Esto luego de un intercambio de notas entre la embajada chilena en Buenos Aires y la Cancillería del vecino país para aclarar el caso.
El embajador de Chile en Argentina, Luis Maira, no ha hecho uso de su derecho a importar importar un vehículo con franquicia diplomática, por lo que no tiene relación alguna con la investigación que lleva adelante un juez bonaerense respecto a las irregularidades que, al respecto, habrían cometido funcionarios de otras legaciones.
Así lo señala un comunicado emitido este miércoles por la representación chilena en Buenos Aires y que se basa en el «intercambio de notas» que llevó a cabo conjuntamente la Cancillería argentina a fin de aclarar este tema.
De este modo, sostiene que Maira «no ha hecho uso de su derecho a importar un vehículo con franquicia diplomática, ni ha tenido participación en otras solicitudes presentadas para la importación».
Agrega que el ministerio de Relaciones Exteriores del vecino país aprovechó la oportunidad para señalar que «ni el prestigio ni la conducta del señor embajador están afectados por la investigación interna sobre las presuntas irregularidades».
Según el comunicado, el intercambio epistolar permitió a la Cancillería argentina, «luego de un informe de su Dirección de Tratados, ha confirmado la vigencia de las notas reversales suscritas entre nuestros países en 1974, que disponen que no se requiere de plazos mínimos para la nacionalización de automotores libres de tributo en caso del cese de funciones de un diplomático o miembro de las misiones militares de Chile».
«Como consecuencia de lo anterior, no podrían existir irregularidades en los casos investigados por un incumplimiento de los plazos para la venta y nacionalización», agregó.
La embajada reconoció finalmente «la amabilidad y prontitud» con que el canciller argentino Jorge Taiana facilitó este intercambio de notas y reiteró «su total disposición a colaborar con cualquier investigación que la Cancillería o la Justicia argentinas lleven a cabo para que se establezca, en el menor tiempo posible, la responsabilidad individual que pudiera afectar a funcionarios diplomáticos o militares en relación con este asunto».
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