Se trata del mayor monto que un tribunal chileno ordena pagar al Estado por las violaciones a los derechos humanos registradas en dictadura. Decisión unánime de la Séptima Sala del tribunal de alzada rechaza la tesis de la prescripción de la acción civil, que ha sostenido el Consejo de Defensa del Estado para oponerse a las reparaciones monetarias para los deudos de las víctimas.
La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió acoger la demanda civil a favor de la familia del asesinado líder sindical Tucapel Jiménez Alfaro y ordenó al Fisco a pagar una indemnización de $ 1.200 millones a los deudos.
La decisión del tribunal, firmada por unanimidad por los jueces Patricio Villarroel, Mario Rojas, y el abogado integrante Francisco Tapia, fue notificada hace pocos minutos al abogado José Luis Acevedo, que sucedió al histórico abogado de la familia, Jorge Mario Saavedra.
En ocho considerandos, los magistrados se pronuncian sobre la figura de la prescripción de la acción civil, que ha sido la piedra de tope para una parte de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, acogiendo la tesis de que es posible de que el Fisco indemnice a los familiares por los actos cometidos por agentes del Estado.
"Que para los sentenciadores no cabe duda que el plazo de prescripción puede computarse, en este caso, desde la fecha en que quedó a firme la sentencia dictada en el proceso criminal por el homicidio de Jiménez Alfaro, pues si no fuera así, y por el contrario se aceptara que el tiempo para reducir la acción indemnizatoria, corre desde la comisión del homicidio, los afectados jamás podrían hacer valer el derecho que les otorga el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, ni acudir a la sentencia condenatoria como fundamento de la indemnización que impetran", señala el considerando quinto.
A partir de ese razonamiento, los magistrados estimaron que "si bien no puede justificarse con esa actitud (el mal causado), por no ser tangible el daño moral", consideraron procedente que el Estado pague por tal concepto a los familiares de la víctima.
En total, son seis beneficiarios: Su viuda, Haydeé Fuentes Salinas, y sus hijos Francisca, María Antonieta y Tucapel Jiménez Fuentes; Rodrigo Jiménez Roa y Sara Jiménez Weber. La resolución también señala que los pagos deberán hacerse con los reajustes relativos al IPC entre la fecha de la sentencia y el pago a los demandantes.
A contar de ahora, empieza a correr el plazo que tiene el Consejo de Defensa del Estado para recurrir a la Corte Suprema. La Primera Sala del máximo tribunal será la encargada de analizar los argumentos que, probablemente, interpondrá el CDE para tratar de rebajar esta millonaria indemnización.
Jiménez fue asesinado el 25 de febrero de 1982, cuando ocupaba la presidencia de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). El crimen, cometido por personal de los organismos de seguridad del régimen militar, permaneció durante 17 años en manos del ministro Sergio Valenzuela Patiño, sin que éste pudiera establecer el detalle de los hechos, así como a sus autores. Sin embargo, el juez Muñoz logró esclarecerlo en un plazo cercano a los tres años.
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