Seis ex militares y cuatro civiles fueron sentenciados por su responsabilidad en el envío de armamento. El único absuelto por el juez Alejandro Solís fue el general (R) Carlos Krumm.
Condenas de hasta cinco años de cárcel deberán enfrentar los involucrados en el tráfico de armas a Croacia, registrado en noviembre de 1991, según el fallo dictado este martes por el ministro en visita Alejandro Solís, tras poco más de dos años de investigación.
Las mayores penas las deberán enfrentar el general de Ejército (R) Guillermo Letelier Skinner (ex director de Famae) y su símil de la FACH Vicente Rodríguez Bustos, también en retiro, como autores de exportación ilegal de material bélico.
Por el mismo ilícito, a tres años y un día de prisión fueron condenados los capitales (R) Patricio Pérez Villagrán (FACH), Pedro Araya Hermosilla (Ejército), el coronel (R) David Manuel Fuenzalida González (Ejército) y el mayor (R) Carlos Sepúlveda Cataldo.
Adicionalmente, el empleado civil del Ejército Ramón Pérez Orellana deberá enfrentar una condena de tres años y un día de prisión, además de una pena adicional de 541 días en calidad de autor de falsificación de instrumento público.
Como cómplices de exportación ilegal, el civil Antonio Sahd Salomón enfrenta una pena de 600 días de prisión, el ex agente aduanero Sergio Pollman una de 541 días de prisión, al igual que Carmen Gloria Molina, ex secretaria de Famae.
Antonio Sahd Salomón era gerente de la empresa Main Cargo, que gestionó el embarque aéreo de los 36 bultos que aparecieron en el aeropuerto de Budapest (Hungría) y que tenían como destino final Zagreb; y Polmann Müller realizó labores de agente de aduanas para el embarque.
En su fallo, el juez también absolvió al general retirado Carlos Enrique Krumm, ex director de Logística, quien también enfrentaba cargos como autor del delito de exportación ilegal de armamento. Antes ya había sido absuelto el ex empleado civil de Famae y otrora encargado de finanzas, José Sobarzo Poblete.
La operación
Los 36 bultos con material de guerra, simulados como ayuda humanitaria, fueron descubiertos a fines de noviembre de 1991 en el aeropuerto de Budapest, Hungría, y en su tiempo causaron un serio conflicto diplomático a Chile, pues Croacia se encontraba con embargo de armas decretado por Naciones Unidas debido al conflicto que desangró a la ex Yugoslavia.
Cuando fue descubierto el cargamento, el entonces titular de Defensa, Patricio Rojas, solicitó a la Corte Suprema designar un ministro en visita para que investigara el caso, cargo que recayó en el ministro Enrique Correa de la Cerda
En enero de 1992, este magistrado tenía claro que la operación involucraba a altos mandos castrenses, por lo que interrogó al jefe del Departamento de Logística del Ejército, coronel Gerardo Huber, quien tras prestar testimonio ante el juez murió en extrañas circunstancias.
Su caso, caratulado como homicidio, es instruido por ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel Claudio Pavez, quien mantiene procesado a varios militares como autores de una asociación ilícita destinada a encubrir el asesinato.
Correa de la Cerda murió de cáncer gástrico a los pocos meses después y tras su deceso sufrió la investigación sufrió paralización pues su reemplazante, el actual ministro de la Corte Suprema Ricardo Gálvez, envió el proceso a la justicia militar donde durmió por casi quince años sin que se aclararan los hechos en su totalidad.
De hecho, en la primera investigación llevada por la justicia castrense sólo fueron condenados como responsables los capitanes Pérez Villagrán, Pedro Araya Hermosilla y Pérez Orellana, todos ellos mandos medios de la institución.
