Fustigando a abogados de DDHH que gestaron su salida, el uniformado deja hoy la institución, tras ser vinculado a la Caravana de la Muerte. Insistió que en la época era un subteniente y que sólo podía obedecer órdenes, aunque admitió que los hechos son injustificables. Gobierno mantendrá criterio de analizar individualmente cada caso.
El general Gonzalo Santelices entrega este martes su mando, luego que el lunes renunciara al Ejército, debido a que fue vinculado a los delitos cometidos por la Caravana de la Muerte en su paso por Antofagasta en 1973, y su participación en llevar a los prisioneros a los fusilamientos, posteriormente recogerlos y trasladarlos a la morgue, según le declaró al ex ministro Juan Guzmán.
Sin embargo, Santelices dejó redactada una carta -según averiguó El Mostrador.cl-, donde manifiesta su desazón por la situación que lo afectó, haciendo hincapié en que los hechos ocurridos fueron injustificables y deleznables y destacando su desempeñó institucional para relevar el tema derechos humanos al interior de la institución.
Al mismo tiempo, fustigó las intenciones de los abogados de derechos humanos que posibilitaron su salida, insistiendo en que al momento de los hechos era un subteniente que no podía sino obedecer las órdenes que le daba la superioridad.
"Por eso me parece incomprensible el virulento ataque se hace a través mío al Ejército, que en definitiva puede causar un grave daño a Chile, porque el odio engendra odio", escribió Santelices.
A renglón seguido insistió en sus palabras: "Sólo tengo un gran sentimiento de preocupación por Chile, debido a que quienes propician el odio, no quieren la reconciliación y la paz que la mayoría desea, tienen cada vez mas éxito en el cumplimiento de sus especiales propósitos".
Izurieta monitoreó caso
Lo que va quedando claro, luego de la renuncia de Santelices, es que más allá de si la participación real es probada por los tribunales, existe un deber ético del Ejército en evitar que militares que pudieran ser cuestionados por sus vínculos en casos de violaciones de derechos humanos, lleguen al alto mando institucional.
Y es que pese a que el 24 de septiembre del 2002 el entonces coronel Santelices presentó sus declaraciones a los tribunales, reconociendo que cuando estuvo destinado en Antofagasta, en octubre de 1973, sólo cinco años después el Gobierno y el Ejército se enteraron de hechos en los que participó quien ejercía como jefe de la Guarnición Metropolitana.
Tras dos semanas de polémica, la entidad castrense decidió cerrar el episodio pidiendo la renuncia a Santelices, pese a que oficialmente se indicó que el uniformado quien presentó su dimisión. Cuando el Gobierno se comunicó el pasado miércoles con el jefe de la institución castrense, general Óscar Izurieta, ya le había dado a entender que la permanencia de Santelices no era bien vista luego de conocerse las declaraciones que hizo ante la justicia.
Izurieta, quien se encontraba de vacaciones, pero monitoreó de cerca la situación pues no había salido de Santiago, evaluó el tema y conversó con el general Santelices, quien ha sostenido su inocencia en función de que sólo debió obedecer órdenes de sus superiores.
Sin embargo, primó que la tesis de que el recién nombrado jefe de Guarnición Metropolitana debía alejarse -a un día de cumplir sus 55 años- porque sería "impresentable" que se mantuviera en un cargo que, entre sus funciones más públicas, debe pedir la autorización a la Presidenta Michelle Bachelet para iniciar la Parada Militar y ser jefe de plaza en las elecciones.
Desconocimiento de las autoridades
El titular de Defensa, José Goñi, aseguró que no conocía de las declaraciones ante los tribunales del general Santelices, sino que se informó "por la prensa hace unos días atrás". Una situación grave para quienes conocen cómo opera el mecanismo de ascenso de los militares, teniendo en cuenta que el testimonio ante Guzmán lo prestó un año antes de que la entonces ministra de Defensa y hoy Presidenta, Michelle Bachelet, lo ascendiera a general.
En círculos cercanos a Defensa se señala que situaciones como la del general Santelices, "hacen que los procesos sean más rigurosos" para analizar los ascensos de oficiales, pero se enfatiza que las organizaciones de derechos humanos son consultadas en todos los casos.
Sin embargo, en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) comentaron que Defensa "nunca ha preguntado nada sobre el ascenso de oficiales, son políticas gubernamentales los ascensos de los uniformados". En ese sentido, consideran que debe existir "una política general para todos los uniformados que hayan participado en violación a los derechos humanos y en la cual se separe de las instituciones a quienes estén involucrados".
Situación especial
Pero la política del Gobierno será la de analizar "caso a caso", pues se sostiene que lo de Santelices es distinto a la que ocurre, por ejemplo, con los oficiales del Alto Mando que han sido mencionados en el caso Paine. Ante ello se recalca que existe una declaración del propio militar en que confirma haber trasladado detenidos desde la cárcel de Antofagasta, en 1973.
Al ser requerido Goñi en cuanto al cambio de política en el Ejército, pues hasta este lunes sólo renunciaban quienes estuvieran procesados, dijo que "se ha dado una situación especial, particular ante la cual el Gobierno ha expresado su opinión al Alto Mando y este ha tomado una resolución que reitero nos satisface plenamente".
Destacó que con esta decisión y la forma en que se ha resuelto el caso, "el Ejército ha ganado mucho y el país ha ganado mucho" y reiteró que "es importante la presunción de inocencia que se establece para todos".
Santelices tiene "el mérito" suficiente para alejarse del Ejército, señalaron fuentes cercanas a Defensa, ya que al reconocer que sacó detenidos desde la cárcel de Antofagasta "no era posible que estuviese al mando de la Guarnición Metropolitana del Ejército".
En cambio, los generales Julio Baeza, Cristián Le Dantec, Guillermo, Castro y Eduardo Aldunate, mencionados en el caso Paine, no han reconocido participación en los hechos y el entonces coronel Andrés Magaña no ha entregado pruebas concretas.
Por eso, continúan en la institución ya que el propio Izurieta dijo hace días que las personas tienen derecho a la "presunción de inocencia" y el lunes reiteró que "asignar responsabilidades a través de los medios de comunicación social, vía liberación de expedientes, o parte de ellos que ni siquiera han sido resueltos por los jueces, o por el solo merito que las personas estuvieran en una determinada unidad, no contribuyen en nada a lograr la Justicia que todos los chilenos anhelamos".
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