Se trata de las administraciones del radical Alfredo Bañados, a quien el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, también PRSD, le pidió la renuncia cuando asumió la cartera y el falangista Juan Carlo Pérez. Todo se enmarca en anomalías detectadas en el organismo, como presuntos trabajos realizados por el embajador de Chile en España, Osvaldo Puccio, entre otros.
Gendarmería creó una comisión especial para investigar las irregularidades cometidas durante las dos administraciones anteriores al actual director, Alejandro Jiménez (PRSD).
La decisión de la institución está contenida en un oficio enviado recientemente a la Contraloría General de la República, en respuesta al informe final de las anomalías detectadas en el servicio de prisiones, dijo una fuente de la entidad.
Entre ellas, figuran contratos por presuntos trabajos realizados, por altos funcionarios de la Concertación, como Osvaldo Puccio, actual embajador de Chile en España y ex vocero del gobierno de Lagos, y el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, ambos PS.
La decisión de Jiménez (PRSD) no es sencilla, ya que la indagatoria buscará responsabilidades funcionarias -o tal vez se detecten delitos- en las jefaturas del abogado Alfredo Bañados, de su mismo partido -a quien le pidió la renuncia el actual ministro de Justicia, Carlos Maldonado-, y de Juan Carlo Pérez (DC).
El informe final N° 776 del organismo revisor, realizado por el Departamento de Auditoría Administrativa (DAA), se hizo público el pasado 8 de enero. En él se detallaron una serie de anomalías, algunas de las cuales podrían ser constitutivas de delitos.
Una de ellas afecta al propio Puccio, ya que uno de los informes de honorarios que emitió por la asesoría de "Investigación y Desarrollo de Gestión en procesos de rehabilitación", para la que fue contratado, difiere en su caligrafía con otro de la misma índole. Este hecho derivó en una querella criminal por el delito de falsificación de instrumento público y fraude al Fisco, presentada por el diputado UDI Felipe Ward ante el Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago.
Jiménez tiene una complicada misión, aunque tiene a su favor un cambio en el criterio administrativo, como también respecto a los funcionarios de prisiones que cometen delitos de violencia con los reos. En torno a estos últimos, una vez formalizados por la justicia, les ha cursado la baja inmediata.
Avances judiciales
La titular del mencionado tribunal, Olga Quijada, ya envió dos oficios. Uno de ellos está dirigido a la Cancillería, que busca establecer la actual situación de Puccio en el gobierno.
El segundo documento requirió a Gendarmería la carpeta personal donde se contienen los contratos e informes originales que presentan las diferentes letras para periciarlos y establecer las responsabilidades penales, si las hubieran.
Básicamente, la magistrada está detrás de los documentos referidos a los honorarios pagados a Puccio. Se trata de formularios de una carilla que supuestamente confeccionó el diplomático y que corresponden a marzo, junio, septiembre y diciembre de 2002, como también los de marzo y junio de 2003.
Hasta ahora, el dinero cuestionado alcanza a poco más de un millón de pesos, aunque la indagatoria criminal podría arrojar nuevas luces, lo que podría complicar a Puccio y la Cancillería de llegar a ser procesado por la justicia.
Puccio ha comentado públicamente que esta dispuesto a devolver el dinero y en su defensa ha esgrimido que el dictaba los informes, razón por la cual existen letras distintas.
La semana pasada, al ser consultado por el diario El Mercurio, Puccio declinó hacer comentarios sobre el particular, aduciendo que las resoluciones judiciales le merecían "todo respeto".
El libelo presentado por Ward, además, se solicita que declaren Pérez, y el ex titular de Justicia y actual senador y timonel radical, José Antonio Gómez, y el otrora subsecretario de Justicia Jaime Arellano.
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Lea el informe de la Contraloría sobre Gendarmería (En PDF)
