El primero fue jefe de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, el segundo su brazo derecho. Dourthé se fue a la estatal en 2003, mientras Salamanca realizó asesorías de seguridad -en total cuatro por $ 50 millones- sin que éstas fueran licitadas. Dourthé, según el organismo revisor no entregó los informes de otras seis empresas asesoras de EFE. Cuando los auditores fueron a requerirlas a sus oficinas, éstas no existían.
Casi $ 45 millones alcanzó a recibir de EFE el entonces asesor Jaime Salamanca Candia, antes de ser contratado por la estatal con el cargo de gerente de Normas y Seguridad.
Y es que Salamanca no es cualquier funcionario, hasta 2003 fue el brazo derecho de quien fuera el Jefe de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset), Antonio Dourthé. A su vez, este último partió a EFE, con un cargo gerencial en la estatal cuando dejó esa repartición.
Ello le permitió a Salamanca asesorar a la firma de ferrocarriles en tres proyectos. El primero en diciembre de 2003 -Asesoría Técnica Plan Integral de Seguridad Operativa- por $14 millones 850 mil. Le siguió otro en abril de 2004 y otro similar en 2005, con $ 15 millones cada uno y otro de cinco millones. El administrador de todos estos contratos era precisamente Dourthé.
Más allá del vínculo DC que lo une a Dourthé, Salamanca no aparece cuestionado por no haber realizado los trabajos para los que fue contratado, según la Contraloría, pero ambos aparecen ejecutando una práctica negativa para las investigaciones de la Contraloría: negación de información.
Según el documento 24823-2007 del organismo, firmado por el auditor Marcel Barnier Valdevenito, Dourthé fue administrador de una serie de proyectos. Pues bien la fiscalía interna sólo allegó un informe tres contratos a la Contraloría. Los auditores, entonces decidieron recorren Santiago buscan los documentos necesarios para validar el dinero pagado.
Pero la sorpresa fue mayúscula. BMG asociados ya no existía en la dirección y había recibido poco más de 30 millones por dos asesorías y el teléfono ya no pertenecía a la firma. Le siguieron los casos de la consultora González y Donoso con $ 60 millones, Capser con 20 millones, MP y Servicios de Ingeniería Limitada y Loop S.A., con poco más de $ 15 millones.
Pero el caso que complica a Salamanca es el de Senda, ya que él era su administrador, según el documento de la Contraloría. Este organismo llamó a las oficinas de la firma, pero no habría obtenido respuesta, mientras que el propio Salamanca negó la autorización. Los papeles no pudieron ser accesados.
Este diario se comunicó ayer con el representante legal de Senda, Luis Vega Ferrer. Este último confirmó que la Contraloría sólo hizo un llamado telefónico requiriendo la información, pero indicó que nunca hubo una solicitud formal de la misma.
Explicó que efectivamente sus contratos con EFE tienen una cláusula de confidencialidad que no puede violar, por lo que si la Contraloría se los hubiera exigido sobre la base de un documento, no habría tenido problemas con entregarlos. "Tengo todos los contratos y las copias de todos los informes en regla", manifestó.
Aristas varias
Actualmente el caso EFE es investigado, en el marco del sistema antiguo, por el ministro en visita Omar Astudillo.
En esta investigación está sometido a proceso un operador de EFE, Rodrigo Tagle, por cuatro casos de estafa al fisco, ya que se embolsó, abultando contratos con empresarios, poco más de $ 80 millones, en la aristas relacionada con el alhajamiento de las oficinas de la estatal en Morandé 115.
El magistrado también encausó a otro ex gerente de EFE, Claudio Carreño por fraude al fisco y negociación incompatible. A su vez ambos están formalizados por delitos similares en el Ministerio Público Centro Norte.
Tanto en la justicia antigua como en la reforma, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) es parte. Para el caso de la fiscalía este organismo presentó hace poco más de una semana una querella criminal contra el ex director de EFE, Luis Ajenjo, su ex gerente general Eduardo Castillo y Patricio de Gregorio, hermano de José, presidente del Banco Central, por malversación de caudales públicos.
Ajenjo, y Castillo a su vez están citados a declarar en calidad de inculpados por Astudillo, junto a otro gerente de la estatal, Jorge Letelier de la Cruz.
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