Enrique Vicente Molina fue fiscal naval tras el golpe. Hay quienes lo reconocen en interrogatorios y ordenando detención de personas que fueron torturadas por marinos. Familia del sacerdote Miguel Woodward, muerto en el buque Esmeralda, cree que el funcionario debe renunciar, pues como el CDE es querellante tiene acceso a la causa.
La "renuncia ética" que formalizó este lunes el general Guillermo Santelices, vuelve a poner en el tapete si personeros que tuvieron participación directa o indirecta en las violaciones de derechos humanos deben seguir en sus cargos.
El caso trae a colación la situación que enfrenta el procurador del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de la Quinta Región, el abogado Enrique Vicente Molina.
El profesional, que fue fiscal naval después del golpe militar del 73, interrogó a varias personas, ordenó la detención de otras, que fueron torturadas por funcionarios de la Armada. Algunos de estos últimos aparecen relacionados a la muerte del sacerdote anglo-chileno Miguel Woodward.
Es del caso señalar que Vicente desde su cargo tiene acceso a la investigación que ahora tramita la ministra Eliana Quezada y, al mismo tiempo, fue querellado por el abogado Guillermo Kegevic, por su eventual responsabilidad como fiscal naval en distintos hechos indagados por la justicia, entre ellos la muerte de su padre.
De hecho, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (PDHMI), continuador natural de la Comisión Rettig, tardó cerca de tres años acceder a la causa.
En otras palabras, el jefe del CDE en la Quinta Región actúa con una doble calidad, a la vez de imputado y querellante.
Si bien el caso no es exactamente igual al caso ocurrido con Santelices, cierto es que se pone entredicho la independencia que debiera tener un funcionario de esa investidura, en procesos sensibles como son los de derechos humanos, lo que afecta la imagen pública del CDE.
Para el abogado del PDHMI, Boris Paredes, quien ha estado ligado a la causa de Woodward, «es inaceptable que Vicente continúe en su cargo».
"Esto es a todas luces irregular. Tiene copia del expediente y, a la vez, actúa como querellado por lo que debería al menos abstraerse», criticó Paredes.
Fred Bennet, esposo de Patricia Woodward, hermana del sacerdote desaparecido dijo a El Mostrador.cl que es "un verdadero escándalo que Vicente, como el segundo hombre del CDE en Valparaíso, Luis Winter Igualt, otro fiscal naval para el golpe, sigan en sus cargos, porque para nosotros son encubridores".
"Al menos el general Santelices tuvo el valor de admitir su participación, mientras que Vicente no ha tenido la suficiente hombría de hacerlo», manifestó Bennet.
Acusaciones
En el caso Woodward, declaró el comandante (R) de Carabineros Marcelo Vargas Goas, según publicó el 21 de mayo de 2006 el diario La Nación. Este último reconoció que después del golpe detuvo a unas 20 personas por orden de Vicente. "Las diligencias que cumplíamos en el Servicio de Inteligencia de la Comandancia del Área Jurisdiccional de Seguridad Interior y las ordenaba la Fiscalía Naval, siendo fiscal el capitán Enrique Vicente". En 2004 testimonió el suboficial (R) de Carabineros Guillermo Peña González.
En distintas entrevistas que ha dado Vicente, una de ellas a El Mercurio de Valparaíso en 2003, niega haber participado en torturas o tener conocimiento de ellas, ya que todo su trabajo estuvo centrado en las oficinas d ella fiscalía naval de la época.
Sin embargo, la querellante Nina Reyes, que estuvo detenida seis meses por orden de Vicente -según La Nación– lo contradice. "Una vez, cuando me interrogaban y torturaban en el Silva Palma, me corrí la capucha y vi quien me interrogaba. Era rubio, como alemán, con uniforme de comando de la Armada (camuflado). Me quedó grabado un anillo tipo tuerca que usaba, de oro, con iniciales E.V.", declaró en el proceso el 31 de marzo de 2004.
Cuando quedó libre fue a la Fiscalía Naval por una diligencia. "Fui para que me autorizaran sobre una propiedad. Al fiscal Enrique Vicente, que ahora vestía uniforme azul de la Armada, lo reconocí como el que me interrogó bajo apremio físico cuando me corrí la capucha".
¿Criterios igualitarios?
El caso instala una problemática de criterio tanto para La Moneda, como también al presidente del CDE, el DC Carlos Mackenney, porque un funcionario bajo su autoridad se encuentra cuestionado de actuar incompatiblemente en su cargo.
Si bien el Ejecutivo, a través de el ministro portavoz, Francisco Vidal, ha señalado que debe primar la presunción de inocencia en casos donde los imputados, militares o civiles no se encuentren sometidos a proceso, el titular de Defensa José Goñi, valoró la renuncia de Santelices.
Esta es la segunda vez que Mackenney se enfrenta a un problema de incompatibilidad de funciones. Anteriormente, se produjo por la empresa que creó la a consejera y ex titular del CDE, Clara Szczaranski –Compliance Consulting– dedicada a prestar asesorías en materias antilavado de activos, junto a dos funcionarios del organismo especializados en esta materia y que trabajan en ella en la actualidad para los intereses del fisco.
El CDE, desde la primera denuncia hace unos cuatro años contra Vicente, apoyó su permanencia en el cargo, bajo la égida de Szczaranski.
Pero ahora existe otra testera en el CDE, cuestión que debiera pesar a la hora de analizar alguna decisión, ya que Mackenney mantiene cercanía con la Presidenta Michelle Bachelet, aunque Lagos lo nombró en el cargo. Tanto Mackenney como Bachelet son hijos de ex uniformados.
Este medio intentó obtener una opinión tanto de Vicente como Mackenney. El primero, pese a dejar recados a su secretaria no devolvió los llamados, mientras que el segundo salió ayer de vacaciones. Se trató también de requerir una versión del presidente (S), el consejero Eduardo Urrejola, pero a través del departamento de comunicaciones del CDE se indicó que no habría un pronunciamiento sobre el particular.
