por el impacto de la globalización en los mercados internos, la situación de las Empresas de Menor Tamaño (EMT) ha sido crecientemente compleja. Estimaciones privadas indican que el sector pierde anualmente unos US$ 4.000 millones, que van, en definitiva, de un modo directo o indirecto, a nutrir las rentas de las grandes empresas, producto de este fenómeno.
Por eso el asunto no es menor. Pero se han dado algunos pasos relevantes. Por ejemplo, D&S ha estado operando un acuerdo con sus proveedores para equilibrar las relaciones y pagos entre éstos y lo propio acaba de anunciar Cencosud.
Los gremios estiman que la FNE está actuando a nivel de grandes operadores- «pero en las más groseras», según dicen irónicamente- pero creen que no tiene los recursos ni el personal para meterse entre los «peces chicos», como sucede en naciones desarrolladas que tiene una gran preocupación por asegurar espacio a las pymes en la economía.
«La FNE a pesar de este incremento de personal que incluye la ley que se tramita en el Congreso incrementaría su planta como en 16 personas. Aún así sigue siendo de lejos la entidad regulatoria más chica del Estado, si se compara con muchas superintendencias y otras».
Y el sector público tampoco sale bien parado en esta materia. Se indica que sectores como el área de salud en el gobierno central o los municipios no está cumpliendo la instrucción presidencial de pagar a 30 días a los proveedores, lo que por cierto no constituye un «buen ejemplo» para los privados.
