Ejército debió informar sobre el testimonio que el ex jefe de la Guarnición Militar prestó ante el juez Juan Guzmán, cuando la entonces ministra Michelle Bachelet visó su ascenso en 2003. General (R) Cheyre afirma que siempre entregó todos los antecedentes a las autoridades, pero el actual titular de Defensa dice que ese dato no llegó. Claramente algo no calza.
Cuando en agosto del 2003 la Junta Calificadora de Oficiales del Ejército propuso a la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, al ascenso del coronel Gonzalo Santelices nadie pudo aventurar que su promoción se transformaría en el principal conflicto cívico-militar de la administración de la hoy Presidenta de la República.
Sin embargo, las últimas declaraciones antiguos altos funcionarios de la cartera de Defensa, como el ex ministro Jaime Ravinet o el ex subsecretario de Aviación Nelson Haddad, han sembrado un manto de dudas respecto al conocimiento que se tenía sobre la participación de Santelices en el traslado de víctimas de la Caravana de la Muerte.
¿Supo Bachelet o su subsecretario, Gabriel Gaspar, que el entonces coronel había declarado ante el juez Juan Guzmán Tapia? ¿El Ejército estaba obligado a informar sobre la comparecencia judicial? ¿Y las actuales autoridades de Defensa, qué datos tuvieron a la vista para visar en 2007 la nueva promoción de Santelices?
Según pudo averiguar El Mostrador.cl, las hojas de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas, uno de los documentos que analizan las autoridades de Gobierno para resolver los ascensos, son actualizadas anualmente. Sin embargo, las antiguas se van almacenando en un archivo.
La elaboración del documento se efectúa con un cierto desfase respecto de la fecha en que se realizan las calificaciones, en agosto de cada año. Es decir, la información que la Junta Calificadora analiza va desde agosto del año anterior hasta julio del año en que se realiza el proceso.
Los informes constan de tres partes: que el oficial cumpla con los años necesarios como coronel para ascender a general de brigada; que el uniformado se mantenga en la lista 1, donde están los mejores oficiales; y el tercer punto -el más importante- es el análisis de sus antecedentes personales y profesionales, que lo efectúa la Dirección de Personal de cada institución.
En el caso de Santelices, éste concurrió a los tribunales en calidad de testigo el 24 de septiembre del 2002. Por ello, dicho antecedente debió haber estado en una de las tres partes de las hojas de vida que el Ejército entregó en 2003 al ministerio, pues se trataba de un hecho relevante para un coronel en servicio activo.
Cuando se es general, en cambio, no se realiza una junta para evaluar las promociones de grado. Con Santelices, que en 2007 fue ascendido de general de brigada a división, se debió haber elaborado un detalle más breve de los cargos que ocupó y se entregó al ministerio. Sin embargo, más bien se trata de una recomendación del comandante en jefe, pues los otros generales no intervienen.
El factor Cheyre
El actual ministro de Defensa, José Goñi, aseguró que las autoridades de la cartera no fueron informadas "por los canales institucionales" de esa situación, ni en 2003 ni tampoco en 2007.
De esta manera, se desprende, la Junta Calificadora de Oficiales del Ejército de 2003, encabezada por el general Juan Emilio Cheyre, al entregar los antecedentes al Ejecutivo, habría omitido que Santelices declaró ante el entonces juez Juan Guzmán Tapia.
Quienes han conversado en los últimos días con Cheyre aseguran que éste sabía que el ahora ex jefe de Guarnición Militar de Santiago había prestado testimonio en el marco del caso Caravana de la Muerte en 2002, pero consideró irrelevante incorporar este antecedente.
Según las mismas fuentes, estimó que la declaración de Santelices calzaba con el proceso de colaboración con la justicia impulsado en su gestión, considerando además que concurrió ante Guzmán en calidad de testigo. Más aún, teniendo en cuenta que tampoco había indicios de que sería procesado, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
Sin embargo, el propio uniformado dijo ayer a La Tercera que "siempre puse todos los antecedentes en conocimiento de las autoridades pertinentes, de acuerdo a un sistema claramente establecido".
Además, fuentes de otras ramas castrenses aseguran que el Ejército debió haber incluido ese antecedente y que les resulta extraño que, según de acuerdo a la versión entregada por Goñi, no lo haya hecho.
El ex juez Guzmán también ha recordado que el sumario del proceso estaba a disposición tanto del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y del Ministerio del Interior, querellante en todos los casos de violaciones a los derechos humanos. De esta manera, si el Ejército efectivamente no informó, también fallaron los sistemas de control del propio Ejecutivo.
Tampoco cuadra que el ex ministro Ravinet supiera que Santelices fue a declarar ante Guzmán y su antecesora ni sus sucesores no se enteraran de ello. Además según la Constitución, las Fuerzas Armadas dependen del Ministerio de Defensa.
El Gobierno, en tanto, señala que sobre este tema "no tiene más qué decir". Así lo subrayó el ministro del Interior, Edmundo Pérez, quien destacó que "ya hay demasiadas opiniones. La opinión del gobierno es que este es un tema terminado".
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