«Me parece una respuesta absolutamente coherente con lo que debe ser la actitud de un alto uniformado», afirmó el diputado Fernando Meza.
El vicepresidente del Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), Fernando Meza, manifestó su satisfacción por el modo en que el Ejército resolvió la polémica que había surgido en torno al jefe de la Guarnición de Santiago, general Gonzalo Santelices Cuevas, cuestionado por su participación en hechos de violaciones a los derechos humanos.
«Me parece una respuesta absolutamente coherente con lo que debe ser la actitud de un alto uniformado. Es más, cualquier uniformado tiene que mantener una actitud ética y de responsabilidad absoluta con sus actos y en este caso el Ejército y el propio general, han actuado con el deber que corresponde al alto grado militar que posee», agregó el diputado.
Meza señaló que «se ha demostrado, como debe ser en una república democrática, la independencia que existe entre los poderes del Estado y entre las instituciones que lo conforman. El gobierno de la presidente Michelle Bachelet ha mostrado una no ingerencia en los asuntos internos de las instituciones de las Fuerzas Armadas y eso ha sido positivo».
De igual manera el parlamentario radical señaló que ahora, la Justicia podrá realizar su trabajo sin presiones de ningún tipo, que no sea la lógica de la ciudadanía por esclarecer los hechos, situación que ocurre con cualquier chileno que se somete a las leyes de la República
«Cualquiera de nosotros que el día de mañana tenga que responder ante la justicia por una imputación o por una denuncia debe ponerse en absoluta disposición de la justicia para que esta actúe como la ley lo determina y en ese sentido la actitud del general Santelices lo enaltece", aseguró.
El general Santelices deberá declarar próximamente en calidad de inculpado por el delito de homicidio calificado en el caso Caravana de la Muerte, por su participación en el asesinato de 14 presos políticos en Antofagasta.
Su renuncia se produjo luego que la semana pasada se hiciera pública la participación del militar en la causa, lo que motivó que parlamentarios de la Concertación y agrupaciones de derechos humanos solicitaran al Gobierno que pidiera al jefe castrense que diera de baja al uniformado.
