En marzo comienza a operar Programa de Probidad y Transparencia del Gobierno

En marzo próximo concluye su labor el secretario ejecutivo de la Agenda de Probidad y Transparencia del gobierno, Rafael Blanco; sin embargo, al mismo tiempo comenzará a tomar cuerpo el Programa de Probidad y Transparencia, creado por la Presidenta Michelle Bachelet, y que tendrá un estatus homologable a una división al interior de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).



Así lo confidenció a El Mostrador.cl el propio Blanco quien recordó que fue designado en el cargo por Michelle Bachelet para "avanzar las iniciativas de probidad y transparencia que la Presidenta había definido como prioritarias" y en ello colaboró con la Segpres.



"Se decidió la creación de un Programa de Probidad y Transparencia en forma permanente en el Estado. Eso se va a alojar en la Secretaría General de la Presidencia. La Presidenta estimó que en un tema como este, más allá de que se requería la aprobación de un conjunto de medidas administrativas o legislativas, era necesario tener un espacio que permitiera -dentro del Ejecutivo- coordinar acciones en estas materias, elaborar informes y estudios, constituirse también en una contraparte del nuevo Consejo para la Transparencia", explicó Blanco.



Ello, porque según el profesional "alguien tiene que velar para que haya cierta uniformidad de criterios, dentro de todo el gobierno, de aquello que tiene que ver con estándares de probidad y transparencia y eso es parte de los roles que se van a asignar a este programa".



Agregó que esta instancia que comenzará a funcionar en marzo podría tener un símil en la Oficina Estatal de Estándares Éticos del gobierno estadounidense. Y su función será capacitar a los funcionarios, estableciendo criterios orientadores para entender y aplicar las normas de probidad y transparencia.



"Por lo tanto, esta unidad que se instala en la Segpres va a coordinarse con el Servicio Civil, va a tener a su cargo, además, todo el proceso de capacitación de funcionarios públicos", precisó Blanco.



En cuanto a su composición, el secretario ejecutivo de la Agenda de Probidad y Transparencia explicó que una persona será designada por la Presidenta y estará apoyada por un conjunto de profesionales.



Labor cumplida



Blanco deja la responsabilidad que se le había conferido con varios proyectos avanzados y leyes promulgadas. Por lo que en este contexto explica que la Agenda de Probidad tenía dos ejes de trabajo, un administrativo y otro legislativo. En el marco del primero, "dejamos instalado el ‘Gobierno Transparente’, que es este sitio web que está en todos las páginas web gubernamentales; aprobamos el proceso y plan de capacitación de funcionarios públicos que va a comenzar a funcionar a partir de este año".



En cuanto al aspecto legislativo, Blanco explica que durante el período que trabajó con la Segpres, "se ha aprobado la ley que establece los procedimientos que permiten que los funcionarios públicos que conozcan casos de corrupción puedan denunciarlos y tengan un estatuto de protección; acabamos de aprobar en el Parlamento la nueva ley de Acceso a Información y la creación del Consejo para la Transparencia; tenemos en comisión mixta y en un nivel de avance probablemente para transformarse en ley en marzo, el proyecto de lobby; también tenemos un avance muy importante en lo que dice relación con la reforma constitucional que obliga a hacer públicas las declaraciones de patrimonio de intereses de todos los altos funcionarios de la administración del Estado".



¿Fideicomiso Ciego?



Blanco aclaró que el tema del fideicomiso ciego "es parte del debate" y añadió que la Segpres presentó una reforma constitucional para obligar a todas las altas autoridades de la administración a que presenten una declaración pública -esto ya había sido aprobado en una ley anterior, la obligación de hacer declaración de patrimonio de intereses- de los ministros, subsecretarios, gobernadores, etc. Y que lo anterior "es complementario con un debate que se está llevando adelante por parte de la Secretaría General de la Presidencia, que complementa esta reforma constitucional y que dice relación con, efectivamente, la administración de bienes de aquellos que van a ser candidatos a la Presidencia de la República".



Y si bien no quiso ahondar en esta materia, por cuanto precisó que es el ministro Viera-Gallo quien está encabezando las conversaciones, admitió que éstas efectivamente están avanzadas.



El paquete de reformas incluye también la que apunta a terminar con la llamada "puerta giratoria" y que busca evitar que funcionarios que ocupan altos cargos en organismos fiscalizadores se traspasen al sector privado, llevando consigo información privilegiada. Esta iniciativa está en una segunda discusión en la Cámara, luego de haber sido aprobada en las comisiones de Constitución y Hacienda.



Y a partir de marzo comienza una discusión más intensa sobre el proyecto de reforma al Servicio Civil, al Sistema de Alta Dirección Pública. La idea es incorporar nuevos organismos. "Estamos convencidos que el Sistema de Alta Dirección Pública es un muy buen sistema para la designación de los altos cargos directivos, de los jefes y subjefes de los servicios, y subdirectores. Y el sistema ha generado muy buenas cifras y creemos que eso establece sistemas de acceso a la administración mucho más transparentes, competitivos, donde se eligen los candidatos por sus méritos, donde hay un proceso de selección muy riguroso", afirma.



Lo novedoso es que el gobierno presentó un proyecto de ley para incorporar algunas Superintendencias que no estaban en el sistema y otros servicios, como la Comisión Nacional de Medio Ambiente, el Servicio Electoral, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores y Seguros, la Corfo, que lo harán en calidad de mixtos: el director no se designa por alta dirección, pero sí el subdirector.



"Este es un debate que se tiene que producir en el Congreso y así es como viene propuesto el proyecto… en sus orígenes el Sistema de Alta Dirección Pública fue concebido para que los nombramientos o los servicios que se incluyeran en el sistema fueran aquellos que ejecutan políticas, pero no que las definen. Como la definición en este grupo de servicios es un poco más tenue se estableció un régimen mixto, donde hay una autoridad que está dentro de la línea de mando, que se designa por el sistema de alta dirección, y el jefe de ese servicio se designa por voluntad política exclusivamente", comenta.