Titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, pide detener el inicio del juicio oral y un pronunciamiento respecto a si la jurisdicción castrense tiene la facultad de sancionar a uniformados que cometan delitos comunes. De acogerse esta fórmula jurídica, sentaría un inédito precedente.
En una inédita presentación hecha el pasado jueves en el Tribunal Constitucional (TC), el titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, solicitó a la instancia que se pronuncie respecto a si es legal que se aplique el Código de Justicia Militar a dos carabineros que falsificaron un parte para imputar falsamente a un sujeto. Un hecho acreditado en una indagatoria por obstrucción a la investigación que lleva la Fiscalía Centro Norte.
En la presentación, según supo El Mostrador.cl, Urrutia pide que se detenga el procedimiento judicial del juicio oral, mientras no se resuelva el fondo del recurso.
La acción se basa en un dramático caso ocurrido en septiembre 2006 cuando dos funcionarios policiales -los cabos 1° Anthony Crespo y John Vera Aros- detuvieron a Mauricio Orellana en el supermercado Santa Isabel, ubicado en Portugal con Diagonal Paraguay.
El mismo día Orellana fue llevado al control de detención, donde el Ministerio Público lo formalizó por el delito de robo con intimidación al establecimiento.
Sin embargo, en junio de 2007 la justicia absolvió al sujeto pues todos los testigos habían mentido, incluyendo los carabineros, quienes obligaron a una cajera del recinto para que imputara falsamente a Orellana.
Urrutia, sabiendo que aún falta que la fiscalía acuse a los dos policías y cuatro civiles que trabajaban en el supermercado -y que ya fueron formalizados- decidió formular esta petición al TC, ya que en la preparación del juicio oral, la defensa de los uniformados plantearán la incompetencia del tribunal civil, solicitando que sean pasados a la Justicia Militar.
El magistrado es el mismo que a fines del año pasado trabó la contienda de competencia entre la justicia criminal ordinaria y la de jurisdicción castrense, en el marco de la investigación por el homicidio del cabo Luis Moyano. Este último, falleció por acción de un grupo de ex lautaristas que asaltaron una sucursal del banco Security en el centro de la capital.
Para este último caso, fue la Corte Suprema la que resolvió que el robo a la entidad financiera quedaba en manos del órgano perseguidor, mientras que la muerte del policía uniformado quedó bajo la tutela de la fiscalía militar.
Tres ojos y una espada
La nueva presentación de Urrutia busca que el TC se pronuncie sobre un hecho que ha sido ampliamente discutido en Chile y en el extranjero, respecto a la jurisdicción que debe tener la justicia castrense sobre los civiles que cometen delitos contra personal uniformado y cuando estos últimos cometen actos ilícitos comunes contra civiles.
Básicamente, según supo este diario, el escrito apunta a la falta de garantías, imparcialidad y violación de derechos constitucionales que se deriva de la justicia militar, la igualdad ante la ley y el debido proceso.
En este sentido, el país ya ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la aplicación de esta legislación, principalmente en el llamado caso Palamara, donde un civil que trabajó para la Armada y escribió un libro llamado "Ética y Servicios de Inteligencia" fue sancionado por un tribunal naval.
De acuerdo al razonamiento del tribunal, como también de diversos tratadistas, la justicia militar tiene una estructura propia que se basa en el sistema inquisitivo muy distinto al actual forma de persecución penal de los delitos, donde las facultades de investigar y fallar están separadas.
El TC tiene ahora dos chances. La primera es detener la realización del juicio oral. La segunda es resolver de antemano la aplicación de la justicia militar a los dos carabineros, lo que implicaría también emitir un pronunciamiento para casos posteriores.
