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Proyecto obliga a instalar infraestructura para discapacitados en playas

por 30 enero, 2008

El texto, remitido para su estudio a las comisiones de Recursos Naturales; Bienes Nacionales y Medio Ambiente, ''busca lograr paulatinamente la plena integración de las personas discapacitadas al disfrute de los espacios naturales''.
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Un grupo de parlamentarios de distintas bancadas presentó una moción que establece la obligación de la autoridad competente o de los concesionarios respectivos de las playas, de contar con infraestructura de acceso para personas que sufren algún tipo de discapacidad.



El texto fue presentado por los diputados radicales Fernando Meza y Carlos Abel Jarpa, con el apoyo de Isabel Allende (PS), Marisol Turres (UDI), Enrique Accorsi (PPD), Alfonso De Urresti (PS), Antonio Leal (PPD), Juan Lobos (UDI) y Jorge Sabag (DC).



Los legisladores señalan que en la actualidad existe una tendencia mundial a establecer vías de acceso a favor de los discapacitados en los lugares de esparcimiento. En Chile, citan como ejemplo las playas de Pichidangui y del lago Peñuelas, las cuales cuentan con un sendero habilitado para personas no videntes y con discapacidad motriz.



El texto, remitido para su estudio a las comisiones de Recursos Naturales; Bienes Nacionales y Medio Ambiente, "busca lograr paulatinamente la plena integración de las personas discapacitadas al disfrute de los espacios naturales", señalaron los parlamentarios radicales.



Para ello, el proyecto agrega un nuevo artículo a la Ley que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad, señalando que "todas las playas del territorio de la República deberán disponer de infraestructura necesaria para el acceso de personas con cualquier tipo de discapacidad".



Los parlamentarios del PRSD señalaron que a través de la dictación de la ley sobre normas para la plena integración social de personas con discapacidad, se estableció que la prevención de las discapacidades y la rehabilitación constituyen una obligación del Estado, y a la vez, un derecho y un deber de las personas con discapacidad, de su familia y de la sociedad en su conjunto. Para ello, entre otras cosas, el Estado deberá ejecutar programas destinados a las personas discapacitadas, de acuerdo a las características particulares de sus carencias.



"Es por eso que nuestro gobierno ha implementado una serie de políticas para incorporar a la vida cotidiana de nuestra sociedad a las personas que sufren de cualquier tipo de discapacidad, lo cual ha apuntado, principalmente, a la inserción académica y laboral de estas personas. Esto considerando que en nuestro país el 12,9% de la población presenta algún tipo o grado de discapacidad", agregaron.



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