En las administradoras de fondos de pensiones rechazan categóricamente la idea de que el Fisco ingrese al negocio, tal como lo ha sostenido la UDI, que tiene militantes y dirigentes relacionados con este sector. Aseguran que en caso de crear esta entidad, necesariamente debería contar con un subsidio estatal.
Aunque la UDI intenta por todos los medios desmarcarse del mundo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), lo cierto es que un significativo número de militantes y dirigentes tienen relación directa o indirecta con estas empresas. Y son estos los miran no sólo con recelo si no derechamente con rechazo la idea de crear una AFP estatal que, estiman, no le daría mayor rentabilidad a sus eventuales afiliados.
Mientras el autor de la reforma constitucional que le otorga al Estado las facultad de crear una AFP pública y quienes la respaldan esgrimen, entre otros argumentos, que esto permitiría a los cotizantes no sólo resignarse a imponer en el sistema privado; en la Alianza sostienen que el gobierno podría utilizar esta entidad para intervenir electoralmente.
Para nadie es un secreto que los grupos económicos que se dedican al lucrativo negocio de la administración de fondos de pensiones rechazan el ingreso del Estado a un sector donde los privados tienen el monopolio. Sin embargo, lo menos conocido es el razonamiento al que recurren para oponerse a una entidad de esta naturaleza.
Una fuente ligada a la UDI y también al negocio previsional, que prefirió mantener su nombre en el anonimato, describe una postura técnica sobre el tema. A su juicio, lo que cabe preguntarse cuando se propone la creación de una AFP estatal es cuál será el beneficio de esto para el afiliado, los trabajadores. Y, en su opinión, "todo indica que no lo hay, porque los costos no van a ser más bajos que los más bajos de una AFP privada", como primer argumento.
Ello porque, según explicó, la única forma de que los costos bajaran podría tener relación con que el Estado optara por subsidiar, lo que "sería inconstitucional y constituiría competencia desleal con las AFP privadas". Desde el punto de vista de la rentabilidad, tampoco prevén que sea más alta, si maneja costos similares a los de las empresas privadas.
Conflicto de interés
Incluso, se plantea que la rentabilidad podría ser más baja que en el sistema privado, puesto que el Estado estaría sometido "a un conflicto de interés permanente, porque no podría invertir en instrumentos relacionados", lo que finalmente provocaría una inversión "subóptima", resultando en una rentabilidad por debajo de la competencia privada.
Los instrumentos relacionados en que invierten las AFP son acciones, bonos, letras hipotecarias, instrumentos extranjeros, depósitos a plazo, entre otros; pero el Estado estaría limitado en tal sentido, puesto que, por ejemplo, no podría comprar bonos de Codelco, porque también es una empresa del Estado.
Otro argumento del promotor de la idea, el senador independiente Carlos Bianchi, es que una AFP estatal es deseable por cuanto este es el único sector donde los trabajadores no pueden optar, ya que en sectores como salud y educación existe la elegir indistintamente entre un servicio público (Fonasa, colegios municipales) y otro privado (isapres, colegios privados).
Desde las AFP sostienen que si bien es cierto, no lo es menos que para tener costos más bajos Fonasa es subsidiado por el Fisco; por lo tanto, "si no hay subsidio con una AFP del Estado sucedería lo mismo que con el BancoEstado que, al final, terminó compitiendo como cualquier banco comercial. Y por eso actualmente todos cuestionan su rol".
Además, sostienen que tan mala es la propuesta de crear una AFP estatal que "por eso el propio ministro de Hacienda se opone a la idea. Por lo que lo más probable es que se debate, pero termine siendo letra muerta".
